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Por sexta vez desde el pasado mes de septiembre, Francia vive semiparalizada por la nueva jornada de protesta convocada por los sindicatos contra la reforma del sistema público de pensiones. La determinación del gobierno de Sarkozy en prolongar la edad legal de jubilación desde los 60 años actuales hasta los 62, ha hecho estallar la cólera popular.
A medida que las jornadas de lucha han ido rolongándose, no sólo se incrementa la participación en ellas, sino que reciben cada vez un mayor apoyo popular. Según las encuestas, el 71% de los franceses apoyan unas movilizaciones que se han convertido en un estallido de cólera popular. La táctica de los sindicatos franceses de propiciar una escalada en las movilizaciones a medida que la reforma de las pensiones iba cubriendo las distintas etapas necesarias para su aprobación, se está revelando como un completo éxito, al menos en cuanto a la participación de trabajadores y sectores populares en la lucha. Una experiencia que deberían estudiar detenidamente los sindicatos del resto de países europeos. Y en particular los españoles, dado que el gran éxito de la movilización del 29-S permite ensayar –seguramente con éxito –una táctica similar para dar también aquí la batalla contra la reforma de las pensiones. De forma sistemática, cada jornada de lucha ha conseguido unir a más de tres millones de huelguistas en los distintos sectores en que la convocatoria ha ido escalonándose. Y las manifestaciones se extienden cada día que pasa –en esta última jornada de lucha serán ya mas de 260 en toda Francia– y son más multitudinarias. Giro a la izquierda Es en torno a esta sexta jornada de lucha, sin embargo, cuando se ha producido un giro importante dentro mismo del movimiento sindical y popular. La obcecación de Sarkozy en mantener las líneas esenciales de la reforma, ha dejado a la mayor parte de los sindicatos –especialmente a aquellos mas profesionales y reformistas– sin alternativa. Hasta ahora, la escalada en las movilizaciones tenía como objetivo que en algún punto de la tramitación legal, el gobierno, ante la presión de la calle, se sentara a negociar la reforma. Su objetivo declarado no era ni siquiera echar abajo el texto de Sarkozy, sino obligarle a negociarlo. A medida que las movilizaciones han ido cobrando fuerza, y el gobierno se ha enquistado en una defensa numantina del texto, distintos sectores populares han ido radicalizando sus acciones, hasta crear una situación que el mayor diario económico de Francia ha calificado como de “desbordamientos”. La irrupción de los estudiantes, hasta ahora ausentes de la lucha, el bloqueo de las refinerías por parte de los trabajadores del sector –que ha obligado a cerrar 2.500 de las poco más de 10.000 gasolineras que existen en el país–, la radicalización de las bases de la poderosa CGT (de orientación procomunista) sumado a la aparición por todas partes de lideres locales que tienden a hacer que el movimiento de masas desborde a sus dirigentes ha creado una nueva situación, en la que las bases sindicales y el movimiento popular parecen haber tomado un camino propio de lucha, al margen de las consignas y la orientación de las cúpulas sindicales. Al eje tradicional que divide la vida política francesa entre derecha e izquierda, parece estar sumándosele otro eje de división entre las elites y el movimiento popular. La última vez que ocurrió en Francia algo similar, a raíz del referéndum de ratificación del proyecto de Constitución europea en mayo de 2005, toda la arquitectura política del viejo continente tembló hasta los cimientos. Como se recordará, pese a que el 90% del arco parlamentario francés apoyaba el sí, un movimiento semiespontáneo surgido desde las clases populares, fue cobrando fuerza hasta imponer el no a la Constitución por un 54,87% de los votos. Si los primeros síntomas de división entre una parte de las cúpulas sindicales y las bases populares se confirman, las consecuencias pueden llegar a ser muy importantes, y no sólo para Francia. Las oligarquías financieras más poderosas de Europa y del mundo observan con expectación su resultado. Ya han conseguido doblegar con mayores o menores resistencias a Irlanda y Grecia. En España, las espadas están en alto y el 29-S ha sido un primer aviso. Pero si no consiguen imponer al pueblo francés su reforma de pensiones, la rebelión y el espíritu de lucha pueden extenderse por toda Europa como un reguero de pólvora. Separación Laurent Joffrin Una angustia planea sobre el movimiento sindical: la de la división. Hasta ahora, las principales centrales se ajustaban a un esquema común: reescritura negociada del texto –y no su retirada total– bajo la presión de protestas masivas, con el apoyo de la opinión pública. Esta táctica comienza a mostrar sus límites. La irrupción de los estudiantes y el bloqueo parcial de los transportes y la distribución de gasolina han cambiado la situación. Elementos mas decididos han entrado en escena. ¿La clásica diferencia entre reformistas y radicales? Puede ser. Pero otra división podría estar forjándose hoy: la separación entres protestatarios de las cúpulas y protestatarios de base. Se sabe que la vida política francesa se desarrolla desde hace muchos años sobre dos ejes: el tradicional eje derecha-izquierda, siempre pertinente, y el eje nuevo y más temible, elites-pueblo. Es altamente probable que este movimiento, de conjunto, obedezca a la segunda lógica: de un lado, el gobierno, las direcciones sindicales, los partidos de gobierno, prestos a un compromiso para salir del movimiento; del otro, una parte de las bases, los estudiantes en lucha, ciertas profesiones encolerizadas, ciertas organizaciones de la CGT, militantes radicales diseminados pero activos. Estos serían la encarnación de un rechazo popular, ciertamente minoritario, pero hostil a toda lógica de pactos. En ese caso, entraríamos en una fase dolorosa. LIBÉRATION. 18-10-2010 Desbordamientos Jean Francis Pécresse Henos aquí. Después de las pacíficas manifestaciones callejeras acabadas en impasse, después de huelgas reconducibles no reconducidas por falta de conductores, el movimiento de oposición a la reforma de las pensiones, en sus formas más extremas, ha entrado en una tercera fase aguda e imprevisible: la delincuencia. ¿Cómo calificar de otra manera las acciones, o más bien las coacciones, a las que nos están sometiendo desde este fin de semana, bajo cobertura del sindicalismo, algunos grupos de agitadores irreductibles movidos por la vana esperanza de ver instalarse un nuevo desorden económico? Hace falta recordarlo, ni la ley de la República ni las convenciones implícitas de los conflictos sociales autorizan a bloquear una refinería de petróleo, un depósito de carburante, trabar una vía férrea o un eje vial. Dejado a los ultras, el combate sindical corre el riesgo de ser desnaturalizado por estas acciones malintencionadas. Estos insurgentes despliegan el emblema del derecho de huelga. Pero lo atacan más que servirlo. A costa de la prosperidad, Francia, “tierra irredenta” de libertades sociales, ofrece a sus jóvenes trabajadores la facultad de franquear, a veces por encima de lo razonable, los deberes colectivos. ¿En qué otro país democrático se toleraría sin mover un dedo que a todos los periódicos les sea impedido aparecer cuatro veces en un mes? Uno de estos primeros deberes es, como para todos en democracia, el de someterse a la legitimación superior de la política. Para contestar la acción de un poder libremente elegido, la duración de su mandato debe predominar sobre la impaciencia de la calle. Otro de estos deberes (…) debería ser no buscar todos los medios de paralizar la economía –privándola por ejemplo de carburante–, en unos momentos donde el aparato productivo se recupera con grandes dificultades de su pero crisis desde hace un siglo. El estado de necesidad económica justifica el uso de la fuerza pública para evitar a miles de empresas una nueva prueba. El giro tomado por los acontecimientos es, con seguridad, un temible desafío para el gobierno, obligado a reaccionar con firmeza, pero también a actuar con habilidad a fin de no estimular emocionalmente la cólera popular. Esto debe ser también así para los sindicatos más reformistas y responsables como la CFDT y la Unsa. La CGC alzó ayer su voz condenando estas acciones. Pero está todavía sola. Todos los partidos, incluida la oposición, se honrarían condenando explícitamente estos desbordamientos ilegales. LES ECHOS. 19-10-2010