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El Manifiesto «El 29-S, todos a la huelga general», publicado a doble página en El País del 25 de septiembre, afirmaba que sí se puede salir de la crisis y acabar con el paro mejorando el nivel de vida de la mayoría de la población. Para ello necesitamos redistribuir salarios y rentas, ahorrar e invertir en riqueza y empleo. De los tres puntos el segundo es una reducción drástica de los gastos del Estado. Pero sin tocar los recursos destinados a gastos sociales y poniendo fin al despilfarro del dinero público.
No hace falta rebajar sueldos, congelar ensiones, alargar la edad de jubilación y subir impuestos al 90% de la población. Hay que ahorrar dinero público pero hay otro camino. Porque en plena crisis la banca gana miles de millones con la deuda pública, los altos ejecutivos cobran pensiones millonarias, las grandes fortunas pagan miserables impuestos y las castas políticas despilfarran el dinero público. La realidad es tozuda. Los datos demuestran con contundencia dónde está el despilfarro del dinero público, señalan de dónde se pueden reducir los gastos de Estado. Vamos a dedicar una serie de artículos a explicar la expoliación llevada a cabo por las castas regionales y locales, y lo que sí se puede hacer si hay movilización ciudadana persistente y voluntad política coherente. Vamos a usar los dos estudios, acertados y concienzudos, realizados por UPyD sobre el coste de las autonomías y de las entidades locales. Se afirma que el déficit público es grave. Pero el Estado tiene tres niveles en su administración, el central, el autonómico y el local. Las autonomías gestionan el 35% del gasto y las entidades locales lo hacen con un 15%. Hay comunidades, como la valenciana que pidió un préstamo de 500 millones de euros para pagar las nóminas, y la catalana que está pidiendo préstamos a particulares de 1.000 euros porque necesita 3.000 millones más para cubrir el gasto corriente y de personal hasta fin de año. Existe una situación similar en las demás autonomías. Pero el 90% de los ciudadanos no somos responsables de esta deuda. Los responsables son otros. El estudio detallado de UPyD ha calculado, ha expresado con cifras, un rasgo característico de las castas burocráticas regionales, la ineficacia y la ineficiencia. En el nivel autonómico el derroche que se está generando anualmente es, ni más ni menos, de 26.108.665.000 euros, aproximadamente. Eso supone más de la mitad de la reducción drástica del déficit público. Para alcanzar tal resultado numérico, y sobre la base de los datos aportados por las mismas administraciones autonómicas, UPyD ha conseguido lo que ningún organismo público ha intentado a ningún nivel de la administración estatal, ni central, ni autonómica ni local. Para ello, ha comparado los gastos corrientes y de personal de todas las autonomías con respecto a los de las más eficientes mediante la medición de la eficacia (la capacidad de cubrir los objetivos propuestos) y la eficiencia (el coste del funcionamiento de la administración). La concepción burocrática y los intereses parasitarios de las castas regionales sobre el gasto público en cuanto al personal necesario y al funcionamiento administrativo lleva al despilfarro en el llamado personal de confianza, a la generación de diferencias salariales injustificadas y a la inadecuada distribución de los efectivos y del presupuesto. Eso supone que Cataluña y la Comunidad valenciana, las más despilfarradoras, gasten innecesariamente 5.488.430 y 1.572.579 de euros respectivamente del erario español, de nuestro dinero, en beneficio de sus castas regionales y no en servicios públicos necesarios para la mayoría de los ciudadanos de esas autonomías. Y lo mismo sucede, para apreciar las cantidades más importantes, con Andalucía, 3.080.444 de euros, la Comunidad de Madrid, 2.915.425, el País Vasco, 2.310.508, Canarias, 1.535.946,… La ofensiva contra el 90% de la población española para reducir un 25% nuestro nivel de vida sigue. Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina. Y próximas las autonómicas y municipales si no se cruzan unas generales anticipadas. Hay que denunciar la expoliación de las castas y levantar una alternativa ciudadana para que el ahorro público se saque de las castas. UPyD debe tener un papel significativo para lograr una salida a la crisis favorable para la mayoría de la población española.