El acta ya está firmada y la decisión ha sido unánime y unilateral. Era de esperar que la medida se tomara a toda prisa, teniendo en cuenta que había sido sugerida por el omnipresente Jaume Roures, el nuevo aliado de Zapatero en la industria mediática. Así pues queda aprobado el proyecto de ley que permite las participaciones de un operador de televisión en otra cadena, es decir, fusiones entre cadenas de televisión. Una medida de urgencia tomada para evitar que las empresas que se han enriquecido durante estos últimos años, empiecen ahora a perder dinero. Un paso más en contra del interés general de una oferta informativa plural, diversificada e independiente, que cristaliza en un camino libre para el más descarado monopolismo.
Jaume Roures fue el que “ordenó” la medida, ara afianzar más su posición al frente del ranking de magnates de los medios, y la vicepresidenta Fernández de la Vega anunció inmediatamente la medida. A toda prisa el Gobierno actúa para defender los intereses de los grandes grupos mediáticos, sin importarle las repercusiones que tendrá en la sociedad. Así el matrimonio entre Cuatro y La Sexta parece cada vez más cercano, resolviendo en parte la contradicción que le había surgido al PSOE con el conflicto de intereses entre sus dos principales aliados.Lo peor de todo es que de nuevo la medida viene sustentada en la demagogia. Óscar López, portavoz socialista en la Comisión de Industria del Congreso, que ha aprobado el proyecto de ley, no duda en decir que “con esta medida se ha buscado ordenar el sector y evitar medidas monopolísticas en una situación de crisis económica.” Es alucinante contemplar como el derecho a la información es manejado constantemente como moneda de cambio de favores políticos. Además, la consecuencia directa de la ley no favorecera solo a Prisa y Mediapro. Telecinco ya estudia sus vías de fusión, que podría ser con Antena 3, reduciendo cada vez más el control de todos los medios de comunicación en menos manos.En definitiva, se pretende eliminar de la competencia a la televisión pública, neutralizando sus ingresos publicitarios, y acrecentar el monopolismo de la privada, incentivando las fusiones. ¿Qué podemos decir ante esto los ciudadanos? ¿Acaso no somos nosotros los que financiamos TVE? ¿Acaso no nos pertenece el espacio aéreo por el que circulan las ondas herzianas convertidas en oro por esos avaros empresarios, que nos administran la información con cuentagotas?Y todo esto cuando nos encontramos a las puertas de la implantación definitiva de la TDT, de su versión de pago, y por la que los empresarios de la audiovisual están peleando como perros con el dudoso juicio del Gobierno como árbitro. Se van a celebrar bodas por todo lo alto, pero como siempre, nosotros no estamos invitados, y nos tendremos que conformar con las sobras.