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El Estado se quedará finalmente con ocho autopistas en quiebra, a costa de aproximadamente 5.500 millones de euros del erario público. Se trata de vías altamente deficitarias por su escaso tráfico que llevan años declaradas en bancarrota. Su construcción -durante los últimos años de la legislatura de Aznar- fue polémica debido a que España cuenta con una buena red de autovías públicas y gratuitas. Su fracaso estaba más que anunciado, pero su rescate lo pagaremos todos.
Estaba cantado: la Ley -hecha a la medida de los intereses monopolistas- dicta que en caso de quiebra de un contrato de concesión de infraestructuras, el Estado debe hacerse cargo. El plan de Fomento pasa por integrar a las ocho vías quebradas en una empresa pública tras previamente realizar una quita del 50% en la deuda de 3.400 millones de euros que soportan los bancos y constructoras propietarios y transformar el resto en un bono a treinta años. Pero la quiebra y liquidación de las ocho autopistas de peaje que actualmente están en concurso de acreedores supondrá una ‘factura’ al Estado de 5.500 millones, importe equivalente a medio punto del déficit público, según el cálculo de la patronal de grandes constructoras Seopan. Mientras Bruselas nos obliga a recortar 5.000 millones de euros de déficit público excesivo, el Gobierno decide rescatar las autopistas ruinosas con una cifra equivalente.
Dinero que pagaremos entre todos, con subidas de impuestos o nuevos recortes públicos. Todo para cubir las pérdidas de los grandes bancos y constructoras del Ibex35 propietarios de los consorcios que construyeron y explotan las autopistas privadas.
De las autopistas quebradas, las más emblemáticas son las radiales de la capital, la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero). Las otras son las otras dos radiales, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera en el sureste.
Las radiales R-3 y R-5 se inauguraron en febrero de 2004 con el objetivo declarado de descongestionar las salidas y entradas a la capital. Para que una autopista sea rentable, deben circular más de 10.000 vehículos/día, y la previsión en estas dos autopistas de peaje fué de 70.000. Nada más abrirse, la realidad arrojó las predicciones al suelo. A día de hoy sólo captan el 27,17% del tráfico previsto, con 11.250 vehículos/día la R-3 y 7.751 la R-5. Para ser rentables necesitarían multiplicar por 4 su afluencia. Esto, unido al alto coste de las expropiaciones y algunas ampliaciones de obras llevaron hace dos años a la concesionaria, Accesos de Madrid -participada por Abertis, Sacyr y ACS-, a entrar en concurso de acreedores.
¿Cómo es posible que los cálculos de Fomento, en plena burbuja inmobiliaria bajo el gobierno de Aznar, estuvieran tan errados? ¿Por qué han quebrado numerosas autopistas de peaje en nuestro país. España es el país con más kilómetros de autovías y autopistas de todo el continente. En total, Eurostat contabiliza 14.701 kilómetros de vías de alta capacidad, más que Alemania. Los españoles contamos con más de 30 kilómetros de autovía por cada 100.000 habitantes, frente a los 15 de Alemania o a los 17 de Francia.
Los intereses de las burguesías monopolistas europeas en inundar nuestro mercados con sus mercancías, y en que España sea una plataforma subsidiaria de producción -donde los coches de Citröen producidos en Vigo puedan estar en los concesionarios de toda la UE en pocas horas- han determinado que España cuente con una sobreabundancia de autovías públicas y de acceso gratuíto.
Poner radiales de peaje al lado de autovías públicas -saturadas, pero gratuítas- como la A-5 y la A-3, que suman 53.000 y 81.000 tránsitos en idéntico trayecto, era un negocio arriesgado. Si le sumamos la crisis económica, la bajada abrupta de los salarios o la subida disparada del precio del carburante, también dictada desde los intereses monopolistas, el resultado es conocido: una ruina anunciada.
La voracidad monopolista -en pleno boom inmobiliario- llevó a los gigantes del Ibex35 a arriesgar en el negocio del peaje. Estaban en racha, ¿cómo iban a pensar que pincharían?. Así es el chollo de las autopistas de pago: si les dan beneficios -como en Cataluña- el Estado y las empresas concesionarias mantienen los peajes sine die, mucho más allá del tiempo necesario para la amortización; si es un fiasco, sus leyes hechas ex profeso dictan que nosotros corremos con sus pérdidas. En este casino, la banca nunca pierde, ni las grandes constructoras tampoco: el crupier del Estado trabaja para ellas. Circulen, circulen.