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Puigdemont buscó, hasta el mismo día de la proclamación de la DUI, el apoyo de Trump. Emisarios de la Generalitat se reunieron en EEUU, un total de 34 veces -desde las semanas previas a la celebración del 1-O hasta la proclamación de la DUI-, con destacados representantes políticos norteamericanos, buscando su amparo para seguir avanzando en el camino hacia la disgregación.
Mientras casi todo el mundo intenta protegerse del peligro que supone la administración Trump, Puigdemont insiste en llamar a la puerta del actual inquilino de la Casa Blanca.
La actividad de la delegación de la Generalitat en Nueva York, concebida como una “embajada de Cataluña”, se volvió frenética en las semanas donde el procés alcanzó su máximo punto de tensión.
Así lo atestiguan los datos del FARA (Foreign Agents Registration Act), un registro obligatorio de la actividad de las instituciones extranjeras en suelo estadounidense.
Los directores de la delegación de la Generalitat en EEUU mantuvieron hasta 34 reuniones secretas con representantes de políticos norteamericanos con asiento en el Senado y la Cámara de Representantes, los dos máximos órganos legislativos.
El registro comienza en julio, se intensifica en las semanas previas a la celebración del 1-O, y se prolonga hasta el 27 de octubre, el mismo día que el parlament aprobaba una declaración unilateral de independencia.
Para financiarlo la Generalitat movilizó hasta un millón de euros, pagados en diferentes plazos. El último de ellos el 11 de noviembre, dos semanas después de la aplicación del 155.
¿Quiénes fueron los interlocutores de la Generalitat en esas reuniones? 27 personas distintas, representantes de la política norteamericana, especialmente de los círculos más cercanos a Trump.
Como el congresista republicano Francis Rooney, uno de los más sólidos apoyos del actual inquilino de la Casa Blanca. O los asesores de Corey Schrodt, vicepresidente del poderoso Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
¿Qué buscaba Puigdemont con esta ofensiva diplomática? La protección de Washington frente a la previsible respuesta del Estado español en caso de consumarse una DUI.
Casi todos han resaltado el fracaso de Puigdemont, ante el cerrado apoyo de EEUU a la unidad de España. Conviene no minusvalorar el peligro.
Llama la atención una noticia que es mucho más que una anécdota. El tema que este año centenares de institutos norteamericanos gira en torno a la pregunta “¿España debería conceder la independencia a Cataluña?”.
Miles de aspirantes a cuadros de la superpotencia se prepararán dando visos de realidad a un escenario de ruptura de la integridad territorial de España.
Si Puigdemont insiste en llamar a la puerta de Trump, es porque tiene interlocutores al otro lado.
Como Dana Rohrabacher -con cuyos asesores se encontraron los representantes de la Generalitat en Nueva York en los días posteriores al 1-O-, ardiente defensor de la independencia catalana, que llegó a postularse como posible secretario de Estado de la administración Trump, y que se había reunido anteriormente con Puigdemont en EEUU y en Barcelona.
Washington no va a amparar una fractura de España que ponga en riesgo su privilegiada situación en un pilar estratégico de su despliegue global. Pero sí puede explotar las tensiones centrífugas para amarrar más en corto a una España debilitada por su flanco catalán.
Conviene tenerlo en cuenta cuando, con un nuevo gobierno independentista en la Generalitat, asistiremos a nuevos desafíos contra la unidad. Ante los que la posición de EEUU es más un factor de riesgo que de estabilidad.
Sobre todo si los círculos más próximos a Puigdemont insisten en entregar Cataluña al mejor postor, buscando hasta en el infierno, en la administración Trump, apoyos que les permitan seguir transitando por su hoja de ruta de la fragmentación.