Cargando...La marea de manifestantes en las movilizaciones de ayer con motivo del Primero de Mayo —cientos de miles de personas salieron a la calle en más de 80 actos públicos— sugiere que hay una demanda de la sociedad al Gobierno para que suscriba un pacto con los partidos y los agentes sociales encaminado a corregir el rumbo de la economía. Con antelación a las movilizaciones del día del trabajo, los empresarios del Instituto de Empresa Familiar (IEF) ya habían reclamado un gran pacto de Estado contra la crisis; no son pocos los grandes empresarios que lo han sugerido, y el primer partido de la oposición, el PSOE, ha propuesto al Gobierno acuerdos sobre aspectos económicos parciales para facilitar la reducción del paro y estimular el crecimiento. El clamor por el pacto es la gran diferencia del 1 de mayo de 2013 con la misma fecha de años anteriores.
La presión de la sociedad empuja hacia una política de acuerdos que ayude al Gobierno a tomar medidas correctas; porque la política económica, si se limita a la aceptación de los programas de ajustes inspirados desde Bruselas, puede considerarse agotada. Casi todo conspira a favor de acuerdos políticos y sociales; también los favorecen el nuevo rumbo de la estrategia económica europea, recelosa de los enormes costes que provoca una política de control a ultranza del déficit, y la aparición de nuevos actores políticos, como el primer ministro italiano Enrico Letta, un nuevo aliento para las políticas menos estrictas y más inclinadas a crear empleo. “Hay que mostrar la misma determinación por el crecimiento que por la consolidación fiscal”, dijo ayer tras su entrevista con François Hollande.
Más que un gran acuerdo contra la crisis, que limitaría la capacidad de gestión y de crítica política y sería de difícil organización, la economía necesita al menos de dos grandes pactos específicos: sobre la reforma del sistema de pensiones y sobre la creación de empleo. Cada uno debería comprometer a los firmantes en el respaldo de las políticas aprobadas en común, por más costosas en términos políticos que resulten. El Pacto por el Empleo debería señalar qué margen existe para invertir en estímulos económicos; y si no hay, reclamar inversión pública en Bruselas para orquestar un tratamiento de choque en favor del empleo juvenil.
Hay que ser realistas. La disposición al pacto de los partidos de la oposición no rebasa en estos momentos el nivel de declaración protocolaria y el Gobierno entiende cualquier acuerdo como un asentimiento acrítico a sus decisiones. Pero eso no es lo que pide la ciudadanía ni lo que reclaman los empresarios, inquietos ya por el crecimiento atroz del paro, las pésimas perspectivas a medio plazo y la convicción creciente de que con solo el ajuste público no hay recuperación. En pocas ocasiones la sociedad ha pedido con tanta intensidad un acuerdo político contra la crisis; en cambio, ha sido más frecuente que, como ahora, la clase política haya hecho oídos sordos a la petición.