Dimite Cristina Cifuentes

Un vídeo de las cámaras de seguridad de un hipermercado de Vallecas, grabado en 2011 pero emitido ahora en todos los medios de comunicación, en el que se ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid retenida por los vigilantes tras haber robado dos cremas anti-edad, es la gota que ha colmado el vaso de una dimisión que llevaba madurando semanas, según iban acumulándose pruebas del llamado «caso MasterGate».

Finalmente, Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid. Había llegado a ser una de las figuras emergentes del «nuevo PP», presentada como una eficaz gestora de tendencias liberales, sin hipotecas con los sectores más rancios y tradicionalistas de la derecha española. Su caída, propiciada por el escándalo de su falso máster universitario -que a lo largo de las semanas la había sumido en un estado de mortandad política- y precipiada ahora por la oportuna emisión de un vídeo de 2011 donde Cifuentes es cazada robando dos botes de crema en un hipermercado, deja a Génova sin una de sus principales espadas, pero salva el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Al igual que en el caso de la dimisión forzada del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, el año pasado, Ciudadanos apoyará un «candidato limpio» del Partido Popular para suceder a Cristina Cifuentes.

El ‘caso Mastergate’ -eclosionado gracias al buen hacer de eldiario.es- se había convertido en una enorme grieta que que sacudía la política española y amenazaba con la propia gobernabilidad de Mariano Rajoy en la Moncloa. La sucesión de tratos de favor, mentiras y falsificaciones que rodean el ya llamado “caso Cifuentes” había llegado ya desde hace muchos días a un punto de no retorno. La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó la influencia del PP en la Universidad Rey Juan Carlos para acceder a un master, sin acudir a clase y sin realizar los exámenes. Mintió en el parlamento autonómico al asegurar que todo estaba en regla. Y se falsificaron documentos -entre ellos un acta de la universidad que la propia Cifuentes exhibió como prueba exculpatoria- para fabricar una coartada. La posibilidad de que Cristina Cifuentes se mantuviera en el cargo tras este cúmulo de evidencias en su contra se hacía, jornada a jornada, más remota, más inverosimil. Ella misma puso su cargo a disposición de Mariano Rajoy. Su dimisión estaba prácticamente cantada.

Un escándalo menor, comparado con la larga ristra de casos de corrupción criminal -Gürtel, Púnica, Bárcenas…- pero que amenazaba con que un gobierno de progreso -un acuerdo de algún tipo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para arrebatarle la gobernanza de la Comunidad a los populares- dejara a Génova sin la gran baronía que les quedaba tras su pérdida de la Comunidad Valenciana.

Y todo ello a un año de las elecciones municipales, en un contexto de desplome del PP en las encuestas y auge de Ciudadanos como primera fuerza política en intención de voto. Cada día que Cristina Cifuentes -prácticamente un cadáver político- se aferraba a su cargo de presidenta madrileña, más probable se hacía el peor escenario posible para el Partido Popular.

La fruta madura -incluso pasada- debía caer, pero se aferraba a su peciolo. Un golpe final la ha derribado del árbol. El vídeo del hurto, que se repite por todas las televisiones, llevaba 7 años grabado, esperando en algún lugar, en uno de esos arsenales donde se guarda la información sensible sobre cargos políticos: ese tipo de dossieres, informaciones, pruebas e imágenes que sirven para reconducir el rumbo de gobiernos o de líderes políticos, o para hacer caer ejecutivos, ministros, presidentes o consejeros. El tipo de santabárbara que está exclusivamente en poder de determinados servicios de información, de las más profundas cloacas del Estado. La película que ahora se exhibe en todas las carteleras hubiera sido inofensiva hace ahora un año o dos. Alguien la guardaba -más allá del límite de 30 días que marca la ley para guardar cintas de seguridad de centros comerciales- y ha decidido rescatarla de la filmoteca.

Es preciso preguntarse ¿quién lo hecho? ¿y con qué objetivo?. Que el “rescate” y el oreado del comprometedor vídeo haya sido obra de OKDiario -el portal que dirige Eduardo Inda, figura ultrareaccionaria y vinculada con lo más nauseabundo de los aparatos policiales- y del diario ABC -nada sospechoso de buscar el perjuicio del Partido Popular- dan mucho que pensar.