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La mayor red de corrupción municipal implica a casi 600 policías coordinados en diez comunidades autónomas y a 46 ayuntamientos. Las empresas pagaban supuestas comisiones a los cargos públicos y policías locales e inflaban presupuestos con costes desproporcionados: todas relacionadas con la «planificación del tráfico en sentido amplio».
En el centro de las investigaciones sobresale una empresa filial del Grupo Sacyr, monopolio ya implicado en la trama Gürtel. La investigación se concentra en concesiones públicas irregulares. Manipulación de los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la contratación de radares y elementos de gestión del tráfico. La operación es de envergadura. Entre las 40 detenciones hay 16 alcaldes y concejales, junto a 9 jefes de policías locales. Hasta 580 agentes de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción han actuado en una de las mayores operaciones desde la desarticulación de la trama Púnica en 2014.
La cantidad de registros no tiene precedentes a nivel municipal, un total de 92. En 25 ayuntamientos, 31 despachos, 12 empresas y 24 domicilios particulares. Imputados técnicos municipales y empresarios, llegando hasta 70 cargos y empleados municipales. Abarca 10 comunidades: Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, Euskadi y C. Valenciana.
Los hechos investigados se remontan principalmente a 2012 y 2013. Implican un amplio abanico de delitos: prevaricación administrativa, fraude a la administración, revelar información privilegiada, malversar caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y particular, alteración de concurso público y pertenencia a organización criminal.
De todos los colores
Distintas fuerzas políticas están implicadas en la investigación. Con acusados e imputados. La supuesta relación fraudulenta con la adjudicación de contratos afecta al PSOE, al PP y también a Ciudadanos, que afronta su primer caso de corrupción con cargo públicos implicados. Carlos Ruipérez es el primer alcalde de Ciudadanos detenido por un caso de corrupción. Otro investigado es Sadat Maraña, asesor de Cs en la Diputación de León y antiguo coordinador del partido en la región.
Con los primeros registros y detenciones todas las fuerzas políticas han exigido la dimisión de los correspondientes detenidos e imputados. En el caso de Ciudadanos, ante la primera negativa del alcalde a dimitir, el propio Albert Rivera aseguró su expulsión del partido si no abandona el cargo público. De la misma forma, el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid declaraba que “no les temblará el pulso” para pedir la dimisión y aplicar la expulsión a cualquier persona imputada que no dimita. El alcalde del PP en Astorga se ha visto forzado a solicitar la baja del partido.
Dimisión forzosa o expulsión. Esta es la línea de actuación en los partidos salpicados. Pese a que hay importantes capitales de provincia en la investigación y se trata de una macrooperación muy extensa, no estamos ante implicaciones al máximo nivel. No se trata de ministros o altos cargos, la resistencia y el antagonismo está siendo menor. Al tratarse de casos de corrupción política a nivel municipal o regional las consecuencias asumidas, o los posibles daños del pulso por dimitir del cargo o abandonar el partido, son también de menor calado. La vía, políticamente hablando, de “cortar cabezas” y depurar responsabilidades se va iniciando; también influenciada por el masivo y constante rechazo popular a la corrupción, castigada electoralmente a derecha e izquierda.
La red de contratos públicos relacionados con el uso de semáforos, radares y elementos de gestión del tráfico la Fiscalía Anticorrupción ha conllevado el registro, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en capitales de provincia como Lleida, León, Teruel, Huesca, Oviedo y Palencia. El juzgado ha autorizado, además, la entrada en dependencias de otros 17 municipios como los madrileños de Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto y Torrelodones, además de Mollet del Vallès.
De semáforos y multas o el cachondeo
Cosecha roja, naranja y verde. Hay nueve Jefes de la Policía Local detenidos. A través del incremento salvaje de multas y sanciones a los ciudadanos en puntos específicos del tráfico, los ayuntamientos emitían los informes necesarios para justificar contrataciones irregulares a las empresas. Manipulaban los datos de siniestralidad y puntos negros de tráfico para justificar adjudicaciones de radares, semáforos, cámaras o alumbrado cuyos costes y mordidas eran muy reales, al igual que el dinero a pagar por las multas puestas.
Crear una enfermedad y hacer negocio con la vacuna. La multa, de nuestro bolsillo; el gasto público, de nuestro bolsillo; la comisión, de nuestro bolsillo; la baja por tendinitis de tanto firmar multas, de nuestro bolsillo. Los contratos realizados con multitud de irregularidades por los ayuntamientos y empresas afectan a todo tipo de expedientes: sobre radiocomunicación, alumbrado, previsión meteorológica, grúa, zona azul, gestión tributaria y sanciones o software de policía local. Supuestamente aún, los pagos a alcaldes, funcionarios y jefes policiales a cambio de adjudicaciones a empresas aprovechaban también el fraccionamiento de los importes e hinchando los presupuestos a cargo público. La rotonda perfecta.
De corrupción y corruptores
En el centro de las investigaciones sobresale una empresa filial del Grupo Sacyr, monopolio ya implicado en la trama Gürtel. No estamos hablando solo de un caso de malversación municipal que implica a alcaldes, concejales y a “sheriffs” corruptos. Los verdaderos grandes beneficiarios son una vez más grandes empresas monopolistas.
Es necesario desarticular las tramas de corrupción, perseguir como crimen organizado a las grandes empresas que pagan para asaltar los presupuestos públicos, sin que prescriban los delitos. Lo que aparece en todos los casos de tramas de corrupción es la asociación de tipo mafioso en las que los corruptores son la parte fundamental pero salen ilesos: grandes constructoras, empresas de servicios privadas o públicas y bancos.
Ninguno de los altos ejecutivos de los grandes monopolios se sienta en el banquillo de los acusados. Ellos son el tronco y raíz de la enredadera.