Cargando...Pasó desapercibida la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, como pasó casi inadvertida la del ex interventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, ante la juez Alaya, que deja a las puertas de la imputación a José Antonio Griñán. El trágico accidente del tren Alvia en Santiago, con su reguero de muerte, dejó la política fuera del foco mediático durante unos días en los que toda España sintió el escalofrío del dolor.
De nuevo, como en el 11-M, los ciudadanos han estado a la altura de las circunstancias. El hastío por la manera de comportarse de algunos políticos dio paso a la solidaridad.
Pero el tiempo pasa y esta semana volverá a estar marcada por la política. Más en concreto, por la comparecencia de Mariano Rajoy, el próximo día 1 de agosto en el Congreso, para explicar su versión sobre la contabilidad B que el ex tesorero del PP ha entregado al juez de la Audiencia Nacional y en la que se ponen de manifiesto ingresos en dinero negro por encima de ocho millones de euros y pagos, también en B, a dirigentes del partido, entre los que estaría el propio presidente del Gobierno.
Lo más importante de la declaración de Bárcenas ante el juez no es que ratifique la existencia de esa contabilidad B, que él mismo confeccionó durante casi 20 años, sino que sitúa a Rajoy y a los secretarios generales del PP durante ese largo periodo en la cúspide de la trama de financiación y reparto de sobres. Llama la atención que Bárcenas saque de escena a Aznar. Pero, lógicamente, si daba cuenta de los ingresos en B a Rajoy, también debía de hacer el mismo rendimiento de cuentas en tiempos del ex presidente. Sobre todo porque, según Bárcenas, el sistema de sobresueldos fue establecido por el secretario general de aquella época; es decir, Álvarez-Cascos.
La cuestión es simple: si había financiación en dinero negro, el presidente del partido tenía que saberlo, aunque sólo se le informara de las donaciones más significativas; si no la había, entonces no hay tema.
Mariano Rajoy, en su comparecencia del día 4 de febrero, dijo: «No es cierto que hayamos percibido dinero en metálico ocultado al Fisco… Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la más estricta legalidad».
Parece obvio que el presidente del Gobierno se mantendrá fiel a esa rotunda afirmación y negará en sede parlamentaria la existencia de una contabilidad B y, por tanto, que haya habido dinero negro para financiar fundamentalmente las campañas del partido, cosa que sí declaró Bárcenas ante Ruz el pasado 15 de julio.
Si Rajoy niega la mayor, su comparecencia se circunscribirá a la relación que mantenía con Bárcenas y a por qué recibió un trato tan favorable por parte del partido tras su imputación en el sumario Gürtel.
Ahí, el presidente puede utilizar el argumento de que, en ese momento, él creía en su inocencia y nadie (tal vez a excepción de Cospedal) sabía que era un presunto delincuente y un evasor fiscal.
Además, argumentará que la prueba de que él nunca ha accedido a ningún chantaje es que ahora está en la cárcel y que las fiscales del caso siguen en su sitio.
Pero la tesis se desplomaría como un castillo de naipes si, en efecto, se demostrara que hubo entregas de dinero negro en el PP y que él tuvo conocimiento de ello.
¿Ha habido financiación irregular en el PP durante los años en que Bárcenas fue gerente y tesorero del partido?
Un ex dirigente del PP del País Vasco reconoce: «Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, los cargos públicos del PP tuvieron que ser protegidos porque había una campaña de ETA para matar incluso al concejal del pueblo más recóndito. Pasaron casi dos años hasta que el Ministerio del Interior se hizo cargo del coste de los escoltas, que fue muy alto. Durante esos casi dos años, algunos empresarios dieron dinero al partido para financiar ese coste y algunos lo hicieron en dinero negro. Eso lo sabe todo el mundo. No lo hacían para conseguir contratos, sino porque entendían que era una forma de defender la democracia en el País Vasco».
El dueño de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo (imputado en Gürtel), ha reconocido en su entorno que él personalmente llevó dinero a la sede de Génova y que se le entregó a Álvaro Lapuerta en presencia de Luis Bárcenas.
Hay que tener en cuenta que una de las piezas que se investigan en el TSJ de Valencia tiene que ver con la financiación irregular del PP, causa en la que están imputados algunos de su anteriores dirigentes, como Ricardo Costa.
Y también hay que pensar que Ruz podría llegar a alguna conclusión en ese sentido al investigar la financiación del PP en la pieza separada conocida como los papeles de Bárcenas.
El presidente, por tanto, debería ser prudente a la hora de abordar el asunto de la financiación.
Aunque es verdad que a Rajoy no le gusta demasiado la relación con los empresarios, éstos han buscado su protección o sencillamente su cercanía con fines más o menos inconfesables.
Uno de los que buscaba ese contacto de forma más activa era Luis del Rivero (Sacyr). Cuenta Bárcenas un viaje a Santiago con Rajoy en 2003, en compañía de Paco Villar (ya fallecido) y Del Rivero, con objeto de tratar con Núñez Feijóo–entonces consejero de Obras Públicas de la Xunta– sobre el peaje del puente de Rande (ría de Vigo). Fuentes cercanas al presidente de la Xunta niegan rotundamente dicha reunión, pero afirman que, en 2005, alguien importante llamó desde Génova para pedir la adjudicación de la autovía de Barbanza a Sacyr, a lo que Feijóo se opuso.
Aunque Rajoy no quería recibir a los empresarios en su despacho, parece que Del Rivero lo logró tras haber hecho una de sus jugosas donaciones.
Próximamente, tendrá que declarar María Dolores de Cospedal por un asunto relacionado con Sacyr. Si la secretaria general del PP niega su conversación con Bárcenas, Gómez de Liaño propondrá un careo. El ex tesorero parece dispuesto a carearse con todo el que le contradiga. Incluido Rajoy.