Cargando...Amnistía Internacional pide al Gobierno que no utilice la reforma de la Ley de Extranjería para «poner de rebajas» los derechos de los inmigrantes. La presidenta de la organización, Itziar Ruiz-Giménez, afirmaba que «la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes».
Una de las rincipales preocupaciones de la organización está en el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería que se discutirá próximamente en el Parlamento. En dicha reforma se limita la reagrupación familiar a los ascendientes, aumenta el periodo de internamiento y las expulsiones de menores no acompañados. De aprobarse el actual texto, por otra parte, se cierra la posibilidad de la regularización por arraigo, la única vía posible para la legalización de más de un millón de inmigrantes sin papeles. Una vía por la que la normativa española, hasta ahora, ha sido ejemplo en Europa. La escalada del gobierno contra las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes no termina aquí. En pocos meses estamos asistiendo a un auténtico ataque a sus libertades de una virulencia desconocida hasta el momento. La denuncia de los sindicatos policiales sobre la existencia de “cupos” de detención a inmigrantes sin papeles ha hecho saltar todas las alarmas sobre la política de criminalización contra los inmigrantes del Ministerio del Interior. El artículo 270 del código penal prevé condenas de entre seis meses y dos años de cárcel y multas severas para quiénes reproduzcan, plagien o distribuyan cualquier tipo de obra sin permiso. Es decir, los “manteros”, pero también quien se descargue por Internet una canción, puede ser objeto de estas desproporcionadas sanciones. Ya hay 65 inmigrantes imputados por este “delito”. La brutalidad se multiplica en algunos Centros de Internamiento para inmigrantes. A las denuncias sobre las malas condiciones de estos Centros -según informe del Parlamento europeo- se suman las denuncias -por parte de ONG´s y el mismo Defensor del Pueblo- de los numerosos abusos (incluso sexuales) cometidos en estos antros carcelarios. Por si fuera poco, es muy grave la constante del gobierno –particularmente del ministro Corbacho- de vincular “crisis” con “inmigración”. Vista de conjunto cada una de las medidas del gobierno obedecen a una política de Estado contra la inmigración sin precedentes en nuestro país. Ni el gobierno de Aznar cometió la mitad de los despotismos del gobierno socialista contra los inmigrantes. Despotismos, abusos, criminalización, mentiras… cometidos, por extensión, contra el conjunto de la sociedad española de la que ya son parte los inmigrantes.