Cargando...El Real Decreto 385/2013 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes implica sin paliativos una crisis de Gobierno, esto es, una alteración en la distribución de las competencias atribuidas a los distintos miembros del Gabinete, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno. Por esa disposición, no sólo se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, sino que, en una mezcolanza que busca la clandestinidad -es decir, la ocultación- modifica otro de 30 de diciembre de 2011 (el 1886), por el que se establecían las Comisiones Delegadas del Gobierno otorgando la vicepresidencia de la de Asuntos Económicos (la más importante) a Soraya Sáenz de Santamaría. Lo desveló ayer el diario El Mundo, aunque, tarde o temprano, habría terminado por saberse.
Aparentemente, a nadie podría sorprender que la vicepresidenta sustituyese al presidente en su ausencia al frente de este órgano colegiado. Sin embargo, el sustituto de Mariano Rajoy era, según la disposición vigente hasta el sábado, Cristóbal Montoro por aplicación de la disposición adicional tercera del real decreto derogado, que decía así: “En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de las Comisiones Delegadas del Gobierno, la presidencia será asumida por los ministros que la integran, con carácter permanente, según el orden de precedencia.” Y según este orden, la presidencia en ausencia de Rajoy le correspondía al titular de Hacienda y Administraciones Públicas. A mayor abundamiento: Soraya Sáenz de Santamaría no fue incluida ni como ministra de la Presidencia ni como portavoz del Gobierno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobada en diciembre de 2011. De tal forma que, la nueva disposición, además de integrarla en ese órgano, retira a Montoro la sustitución del presidente y se la entrega a Soraya Sáenz de Santamaría. Un cambio sustancial. Porque, además, no es cierto que la vicepresidenta sustituya automáticamente al presidente al frente de la Comisión Delegada de AAEE como sugirió ayer Dolores de Cospedal. La ley de Gobierno 50/1997 establece claramente que cada Comisión tendrá un presidente que ha de ser miembro del Gobierno. Fue Rajoy el que -tratando de dotar a la decisión de un especial compromiso con la gestión económica- se atribuyó la presidencia de la de AAEE.
Pese a ser una reforma de gran significación política y administrativa, la vicepresidenta se cuidó muy mucho de referenciar esta disposición en la rueda de prensa posterior al Consejo del pasado viernes, y de reflejarla en la nota de prensa que se remite a los medios. Es evidente que el reajuste gubernamental fue clandestino, pero, además, encerraba un propósito taimado: el de engañar por omisión a la opinión pública con el fin de evitar las lógicas interpretaciones que suscita este movimiento en el Gobierno.
Al margen de la suficiente o insuficiente preparación de la vicepresidenta en materias económicas -que debería tenerla para ejercer la coordinación de asuntos de esta naturaleza y para elevar propuestas conjuntas de distintos ministerios al Consejo de Ministros-, lo grave es que, de una parte, se ha omitido -¡bendita transparencia!- la referencia pública a esta modificación, y de otra, que se ha tratado de eludir el modo en que Rajoy dirime, a su manera, cuestiones molestas. En su ausencia -muy frecuente- de las sesiones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos no se le planteará a Guindos un problema con Montoro: Sáenz de Santamaría, en un ejemplo de hipertrofia de poderes administrativos y políticos, tendrá la última palabra. Desapoderamiento para Montoro y apoderamiento de la vicepresidenta y la sensación ya muy extendida de que Rajoy no cumple con su compromiso de estar permanentemente al frente de este órgano colegiado, que hasta su llegada a la Moncloa era presidido por los vicepresidentes económicos. Rato, Solbes y Salgado, los tres últimos. Vicepresidencias que llevaban adosadas ministerios de naturaleza económico-financiera (Hacienda y Economía).
Los hechos dan la razón a los que en su momento advirtieron del error a Rajoy de no apoyarse en un vicepresidente económico, coordinador, interlocutor y titular de las facultades fiscales y presupuestarias. Al final, Soraya Sáenz de Santamaría -de momento una tecnócrata correcta pero sin el menor perfil político- se hace con todos los resortes del poder: Presidencia, portavoz, responsable del CNI, responsable del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de las Relaciones con las Cortes y de la Comunicación del Gobierno. Bien: se trata de la opción de Rajoy y allá él con sus filias y con sus fobias, con sus amistades y enemistades y con su peculiar manera de resolver los problemas de su mal estructurado Gabinete. Pero es muy grave que se haya encubierto un auténtico reajuste de las competencias gubernamentales y se haya pretendido que pase desapercibido. En lo sucesivo, tras el espectáculo del 26 de abril pasado (cuadro macroeconómico y Plan Nacional de Reformas) no hará falta que comparezca ministro alguno porque todos los temas del Consejo, sean de la naturaleza que fueren, pasarán por la manos -y las decisiones- de una vicepresidenta con los poderes más exorbitantes de cuantos una persona -no presidente del Gobierno- haya acumulado en democracia. Son tantos que la pueden sepultar. Recuerde al fundador del taoísmo, Lao Tse: “Gobierna mejor quien gobierna menos”.