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La liebre ha saltado y los presupuestos están a salvo. A través de un acuerdo con el PNV que dinamita todo lo que hasta ahora había defendido el gobierno de Rajoy.
Han repetido hasta la saciedad que “no hay margen para subidas que pondrían en peligro las pensiones del futuro”. Ahora firman un pacto con el PNV que garantiza la aprobación de los presupuestos a cambio de revalorizar todas las pensiones en función del IPC, no solo este año sino también el que viene, retrasar cuatro años, hasta 2023, la implantación del “factor de sostenibilidad”, que vincula a la esperanza de vida la cuantía de la jubilación, lo que supondría recortarlas en torno a un 30%, y amplía hasta el 60% la base en torno a la que se calculan las pensiones de viudedad.
Unas medidas cuyo coste esta valorado en 1.500 millones de euros.
Desde principios de año hemos asistido a una carrera de concesiones, antes impensables y que ha ido in crescendo, dirigidas a aplacar las iras de los pensionistas.
Primero Montoro anunció rebajas fiscales a los pensionistas que, al ganar más de 12.000 euros mensuales, pagan impuestos. Luego incluyó en los presupuestos la subida de un 3%, el doble de la inflación, para las pensiones mínimas. Y ahora consiente en revalorizar todas las pensiones en función del IPC.
Paralelamente, las fuerzas políticas presentes en el Pacto de Toledo ultiman un acuerdo para “recomendar” al gobierno que el IRP (Indice de Revalorización de las Pensiones, que impone el límite del 0,25%) sea sustituido por el IPC para actualizar anualmente la cuantía de las pensiones.
Estos hechos ponen de manifiesto dos cosas. Primero que el futuro de las pensiones es hoy la batalla política decisiva, la única donde Rajoy se ha visto obligado a hacer concesiones importantes en unas “reformas” que siempre ha considerado innegociables. Segundo, que el movimiento en defensa de las pensiones públicas, con un respaldo social creciente, ha alcanzado una enorme influencia política.
Todas las medidas que supongan subidas, y que van a beneficiar a millones de pensionistas, son positivas. ¿Pero estamos a punto de ahuyentar todas las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las pensiones públicas?
Desgraciadamente no. Y lejos de atemperarse, las medidas del gobierno confirman que la batalla de las pensiones está en plena ebullición.
En lo que Rajoy propone hay “trampa”. La revalorización respecto al IPC se circunscribe a este año y al siguiente, pero no se elimina el tope del 0,25%. El factor de sostenibilidad aplaza cuatro años su puesta en marcha, pero sigue siendo una espada de Damocles sobre el futuro de los nuevos pensionistas.
Y, sobre todo, no cuestionan que las pensiones están “desprotegidas”, porque están al albur de la negociación. Este año se ha producido una situación política excepcional, que les obliga a concesiones… ¿pero qué sucederá en 2020?, ¿y a partir de 2023?
En el último informe sobre pensiones, el FMI planteaba que el gobierno debe realizar “un refinamiento de las reformas” porque “de lo contrario, se corre el riesgo de que se reviertan”, insistiendo en que “los cambios deben ser socialmente aceptados”.
El FMI es consciente de que el ataque a las pensiones genera una respuesta cuya fuerza temen. Y propone modular las formas y ritmos, aunque eso suponga otorgar concesiones, para que ese movimiento popular no haga embarrancar lo fundamental de su proyecto: que el gran capital financiero convierta las pensiones públicas en un negocio privado.
Este es el camino que ha seguido el gobierno de Rajoy.
La única forma de que las pensiones estén de verdad “protegidas” es blindarlas en la Constitución, como un derecho fundamental. Y hacerlo no de forma genérica, sino estableciendo de forma muy concreta que prohíba su privatización total o parcial, e impida aplicar cualquier medida que atente contra el poder adquisitivo de los pensionistas.
Al hacerlo así todos los gobiernos quedan obligados a cumplirlo. Solo entonces podremos respirar tranquilos.