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Desde el 28 de abril, Colombia vive la ola de protestas y huelgas más intensa de las últimas décadas, con una combatividad que ha superado las movilizaciones de 2019. La fuerza del movimiento popular ha golpeado con dureza al reaccionario y antipopular gobierno uribista de Iván Duque, y ha conseguido dos primeras victorias: la derogación de la reforma tributaria, que subía drásticamente los impuestos, y la dimisión del ministro de Hacienda. Pero lejos de aplacarse -y a pesar de la violencia represiva extrema por parte de la policía, que ha causado más de una veintena de muertos- las protestas persisten.
De un lado, uno de los gobiernos más reaccionarios y pronorteamericanos de América Latina, el de Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe. En el otro lado del ring, el casi medio centenar de organizaciones que integra el Comité Nacional del Paro -entre los que destacan los sindicatos y centrales obreras, las organizaciones de profesores y estudiantes, de campesinos y camioneros- respaldadas por el grueso de la izquierda social y política colombiana. El primer round es para las protestas populares. El detonante de las movilizaciones -una reforma tributaria que aumentaba súbitamente los impuestos a las rentas populares, así como un 19% de IVA a los servicios básicos como el agua, el gas o la energía- ha sido fulminado, y con ella su artífice, el titular de Hacienda Alberto Carrasquilla -peso pesado del ejecutivo- junto a todo su equipo económico.
Pero la reforma tributaria es sólo la gota de un vaso muy lleno, colmado largamente de desigualdad e injusticia social, en un país que lleva muchas décadas siendo esquilmado por las grandes corporaciones extranjeras (especialmente norteamericanas) y por la oligarquía aliada y dependiente de EEUU. La pandemia ha agudizado las penalidades y el saqueo sobre las clases populares colombianas. La economía colombiana -la cuarta más grande de la región- se contrajo un 6,8% en 2020 (el peor desempeño en medio siglo) y en marzo pasado el desempleo trepó hasta el 16,8% y 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza, sumando 21 millones sobre un total de 50 (el 42%).
Los manifestantes no se conforman con la retirada de la reforma tributaria. Exigen también la retirada del «pacotaco», como se conoce popularmente a la reforma laboral y del sistema de salud y de pensiones. Las protestas también denuncian el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, que pone en peligro el proceso de paz; la militarización de las ciudades que va en contra del derecho constitucional de protesta, y el restablecimiento de unas libertades democráticas que han sido sistemáticamente atacadas por los reaccionarios gobiernos del uribismo.
El movimiento campesino exige además el fin de los continuos asesinatos de sus líderes sociales -ante la pasividad, cuando no complicidad, de las fuerzas policiales- y la prohibición de las fumigaciones con el herbicida cancerígeno glifosato, que el gobierno Duque ha vuelto a autorizar.
Las protestas no se detienen, ni ante una tercera oleada de la Covid que está batiendo récords de incidencia en el país, ni ante la extrema crudeza de la violencia policial desatada desde el gobierno para reprimir las protestas, especialmente la de la siniestra Policía Móvil Anti -Equipo de disturbios (Esmad), principal fuerza
La represión de las movilizaciones ya ha dejado un saldo de 22 manifestantes muertos confirmados (otras ONGs hablan de una treintena), casi mil heridos, más de 600 detenciones arbitrarias y 87 personas desaparecidas tras ser arrestadas. Una de las peores masacres, según denuncia Human Rights International, la perpetró la Esmad en Cali, con la muerte de 6 personas, incluido un niño de 11 años. Incluso la ONU y la UE han condenado la brutalidad de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y han pedido que los responsables de la represión sean juzgados.
Este nuevo y agudo pulso entre el gobierno y las fuerzas populares, todavía por resolverse, es la continuación de las sucesivas oleadas de protestas y paros nacionales que han sacudido Colombia desde noviembre 2019, y que han puesto a Duque contra las cuerdas. Y tienen lugar en un momento donde los levantamientos y luchas populares en América Latina -en Chile, Perú, Paraguay, etc…- contra diferentes gobiernos reaccionarios y vendepatrias no paran de agigantarse.