Cargando...El Ministerio de Industria atraviesa por una etapa delicada. Por una parte, tiene que atender a la reducción del déficit de tarifa acumulado, superior a los 24.000 millones; parece que ha decidido hacerlo cargando el coste casi exclusivamente sobre los consumidores, puesto que el conjunto de siete recargos aplicado a las empresas es fácilmente trasladable a los precios finales que paga el usuario. El resultado de esta política de parcheo es que el precio de la electricidad tendrá que subir en enero en torno a otro 3%, debido al encarecimiento registrado por la subasta de energía del viernes. Como además se impondrán tasas a los consumidores que tengan contratados entre 3 y 10 kilovatios y sobrepasen los consumos medios, el recibo de la luz se convertirá en 2013 en un calvario para los ciudadanos, castigados por la recesión y las mermas salariales.
Industria ha entrado en un conflicto con las eléctricas a cuenta precisamente de los recargos recaudatorios mencionados, a pesar de que se trasladarán inmediatamente a precios. El malestar societario se ha manifestado en dos puntos esenciales: el cierre de Garoña y las reiteradas advertencias empresariales al Gobierno de que no es posible proceder sistemáticamente a rebajas de los costes de los peajes cada vez que la subasta energética sube el precio de la luz.
El resultado de la presión ha sido efectivo. Industria ha aceptado el cierre de Garoña, cuando su producción podría haber sido destinada, después de una intervención o expropiación, a suministrar potencia a las empresas con consumo intensivo de electricidad, cuyos costes ya no pueden competir con Europa. También ha cedido en la cuestión de los peajes. No los reducirá en enero, para contentar a las empresas y cobrará las tasas citadas a los usuarios. Que no son progresivos, como sostiene el Gobierno, puesto que penalizan el consumo familiar, en lugar de tener en cuenta el consumo per capita y, por añadidura, son muy costosos de ejecutar.
Esta no es la vía para reformar el mercado eléctrico. El coste del déficit de tarifa, que seguirá creciendo en 2013, debe repartirse entre empresas y consumidores y el Gobierno debe poner fin a un sistema de cálculo de precios que no tiene en cuenta la inversión amortizada y genera automáticamente más déficit. Este parcheo estéril conducirá a mayor conflicto con los consumidores y, a lo peor, a una disfunción grave del mercado eléctrico.