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Con motivo del Día de la madre, las tres asociaciones de Madrid de bebés robados se han concentrado en Sol en homenaje a todas las mujeres a las que les arrebataron a sus hijos.
Las asociaciones convocantes ‘Todos los niños robados son también mis niños’, ‘Adelante Bebés Robados’ y ‘SOS Bebés Robados Madrid’ en un comunicado conjunto, han denunciado que «el Estado sigue amparando la impunidad de los miserables que urdieron las tramas criminales que hicieron posible que miles de ciudadanos de este país no conozcan su verdadera identidad», por lo que aseguran que seguirán buscando a sus familiares y «peleando por conseguir la justicia que este Estado les niega».
Con un sencillo acto centenares de personas han querido homenajear a las madres a las que les robaron a sus hijos. Han entregado una rosa amarilla a todas las madres como homenaje a ese niño que les arrebataron. Piden al Gobierno que se abran ya los archivos de los hospitales y los archivos de la iglesia para poder investigar los casos archivados por falta de pruebas. La mayor parte de los procesos continúan parados. La única condenada, es de hecho una víctima, Ascensión López, sentenciada por injurias a la monja que supuestamente tramitó su adopción. Ángel Casero, presidente de Adelante Bebés robados declaraba: “Parece que buscan una sentencia ejemplar. Sin embargo a la hora de hacer justicia, de buscar a los culpables y cuando tenemos a un culpable no se celebra ese juicio…Ahí tenemos que no hay ningún interés por ayudarnos” refiriéndose al juicio del doctor Vela por el supuesto robo de una bebé en 1969 que llevan esperando las familias desde hace más de un año.
El caso de los “niños robados” hunde sus raíces en los oscuros años de la posguerra, y forma parte del genocidio planificado desde las altas instancias del Estado para afianzar el nuevo régimen por la fuerza del terror.
Las más de 150.000 personas enterradas en fosas comunes dan fe de la magnitud de la guerra sucia desatada desde el Estado. Los “niños robados” son otro de los filamentos del terror instaurado en la posguerra. El auto del juez Baltasar Garzón eleva hasta 30.000 los hijos de familias comunistas, anarquistas o republicanas que habrían sido objeto de secuestro y aún siguen en paradero legal desconocido, continúan en estado de desaparición forzada. No estamos hablando de la actuación de un grupo de desaprensivos, amparados en el estado de guerra, sino de un “trafico de niños” planificado desde el Estado.
Pero los secuestros de niños no se paralizaron con el franquismo. Los casos de “niños robados” se documentan hasta bien entrada la democracia. Sólo la reforma de la Ley de Adopción en 1987 atajó este tráfico inmoral de seres humanos. En su preámbulo, la misma ley reconocía que “se acusaba en la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción (…) que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños”.
Paradójicamente, el reconocimiento del delito no dio lugar a su persecución. Muy al contrario, las familias que se atrevían a denunciar el caso ante las instituciones se encontraban con un muro de silencio. Como han denunciado las víctimas, todavía en 1994, la Diputación de Málaga rechazaba admitir a trámite las reclamaciones de las familias afectadas. Sorprende que, ya en 1981, en plena democracia, las investigaciones realizadas por la Brigada Judicial de Madrid en la clínica San Ramón -uno de los principales centros de tráfico de niños- fueran archivadas por la justicia. La policía llegó a detener a seis personas, y acumuló indicios suficientes para sospechar que se estaba produciendo la compraventa de recién nacidos. Entre ellos, las declaraciones de 14 matrimonios que reconocían haber abonado 150.000 pesetas de la época por adoptar niños. Pero, sorprendentemente, esta investigación no fue más allá ni ningún juez exigió una mayor profundización.