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La crisis ahoga al 60% de las familias españolas, 6 de cada 10 familias no llega fin de mes. Los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre demuestran que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador es, hoy por hoy, imparable: familias, trabajadores y pymes son literalmente devorados por una banca que acapara casi medio billón de recursos públicos puestos a su disposición por los planes de rescate del gobierno, una corrupción institucionalizada a todos los niveles por las castas dirigentes de los partidos políticos que gobiernan y saquean las arcas públicas y unos impuestos, que en plena crisis, afectan sobre todo los bolsillos de las clases medias y bajas.
Los datos de la EPA son or si mismos incendiarios. El paro se mantiene por encima de los 4,1 millones de personas, baja la población activa (hay menos personas con expectativas de trabajar) y, después de un año acabando con más de 1 millón de empleos temporales, se ha entrado en la destrucción masiva de empleo fijo, 161.200 trabajadores con contratos indefinidos han ido al paro en los tres últimos meses. Más de 1,1 millones de familias (18.200 más que el trimestre anterior) tienen todos sus miembros en paro; medio millón no tiene ningún tipo de ingresos por trabajo; 2,7 millones tienen al menos un miembro en paro… Dos de las autonomías históricamente gobernadas por el partido de Zapatero –Andalucía y Extremadura- encabezan la lista de comunidades con más paro y riesgo de pobreza. En Andalucía 1 de cada cuatro personas (el 25,6%) está bajo el umbral de pobreza. Extremadura, con el 38,4%, está al nivel de un país tercermundista. En el conjunto de España lo está más del 20% de la población. El gobierno de Zapatero no tiene ya más remedio que reconocer la gravedad de la situación, incluso advierte, como ha dicho la vicepresidenta De la Vega, que vendrán “trimestres peores”. Pero no por ello cambia su política de planes de rescate para banqueros y monopolistas, ni da un tajo al despilfarro y la corrupción de las administraciones públicas. Al contrario, aprueba unos presupuestos con los votos del nacionalismo vasco que suben los impuestos indirectos (el IVA hasta el 18%) y directos (sube el Impuesto sobre la renta al suprimir la desgravación de los 400 euros) y grava el ahorro. Eso sí, sin tocar un pelo los privilegios de las grandes fortunas, sus Sociedades Privadas de Inversión (las SICAV que tributan al 1%), o los sueldos multimillonarios de los miembros de los consejos de administración de la banca y los monopolios que se los subieron hasta un 52,6% en el año más negro de la crisis y mientras recibían cientos de miles de millones en generosas “ayudas” del gobierno de Zapatero. Lo peor no es que la situación sea grave, sino que va a seguir siéndolo durante mucho más tiempo. Si en nuestro país aún no se ha producido un auténtico estallido social es, sobre todo, por el papel que están jugando los grandes sindicatos apoyando la política oligárquica de Zapatero y por la falta de una alternativa que de luz sobre lo que está ocurriendo y encauce el mar de fondo del descontento popular.Y sin embargo la necesidad de dar un giro radical a la política para salir de la crisis es cada día que pasa más urgente. Una nueva política basada en la redistribución de la riqueza y en el ahorro que garantice recursos para la inversión productiva, el cambio de modelo de crecimiento y la mejora de salarios, paro y pensiones. Con medidas tales como:Recortar un 20% los gastos innecesarios y de derroche del Estado, desde la Administración central a las autonomías y ayuntamientos, sin tocar los gastos sociales. Una redistribución fiscal con diez niveles de impuestos, desde el máximo nivel de impuestos para las grandes fortunas y beneficios multimillonarios de los monopolios, al nivel cero para las rentas más bajas y pymes con mínimos beneficios. Una redistribución salarial, empezando por rebajar hasta los 10.000 euros mensuales el salario de ese 0,2% consejeros y miembros de los consejos de administración de bancos y grandes empresas…, para redistribuir la masa salarial de forma que se garanticen sueldos y el paro a todos los trabajadores por encima de los 1.000 euros mensuales. Una persecución radical de la corrupción, el saqueo de los recursos públicos a todos los niveles y la evasión fiscal de las grandes fortunas, recuperando todo lo robado y metiendo en la cárcel a los corruptos.