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Los cien días de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat han concluido en un esperado encuentro con Rajoy, donde el sucesor de Mas espera «encontrar comprensión a la demandas catalanas», y la presentación de un plan donde el president se propone «revertir los recortes». ¿El presidente más independentista de la historia dialogando con Rajoy, algo que no hizo Mas? ¿El representante de los gobiernos que más tijeretazos sociales ha ejecutado encabezando «la lucha contra los recortes»? El lobo no puede ser al mismo tiempo cordero, pero puede intentar disfrazarse. Lo que explica los movimientos de Puigdemont es el rechazo cada vez mayor en la sociedad catalana a los recortes y la fragmentación que representan, y que ya obligó a Mas a «dar un paso al lado».
La clave de todos los movimientos de Convergencia y el gobierno de Puigdemont la proporcionó Artur Mas hace pocas semanas, al afirmar que “el 48% de los votos obtenido por el independentismo el pasado 27 de septiembre es insuficiente para dar el paso definitivo”.
Desde entonces, Convergencia se empeña en “ampliar la base de masas, convirtiendo sectores soberanistas en independentistas”.
Pero ese objetivo se ha encontrado con dificultades insuperables… no en Madrid, sino en la misma Cataluña.La realidad es que el 27-S tan solo un 36,81% del censo respaldó a opciones independentistas. Por eso incluso las CUP afirmó que “el plebiscito por la independencia” se había perdido. «Debemos contestar a los Mas y Puigdemont con una ofensiva para defender desde la izquierda la unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España, como premisa necesaria para cualquier cambio real»
Y esa es una constante que se repite, amplificada si cabe, en otras citas electorales. En las municipales de mayo de 2.015, el voto a formaciones independentistas solo alcanzó el 26,09%. Mientras que el 20-D, el respaldo a la fragmentación apenas llegó hasta el 21,7% del censo.
El rechazo a la fragmentación y a los recortes se concentra especialmente sobre Convergencia, que en las generales quedó reducida al papel de cuarta fuerza política en Cataluña.
Esta es, en primer lugar, la realidad que ha obligado a Mas y Puigdemont a “cambiar el guión”. Pero cuando el guión se fuerza demasiado la película resulta inverosímil.
Ahora Puigdemont presenta un plan de 45 leyes y 750 medidas con el objetivo de “revertir los recortes y colocar a Cataluña a las puertas de un Estado propio”. Partiendo, como señala el principal medio escrito catalán, de “la premisa de que el soberanismo solo podrá ser mayoritario si logra seducir a las clases populares que le dieron la espalda en las elecciones del 27-S”.
Pero nadie se cree al lobo cuando dice ser cordero. Puigdemont presenta un “plan de choque social” valorado en 270 millones. Los recortes ejecutados por Convergencia han disminuido el gasto social en 1.300 millones anuales. Ahora Puigdemont propone 90 millones más al año… Es decir, perpetuar en los próximos cuatro años recortes valorados en 1.200 millones robados cada año a la sanidad, educación…
Y ese es el mejor de los escenarios posibles. Porque el “plan social” de Puigdemont está supeditado a la aprobación de los presupuestos y a la “mejora de la financiación autonómica”.
Más delirante es cuando Puigdemont se propone encabezar “la regeneración democrática”. ¿Cómo vamos a creer a un partido como Convergencia, cuya sede central está embargada por la justicia por haberse lucrado de las comisiones ilegales del 3%?
En una reciente entrevista Puigdemont ha reafirmado que “en este mandato no habrá declaración unilateral de independencia”. Anunciando que “en un año me gustaría estar sentado en la mesa de negociación”.
Convergencia enfrenta algo más que serias dificultades. La negativa de ERC a formar una “lista conjunta independentista” anuncia una nueva debacle para Convergencia en una futurible repetición de las generales donde se presente en solitario. La rebaja hasta la categoría de “bono basura” de la deuda de la Generalitat por parte de las agencias de calificación incrementan las dificultades financieras de la Generalitat, que necesita el “oxígeno” del dinero que el Ministerio de Hacienda le inyecta a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Lo que abre la posibilidad de “negociar un acuerdo”: “enfriamiento” del “plan de desconexión” -al menos en los términos planteados el 27S- a cambio de un favorable acuerdo de financiación, dentro del proceso de formación del nuevo gobierno en España.
Una alternativa que siempre han defendido importantes sectores de Convergencia, y que contaría además con el respaldo de la gran burguesía catalana contraria a la independencia.
Pero que se vean obligados a “modificar el guión” no quiere decir que los Mas y Puigdemont vayan a renunciar a un proyecto de fragmentación en el que ya han empeñado su futuro.
El factor decisivo en la política catalana no van a ser las negociaciones entre Puigdemont y Mas y el gobierno español. Sino el rechazo cada vez más mayoritario de la sociedad catalana -coincidiendo con el resto del pueblo español- a la fragmentación y los recortes.
Debemos contestar a los Mas y Puigdemont con una ofensiva para defender desde la izquierda la unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España, como premisa necesaria para cualquier cambio real.