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Cristóbal Montoro no es ni un gran estratega ni un brillante orador y tiene cierta propensión a meter la pata cuando trata de hacerse el gracioso -recuérdese su defensa de la subida del IRPF como forma de «descolocar» a la izquierda- pero ha hecho un buen debate de los Presupuestos. Tanto por su dominio de los números de las cuentas del Estado, sin apenas papeles delante, como por la claridad con que centró el debate político en el antes y el después del proyecto que defendía.Su «usted sí lo sabía, don Alfredo» llegó al corazón de lo ocurrido con el déficit oculto de 2011 y dejó en evidencia la hipocresía de Rubalcaba que, tras haber contribuido decisivamente al incendio, ahora se queja de la lentitud y torpeza de los bomberos. El dato que aportó en el sentido de que los interventores de Hacienda conocían ya a mediados de diciembre, antes de la investidura de Rajoy, que el déficit superaría el 8% zanja la polémica y pone a cada cual en su sitio: el Gobierno de Zapatero apenas si hizo ajuste alguno en el año electoral y estimuló que las autonomías ocultaran sus desviaciones por temor a que Europa tomara cartas en el asunto. Resulta, por lo tanto, mucho más creíble la denuncia de la interventora de Baleares, que explicó que hubo un pacto para guardar facturas en los cajones, que el desmentido al unísono de Bauzá y Calamity Helen, por mucho que haya llevado aparejado el cese de la funcionaria.Pero si esta clarificación retrospectiva de Montoro fue importante, más aún resultó su inequívoca amenaza de intervención, dirigida a las autonomías que incumplan el objetivo de déficit, porque «están en juego España y el euro». Esto supone llevar la lidia de la crisis a un terreno nuevo, regido por las estrictas normas de la Ley de Estabilidad, y abre la esperanza de que la loca deriva que debía haberse rectificado hace tiempo con una reforma constitucional por razones políticas, se embride, al menos de esta manera tangencial, por motivos económicos.El hecho de que el equipo de Artur Mas ya esté diseñando una estrategia de respuesta -consistente en apelar a las urnas- ante la hipótesis de esa intervención indica, por un lado, que el mecanismo es más verosímil de lo que pensábamos los escépticos; y por otro que en la Generalitat existe plena conciencia de que, a pesar de los esfuerzos de austeridad, sus cuentas públicas siguen en el fuera de juego en que las dejó el tripartito. De ahí que el mecanismo activado por esa Ley de Estabilidad pueda tener un primer aprovechamiento si, al ser agitado como espantapájaros -la dignidad de Cataluña no podría consentir perder los resortes financieros de su autonomía- sirve como coartada para un nuevo golpe de tuerca hacia la disciplina fiscal.Mucho más inquietante en este plano es el caso de Andalucía, pues a todas las trampas y descuadres acumulados por el PSOE, que van a seguir protegidos por la resistencia del electorado al cambio, se sumarán ahora las exigencias de gasto público de Izquierda Unida. Ahí va a estar el gran test para el Gobierno ante sus socios europeos y los mercados: una Andalucía fuera de control encendería todas las alarmas y restaría gran parte de su virtualidad a la mayoría absoluta de la que acaba de volver a jactarse Rajoy.Por eso sería muy conveniente sentar cuanto antes el precedente de intervenir alguna de las autonomías gobernadas por el PP con ostensibles números rojos -Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha- e imponerle drásticas medidas correctoras. No habría mejor mensaje a Griñán y Valderas, pues perderían así la baza de atrincherarse en el victimismo y presentar cualquier actuación contra la nueva Junta como una especie de vendetta selectiva contra los andaluces (…)