Cargando...Las elecciones del domingo en Cataluña podrían situar a la pudiente región del nordeste español en la senda de la independencia, desencadenando posiblemente una crisis constitucional en una España desgastada por la austeridad.
Los agresivos recortes presupuestarios en el país han ayudado a exacerbar las históricas quejas catalanas de que una parte demasiado grande de los ingresos que se recaudan en la región a través de impuestos se destinan a otras regiones más pobres. El gobierno catalán calcula que cada año paga unos 15.000 millones de euros más de los que recibe de la administración central. El presidente regional, Artur Mas, se ha comprometido a celebrar una consulta soberanista si, tal y como se prevé, es reelegido.
Pero no puedo hacerlo solo. Únicamente el gobierno central tiene la potestad de autorizar referendums y, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que, en el caso de Cataluña, no piensa hacerlo. Los planes de Mas suponen un nuevo dolor de cabeza para Rajoy en un momento en que intenta estabilizar la precaria situación financiera de España.
La independencia de Cataluña supondría el fracaso del orden constitucional español de los últimos 30 años, que intentaba acabar con las históricas diferencias entre Madrid y Cataluña y el País Vasco, regiones con su propia lengua e identidades culturales, mediante la cesión de importantes competencias políticas y grandes dosis de autonomía.
Algunos analistas creen que si España cediera el control a Cataluña sobre sus propios impuestos y esta región redujese drásticamente su contribución a las arcas estatales, se disiparía la crisis. Sin embargo, esta solución podría ser inconstitucional y reduciría la financiación de otras regiones en un momento de grave crisis económica. En un crudo ejemplo de las penurias en otras partes del país, trabajadores de los servicios de recogida de basura de la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera mantuvieron una huelga de 21 días este mes como protesta por los anunciados recortes en los presupuestos, dejando toneladas de desperdicios en las calles y generando espontáneas quemas de contenedores por parte de los ciudadanos.
De todos modos, el gobierno central no puede permitirse ignorar las quejas catalanas después de que 1,5 millones de personas saliera a las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre, el día nacional de Cataluña, pidiendo la independencia de la región, en la mayor de las manifestaciones vista jamás en la capital catalana.
De la misma manera, Mas se encuentra en una situación comprometida. Más allá de los obstáculos legales de convocar un referéndum, un proceso de separación de España estaría plagado de dificultades. El principal de ellos sería mantener la permanencia en la Unión Europea, algo que desde Bruselas ya han calificado de improbable. Pero abandonar el proceso supondría un fuerte golpe a su popularidad. Una encuesta recientemente publicada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de la región, mostraba que 57% de los encuestados apoyarían la independencia si se celebrase un referéndum soberanista.
«No tenemos un plan B», anunció Oriol Pujol, el número 2 del partido de Mas, Convergència Democràtica de Catalunya.
Después de la multitudinaria manifestación en Barcelona y rechazado por Rajoy en su intento por conseguir un modelo de financiación para Cataluña más favorable, Mas convocó elecciones dos años antes de finalizar su mandato y prometió celebrar una consulta soberanista en algún momento de los próximos cuatro años. El impulso a la independencia supone un cambio para el moderado nacionalismo del partido de Mas, que tradicionalmente ha buscado la ampliación de la autonomía catalana, pero dentro de España.
Pujol, hijo de Jordi Pujol, el popular político catalán que gobernó la región durante 24 años, aseguró que la sociedad catalana se ha ido haciendo progresivamente pro independentista durante la última década a medida que el gobierno español frustraba sus intentos por incrementar su autonomía. Anunció que el proceso se había acelerado por la crisis fiscal que ha afectado a Cataluña, especialmente por la gran carga de deuda que dejó el anterior gobierno tripartito liderado por los socialistas y por el desfavorable régimen de financiación de la región.
Pujol afirmó que el nuevo gobierno catalán intentaría abrir nuevas conversaciones con Madrid respecto al referéndum. Si Madrid lo rechaza, se intentaría recabar el apoyo de las leyes de la UE o de las leyes internacionales.
Por otra parte, Rajoy se ha ofrecido a iniciar conversaciones con los gobiernos de las 17 regiones españolas sobre una reforma de su sistema de financiación. Muchos en Cataluña, sin embargo, dudan de que estas negociaciones lleven a una mejora significativa para su región.
«Es fácil imaginar que si la discusión es entre todas las regiones, todos los demás se opondrán a la idea de Cataluña de reducir los fondos» que aporta al resto del Estado, afirmó Josep González, director de Pimec, una asociación de pequeñas y medianas empresas.
«Los catalanes están sobrellevando recortes que son el doble de profundos de los que soportan otros, (…) un impuesto al patrimonio que sólo otras pocas regiones imponen y una tasa al turismo que sólo existe en Cataluña», explicó Pujol.
El partido de Mas persigue conseguir una mayoría absoluta de los 135 escaños que componen el parlamento catalán, altamente fragmentado. La última encuesta sugiere que podría no conseguirlo, aunque seguiría recibiendo la mayoría de los votos por un amplio margen. Después de las elecciones, Mas podría contar con el apoyo de partidos minoritarios favorables a la independencia para iniciar el proceso hacia un referéndum. Entre ellos estaría Esquerra Republicana de Catalunya.
Liderando la oposición al movimiento independentista se encuentra Alicia Sánchez-Camacho, líder del Partido Popular de Rajoy en Cataluña.
«Hay una subida temporal de la marea nacionalista por motivos económicos, pero no se trata de un cambio estructural de raíces profundas con una base ideológica», dijo Sánchez-Camacho. Con su «Cataluña, sí, pero España también» como eslogan de campaña y su estrategia de atraer los votos de aquellos a los que les asusta la perspectiva de una Cataluña independiente, Sánchez-Camacho podría recibir el segundo mayor número de votos, según las encuestas.
Salvador Giner, director del Institut d’Estudis Catalans, se muestra escéptico de que Cataluña vaya a independizarse, alegando que es una parte integral de Europa y que sus residentes no arriesgarán la permanencia en la UE. Sin embargo, indica que el reto de Mas es encontrar la manera efectiva de que las reclamaciones catalanas ganen visibilidad y sumen simpatías, además de conseguir mayor autonomía para la región y un esquema de financiación mejor.
Tras los comicios, anunció Giner, «negociaremos con el Estado español. (…) Negociar, eso es lo que hemos hecho durante los últimos 1.000 años».