De las cesiones de crédito a la Gürtel

Corrupción de clase y espacios de impunidad

Posiblemente no haya mejor demostración práctica de cómo el Estado crea espacios de impunidad y permisividad para la corrupción y el robo, dependiendo de a qué clase perteneces, que el caso de las cesiones de crédito del Santander y la estafa tramada contra sus socios por los Albertos.

Entre los años 1987 y 1991, el Banco Santander montó una trama ara captar clientes de alta posición económica en los que la titularidad de las cuentas de éstos estaban a nombre de otras personas para escapar al control de Hacienda y no pagar impuestos. De organizar el fraude se encargó la red de oficinas del banco extendidas por toda España, buscando a gente que no pudiera enterarse de lo que estaban haciendo en su nombre.Se hizo figurar como contratantes a monjas de clausura, indigentes, enfermos terminales, mendigos, incluso personas que ya habían fallecido o a emigrados a Venezuela que desconocían que su nombre estaba siendo usado como tapadera de una amplia nómina de miles de defraudadores (más de 47.000 operaciones, 426.000 millones de pesetas ocultados) a Hacienda atraídos por los reclamos de “opacidad” del Banco de Santander.Después de las “supercuentas”, este fue uno de los movimientos que propició el ascenso de Botín a mayor banquero del país.El asunto salió a la luz, Botín tuvo que ir a juicio y cuando ya estaba en marcha, salió el Tribunal Supremo inventándose una nueva norma, que desde entonces se conoce como "doctrina Botín", que anulaba todas las anteriores –y que, ojo, tampoco se le ha vuelto a aplicar con posterioridad a nadie– y que decía que las acusaciones populares no tenían capacidad jurídica para llevar adelante un juicio si el fiscal retiraba la demanda y la acusación particular llegaba a un acuerdo con el denunciado.En el caso de Botín, la fiscalía y la abogacía del Estado, bajo mandato del gobierno, pidieron la retirada de la demanda, la acusación particular llegó a un acuerdo, y a las acusaciones populares se les vetó seguir adelante como demandantes, por lo que Botín quedó exonerado de cualquier responsabilidad económica o penal.Para rizar el rizo, entre medias de una vista que se preveía duraría meses, la Sala de la Audiencia Nacional que veía el caso, dirigida por el juez Gómez Bermúdez (que fue después el juez de los atentados del 11-M), aprovechó la modificación de un artículo del procedimiento procesal –que sólo había cambiado su número en el ordenamiento, no su contenido–, dictaminando que eso bastaba para aceptar la demanda de los abogados de Botín para que no se sentará todos los días que duró el juicio en el banquillo de los acusados. Tampoco se conoce que después de ese caso se haya invocado ese cambio para permitir a un inculpado que no se siente en el banquillo.Otro ejemplo de creación de un espacio de impunidad ad hoc (hecho a la medida) es el de los Albertos, ex- maridos de las Koplowitz y prominentes miembros de dos de los clanes históricos y de mayor renombre de la oligarquía: los Cortina y los Alcocer, varias veces ministros con Franco. Vendieron por una auténtica millonada a los kuwaitíes los terrenos donde después se levantaron las torres KIO. Pero lo ocultaron a sus socios, haciéndoles creer que lo habían vendido a un precio muy inferior, quedándose ellos con el resto del dinero.Capital que rápidamente invirtieron en la constructora ACS, la de Florentino Pérez y los March de los que hoy son sus segundos mayores accionistas, en el Grupo Prisa, en ENCE y en otras empresas monopolistas, lo que en el curso de la siguiente década les permitió multiplicar por más tres su patrimonio.Tras las denuncias de sus socios, todos los tribunales, incluido el Supremo, fueron fallando en contra de los Albertos, en un caso tan claro de robo y estafa. Todos, hasta que su último recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue aceptado y quedaron absueltos porque, tras 15 inacabables años de juicios, los delitos habían prescrito.

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