Cargando...Una reforma de las pensiones para garantizar la sostenibilidad de un sistema amenazado por el envejecimiento de la población y la crisis económica, es uno de los pilares de la consolidación financiera pública, sugerido, aunque todavía no exigido, por la autoridad europea. La prioridad de la reforma es evidente, a pesar del dolor que cause recortar prestaciones futuras a los pensionistas. Precisamente porque es una reforma difícil —que ni el gobierno de Zapatero se atrevió a concretar ni el actual de Rajoy, que no acaba de entender la importancia de los pactos en esta grave situación política y económica, encara con entusiasmo e ideas claras—, un acuerdo facilitaría la redacción de un texto equilibrado y aportaría ideas nuevas para organizar los cambios imprescindibles.
El presidente Rajoy aludió ayer al asunto de forma inconcreta: “Vamos a ver si es posible que haya un acuerdo para la sostenibilidad del sistema de pensiones” que en este momento se negocia en el Pacto de Toledo. Respondía así indirectamente a la oferta socialista de firmar cuatro grandes pactos (empleo, modernización de la economía, protección social y contra la pobreza). Rajoy aceptaría un acuerdo sobre las pensiones: es la reforma con mayor coste político para quien la promueva.
Las posibilidades son, en este momento, reducidas. El presidente se encargó de rebajarlas un poco más cuando aseguró que “no veo yo a algunos dispuestos a compartir las reformas, pero mi mano está tendida a ello”; el PP de la oposición tampoco compartió los costes de las decisiones económicas derivadas de la profunda crisis financiera de 2008. Y es evidente además que el Gobierno y el primer partido de la oposición no tienen el mismo concepto de lo que es un pacto. El PP lo concibe como una sumisión absoluta de los firmantes a sus propuestas normativas y la menor discrepancia le da pie para denunciar boicots; en cuanto al PSOE, sacrifica a veces mejoras pragmáticas al mantenimiento de premisas ideológicas.
Sin embargo, a pesar de las malas condiciones políticas reales, un pacto por la reforma de las pensiones representaría ventajas para los ciudadanos y para los propios partidos. El PP reduciría su factura por la reforma; el PSOE demostraría que en tiempos de tribulación no se comporta como el PP. El pacto minimizaría el daño sufrido por los pensionistas en prestaciones y derechos; y ante los inversores extranjeros, aparecería una posición homogénea de los responsables políticos muy conveniente para demostrar la seriedad de la política económica.
Hay que apoyar, pues, un acuerdo de este tipo e incluso tener conciencia de que se puede extender la experiencia a un pacto por el empleo que supere la impotencia crónica de una política de ajuste a ultranza. El asfixiante peso del paro, la sensación de que el Gobierno ha agotado sus limitadas opciones de política económica y el pésimo regusto de reformas a medio cocinar que dejó el Consejo de Ministros del viernes pasado así lo aconsejan.