Cargando...«Más allá de la lealtad con los compromisos adquiridos, la declaración de José Manuel Campa esconde el temor a que la evolución de las cuentas públicas en los próximos meses sea menos positiva de lo estimado, como el gobernador del Banco de España ya ha advertido también, sabiendo que los avances de la actividad hasta fin de año y en 2011 pueden ser demasiado modestos.»
En los últimos doce meses contabilizados, el Estado no ha logrado oner bajo control ninguna de sus partidas de gasto, salvo la de inversión, y las de ingresos sólo han recuperado la velocidad prevista en el segundo trimestre por la aceleración de la actividad económica. Con ello, la reducción del déficit del Estado está seriamente comprometida, como lo está la de las comunidades y los ayuntamientos. (CINCO DÍAS) EL PAÍS.- "Los desempleados tendrán la obligación de atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación". Si no lo hacen, serán sancionados. Hasta ahora los desempleados tenían un margen de 100 días para apuntarse a actividades de formación. Esta es la principal sorpresa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en el Senado a la reforma laboral que ahora empieza su tramitación en la Cámara alta. Los sindicatos están en máxima alerta ante los cambios que pueda sufrir la reforma en el Senado. EXPANSIÓN.- La excepcionalidad de la situación no puede ocultar que la negociación colectiva actual es ineficiente y necesita ya una reforma profunda, tanto en su arquitectura como en sus contenidos. Es preciso que las empresas, en función de su situación financiera y de su productividad, puedan libremente establecer con sus trabajadores condiciones laborales y salariales distintas de las impuestas en convenios de ámbito superior. Por ello, antes de que la patronal y los sindicatos se enreden en otra discusión eterna, el Gobierno y la oposición deben aprovechar que la reforma laboral está en el Parlamento para cerrar este debate de una vez. Editorial. Cinco Días Dificultades para cuadrar el déficit fiscal El secretario de Estado de Economía admitió la semana pasada que el Gobierno está dispuesto a ejecutar nuevos reajustes presupuestarios, sea en los ingresos o en los gastos, si fueren necesarios para cuadrar los objetivos fiscales comprometidos con los socios comunitarios. Más allá de la lealtad con los compromisos adquiridos, la declaración de José Manuel Campa esconde el temor a que la evolución de las cuentas públicas en los próximos meses sea menos positiva de lo estimado, como el gobernador del Banco de España ya ha advertido también, sabiendo que los avances de la actividad hasta fin de año y en 2011 pueden ser demasiado modestos. En los últimos doce meses contabilizados, el Estado no ha logrado poner bajo control ninguna de sus partidas de gasto, salvo la de inversión, y las de ingresos sólo han recuperado la velocidad prevista en el segundo trimestre por la aceleración de la actividad económica. Con ello, la reducción del déficit del Estado está seriamente comprometida, como lo está la de las comunidades y los ayuntamientos. Sólo si los ingresos mantuvieren el ritmo de avance del segundo trimestre, sobre todo el IVA tras la subida de julio, y si la Administración es muy estricta en la aplicación del recorte del gasto, podrá cumplir su parte del compromiso. El problema es, una vez más, el correspondiente a las regiones y los municipios. Las regiones ya arrastran una deuda generada en los dos últimos ejercicios con el Estado de más de 25.000 millones de euros, que deben devolver a lo largo de cinco años, por recursos recibidos por su participación en unos ingresos tributarios que no se cumplieron por el desplome de la recaudación fiscal. Pero además, tienen un escasísimo margen para recortar sus gastos con la argumentación de que sus grandes partidas de gasto son las prestaciones sociales subjetivas universales, de obligado cumplimiento: sanidad, educación, servicios sociales, etc. En el caso de los ayuntamientos, que también adeudan casi 6.000 millones de euros al Estado por pagos a cuenta por tributos estimados que no se recaudaron, el problema es parecido: no hay margen de recorte y los servicios son de obligado cumplimiento. El propio ministro de Fomento lo ha recordado el fin de semana: si se quiere mantener el nivel de servicios, hay que replantearse los niveles impositivos. Ante esta situación, la cirugía, si fuere de nuevo necesaria, sería cuestión del bisturí del Gobierno central, aunque su capacidad de maniobra se está agotando matemáticamente tras la transferencia de las grandes partidas de gasto. Sólo el crecimiento económico, que genera nuevas bases imponibles e ingresos, puede evitar nuevos recortes. Pero si fuesen necesarios, el Gobierno debe aplicarlos, preferiblemente contra los gastos que contra los ingresos, pues es la mejor forma de garantizar que el presupuesto público está bajo control y que no cercena el crecimiento de la economía. CINCO DÍAS. 16-8-2010 Reforma laboral. El País El PSOE quiere sancionar a los parados que no hagan cursos desde el primer día Manuel V Gomez / Anabel Díaz "Los desempleados tendrán la obligación de atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación". Si no lo hacen, serán sancionados. Hasta ahora los desempleados tenían un margen de 100 días para apuntarse a actividades de formación. Esta es la principal sorpresa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en el Senado a la reforma laboral que ahora empieza su tramitación en la Cámara alta. Su aprobación está prevista el próximo 25 de agosto y, con los cambios introducidos, volverá al Congreso para su aprobación definitiva. La novedad que supone esta enmienda del PSOE sobre los desempleados y la formación está en relación con el objetivo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de incrementar las posibilidades de que el parado encuentre trabajo. "Todas las Administraciones al servicio del desempleado", señaló Zapatero el pasado 27 de julio al hacer balance del curso político. Hasta ahora, según la Ley de la Seguridad Social, el desempleado que percibe una prestación contributiva tiene que acudir a las ofertas de empleo desde el primer momento. En el caso de "acciones de mejora de la ocupabilidad" -es decir, cursos de formación o itinerarios de inserción laboral-, el parado puede rechazar estas "acciones" durante los 100 primeros días sin que esto conlleve sanción; a partir de entonces tiene la obligación de hacerlo. De salir adelante la modificación, el Ministerio de Trabajo podrá sancionar al parado desde el primer día con la pérdida de un mes de prestación hasta la pérdida definitiva, si se repite. Durante la tramitación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, la presión de CiU llevó a introducir una disposición adicional que compromete al Ejecutivo a hacer cambios en "las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación con las políticas activas de empleo". Tras esta expresión se esconde el objetivo confesado del Gobierno de mejorar y ampliar la formación que reciben los parados para que encuentren antes empleo, pero también la de controlar más de cerca y sancionar a aquellos perceptores de prestaciones que rechacen un puesto de trabajo o cursos. Junto a la enmienda mencionada, los senadores socialistas presentarán otras nueve. Entre ellas, una que persigue aliviar la situación de muchas empleadas de hogar que reciben salarios muy bajos, con el argumento de que el resto (hasta un 30%) lo reciben en especie. La enmienda socialista, también de nuevo cuño, señala que quienes reciben parte de su salario en especie (alojamiento o comida) deberán cobrar en dinero al menos el salario mínimo interprofesional, que en 2010 está fijado en 633 euros mensuales. También hay modificaciones con respecto al Congreso en las enmiendas socialistas referidas a las agencias privadas de colocación. Su regulación ha abierto el camino de la intermediación a la iniciativa privada, algo que ha desatado la ira de los sindicatos, pues ven en ello el primer paso hacia la privatización de los servicios públicos de empleo. "Se pretende acotar y poner límites con claridad a su campo de acción", señala la senadora Matilde Fernández, portavoz de la reforma laboral en la Cámara alta. Los socialistas proponen que las empresas que quieran desarrollar su negocio en más de una comunidad autónoma requieran el permiso del ministerio y no de una autonomía. La reforma laboral, a su paso por el Senado, supondrá el intento de los grupos políticos de tratar de sacar adelante lo que no pudieron en el Congreso. De ahí los dos vetos que defenderán ERC e ICV, y 245 enmiendas. Los sindicatos están en máxima alerta ante los cambios que pueda sufrir la reforma en el Senado. Con el texto que salió del Congreso creen que la huelga está más que justificada y así lo proclamó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. La aprobación definitiva será el 9 de septiembre, 20 días antes de la huelga general convocada por esta reforma. EL PAÍS. 16-8-2010 Editorial. Expansión Negociación salarial y convenios obsoletos El incremento salarial medio pactado en los convenios en los siete primeros meses del año es del 1,3%. De cumplirse las predicciones de la patronal CEOE la retribución de los trabajadores en la negociación colectiva puede cerrar este ejercicio con una subida media del 1,2%, la cifra más moderada de los últimos quince años. Curiosamente, en 1995 España estaba saliendo de la recesión que se produjo en 1992-1993 que, sin ninguna duda, fue mucho más suave que la que padecemos en la actualidad. Precisamente, es un hecho objetivo que buena parte de la actual moderación de los salarios en convenio se debe a los efectos de la crisis. Con frecuencia, el pacto entre la dirección de la compañía y el comité de empresa supone cambiar el mantenimiento del empleo por la congelación o la reducción de la ganancia de los trabajadores. Cuando la crisis destruye dos millones de empleos no queda más remedio a los negociadores y, especialmente a los sindicatos, que ser realistas y asegurar un ingreso mensual a los trabajadores antes que obligar a la empresa a recortar empleo. Incluso, aunque como en este caso la contención de las retribuciones suponga una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En los siete primeros meses del año, la retribución media pactada en convenio –1,3%– ha perdido seis décimas de poder adquisitivo respecto a la evolución de la inflación en el mismo periodo –1,9%–. Es pues la dura realidad la que se está imponiendo en las empresas y está ayudando a cumplir el mandato de contención de las retribuciones que la patronal y los sindicatos firmaron en febrero para el trienio 2010-2012. Sin embargo, la excepcionalidad de la situación no puede ocultar que la negociación colectiva actual es ineficiente y necesita ya una reforma profunda, tanto en su arquitectura como en sus contenidos. Es preciso que las empresas, en función de su situación financiera y de su productividad, puedan libremente establecer con sus trabajadores condiciones laborales y salariales distintas de las impuestas en convenios de ámbito superior. Por ello, antes de que la patronal y los sindicatos se enreden en otra discusión eterna, el Gobierno y la oposición deben aprovechar que la reforma laboral está en el Parlamento para cerrar este debate de una vez. EXPANSIÓN. 16-8-2010