Cuando los representantes del gobierno español y de la comunidad de Aragón acudieron a una reunión para negociar el futuro de la factoría de Figueruelas, los dueños alemanes de Opel exigieron que en la mesa se colocara una única bandera, la germana, y que la discusión se celebrase únicamente en alemán. En esta anécdota se concentran todos los problemas que hoy amenazan el futuro de miles de puestos de trabajo en España. En Berlín deciden nuestro futuro y se llevan los beneficios de nuestro trabajo, mientras nosotros pagamos las consecuencias.
El lan presentado por los nuevos dueños de Opel -respaldados política y económicamente por el gobierno alemán- sólo tiene un centro: recortar empleo en las fábricas del resto de países para conservarlos en Alemania. Y a la planta aragonesa le ha tocado la peor parte, anunciándose eliminación de una línea de producción porque parte de la fabricación del Corsa tres puertas se traslada a Alemania, además de la totalidad del Opel cinco puertas. Un drástico recorte que va a suponer la pérdida de 1.672 empleos de los 7.400 trabajadores de la factoría. La factoría de Opel en Figueruelas supone el 25% de la industria autonómica -cada trabajador de Figueruelas genera de 8 a 15 puestos de trabajo en la industria auxiliar- y el 60% de las exportaciones aragonesas. Figueruelas es, además, una de las diez plantas más competitivas del mundo. Y tan sólo ha contemplado una huelga de dos horas en los últimos 16 años. Pero todo esto no ha servido para nada. Estallada la crisis, obligados los monopolios a repartirse las pérdidas, los poderosos descargan la factura sobre los más débiles. No se trata de un caso aislado. Hemos contemplado episodios similares en las factorías de Nissan, Seat, Ford o Renault. Los monopolios extranjeros se llevan durante años sustanciosas ayudas públicas -entregadas supuestamente a cambio de conservar los puestos de trabajo-, para luego presentar EREs y llevarse la carga de trabajo a su país. Y el gobierno de Zapatero sólo sabe aprobar sin rechistar los EREs, subvencionando con fondos públicos la destrucción de empleo. ¡Ya está bien! El sector automovilístico es quizá la expresión más acabada de la relación semicolonial a que se ha sometido el desarrollo económico español. Lo que era uno de los más pujantes sectores industriales nacionales ha sido entregado por completo al capital extranjero. España es el séptimo fabricante mundial de automóviles, pero a pesar de producir casi cinco veces más vehículos de los que consume, tenemos un saldo negativo de más de 70.000 millones de las antiguas pesetas en la balanza comercial de importación-exportación de vehículos. Es el resultado de las draconianas condiciones impuestas a las factorías españolas por los dueños alemanes, franceses, norteamericanos o nipones de Ford, Nissan, Opel, Volkswagen o Renault. Factura que, estallada la crisis, se ha traducido también en una sangría de EREs y paro. Hasta Miguel Sebastián, ministro de Industria, se ha visto obligado a confesar que Alemania “ha pedido a España la factura del menú sin haberlo podido leer antes”. Pero Zapatero insiste en perpetuar las dependencias que nos están cargando una onerosa factura, al declarar que “habrá un orden en la recuperación, primero tira Alemania y luego el consumo alemán tirará de España, lo que vaya bien a los principales países europeos le irá bien a España”. Es hora de cambiarlo radicalmente. Empezando por exigir a los monopolios extranjeros el mantenimiento de los puestos de trabajo, imponiéndoles si no cumplen la devolución del total de ayudas públicas recibidas. Y continuando por el lanzamiento de un plan industrial que se plantee la recuperación progresiva de la propiedad y capacidad de decisión sobre un sector que representa el 6% del PIB, el 19,1% de las exportaciones, y abarca el 10% de la población activa.