Bruselas quiere la jubilación a los 70 años

“Según la proyección que el Ejecutivo comunitario incluye en su propuesta de debate sobre la reforma del sistema hecha pública hoy, las previsiones de más envejecimiento de la población y menos tasa de natalidad aconsejan ir más allá de los actuales objetivos de elevar el retiro de forma general hasta los 67 años, como es el caso de España, en el horizonte de 2040”

La reforma de las ensiones era un punto de la agenda a largo plazo de toda la UE; pero el proceso se ha acelerado por culpa del aumento de los problemas financieros y de déficit que ha traído acarreados la crisis. "Garantizar que el tiempo de jubilación no continúe aumentando en comparación con el tiempo pasado trabajando contribuiría a la adecuación y la sostenibilidad (de las pensiones). Esto significa aumentar la edad en que uno deja de trabajar y percibe una pensión" (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- A medida que avanza la crisis -y ya van dos años largos- se afianza la idea de que España sólo encontrará el camino de la salvación actuando sobre los salarios. El argumento que se ofrece es simple. Si los salarios bajan, España ganará competitividad en los mercados internacionales de bienes y servicios. Se trata de provocar algo así como una especie de deflación controlada. Estamos ante un craso error de dirección de la política económica que este país pagará tarde o temprano CINCO DÍAS.- El grado de confianza y credibilidad que precisa la economía española en medio de la mayor crisis financiera de la historia sólo se conquista con una política económica que genere más crecimiento y más empleo para recomponer los ingresos públicos y despejar todas las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras de España y de los españoles. Y en ello tiene que emplearse sin descanso el Gobierno, sin desdeñar ninguna colaboración externa, con rigor fiscal y un ambicioso programa reformador. Pensiones. El País Bruselas dice que sólo la jubilación a los 70 salvará las pensiones La Comisión Europea calcula que habrá que retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años de edad de forma progresiva hasta 2060 para no reducir las pensiones en el conjunto de la UE. Según la proyección que el Ejecutivo comunitario incluye en su propuesta de debate sobre la reforma del sistema hecha pública hoy, las previsiones de más envejecimiento de la población y menos tasa de natalidad aconsejan ir más allá de los actuales objetivos de elevar el retiro de forma general hasta los 67 años, como es el caso de España, en el horizonte de 2040. No obstante, Bruselas insiste en que son los respectivos Estados miembros quienes deben legislar y tomar las decisiones, pero la advertencia está ahí. En el Libro Verde sobre pensiones presentado hoy, la Comisión advierte de que si se quiere mantener la actual ratio de dependencia -es decir, el número de personas trabajando con respecto a los que cobran una pensión y que debe ser positivo para garantizar la sontenibilidad del sistema- el retiro se tendría que retrasar hasta los 67 años en 2040. Para 2060, añade, aunque el descenso de este indicador sería mínimo si se queda en los 67, tendría que situarse en los 70 para asegurar que no hay más gente cobrando una pensión que con empleo. En caso contrario, o bien habría que reducir el monto de las prestaciones o el número de personas que reciben las prestaciones. En la actualidad, la ratio de dependencia se sitúa en cuatro personas trabajando por cada jubilado, pero esta proporción bajará progresivamente a dos durante las próximas décadas, según los datos de Bruselas. La reforma de las pensiones era un punto de la agenda a largo plazo de toda la UE; pero el proceso se ha acelerado por culpa del aumento de los problemas financieros y de déficit que ha traído acarreados la crisis. "Garantizar que el tiempo de jubilación no continúe aumentando en comparación con el tiempo pasado trabajando contribuiría a la adecuación y la sostenibilidad (de las pensiones). Esto significa aumentar la edad en que uno deja de trabajar y percibe una pensión", afirma el Ejecutivo. "Aumentar las vidas laborales para reflejar los continuos aumentos en esperanza de vida a lo largo del tiempo generará un doble dividendo: mayor calidad de vida y pensiones más sostenibles", asegura el texto antes de advertir de que "si continúan las tendencias actuales, la situación es insostenible". "A menos que las personas, en la medida en que viven más tiempo, también permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, o bien la cuantía de las pensiones sufrirá o bien se producirá un aumento insostenible en el gasto por pensiones", explica. En los últimos meses, varios Estados miembros han retrasado la edad de jubilación y otros planean hacerlo. Alemania, Países Bajos y Dinamarca la han situado en 67 años y Reino Unido en 68. En España, el Gobierno ha propuesto también pasar de los 65 a los 67 años, una medida que sería efectiva en torno a 2040, lo que coincide con los planteamientos de Bruselas. EL PAÍS. 7-7-2010 Opinión. El Confidencial ¿Y si los salarios no son los responsables de la crisis? Un país que se hace el harakiri Carlos Sánchez A medida que avanza la crisis -y ya van dos años largos- se afianza la idea de que España sólo encontrará el camino de la salvación actuando sobre los salarios. Parece existir un consenso casi general entre los profesionales de la economía –fundamentalmente dentro del mundo académico- sobre la necesidad de ganar competitividad vía nóminas. Se festeja que tanto los salarios del sector privado como las retribuciones de los empleados públicos vayan a sufrir en 2010 una fuerte contracción. Con pérdida de poder adquisitivo en ambos casos. El argumento que se ofrece es simple. Si los salarios bajan, España ganará competitividad en los mercados internacionales de bienes y servicios, toda vez que una parte importante de los costes de las empresas tiene que ver con el pago de las nóminas. Se trata de provocar algo así como una especie de deflación controlada. O una devaluación competitiva, como se prefiera. Según ese esquema, ante la imposibilidad de efectuar depreciaciones forzadas de la moneda (durante siglos la vía de escape para recuperar competitividad) es mejor provocar una caída generalizada de costes; en particular, los laborales. El argumento así planteado es impoluto. Incluso impecable. Parece evidente que una empresa con menores costes tiene mayor capacidad de competir. En términos concretos -en relación a una determinada compañía o, incluso, a un sector de actividad sujeto a la competencia exterior- es muy probable que el argumento sea sólido, pero en términos agregados -respecto del conjunto de la economía- estamos ante un craso error de dirección de la política económica que este país pagará tarde o temprano. Es muy probable que antes de que pasen uno o dos años asistamos a un giro copernicano en la política económica, y que sea el propio Gobierno -este o el que venga- quien impulse el crecimiento económico vía salarios, estimulando la demanda interna a través de una política fiscal expansiva. Desde luego no por la vía de un aumento del gasto público (el margen presupuestario es nulo) sino más bien mediante una bajada generalizada de los impuestos para animar el consumo privado. En particular el impuesto sobre la renta. Con todo lo que ello supone desde el punto de vista de la equidad fiscal. “… Y ahora a consumir”, que decía Zapatero al comienzo de la crisis. Como ha escrito el profesor Fernández-Villaverde, una devaluación competitiva a través de los salarios es sólo una solución de emergencia que sólo tendrá efectos a corto plazo. A medio y largo plazo, y esto es lo relevante, el verdadero problema de la economía española no son los salarios, sino la productividad. Es verdad que los salarios han crecido en España desde nuestra pertenencia al euro por encima de la media de la UE, e, incluso, bastante más de lo que han aumentado en Alemania, el país de referencia. Pero en realidad lo que han crecido son los salarios nominales, no los reales. Probablemente por un problema de desenfoque en la negociación colectiva. Efecto espejismo en los salarios Los salarios nominales han subido mucho precisamente porque España ha sufrido una mayor inflación que la eurozona -un punto cada año desde 1998- y eso ha provocado un efecto espejismo. El mayor peso de los salarios sobre el conjunto de los costes empresariales esconde en realidad un hecho económico de indudable transcendencia: la incorporación al mercado laboral de inactivos (principalmente mujeres) y la llegada de inmigrantes de baja cualificación que han trabajado en sectores de baja productividad (construcción y hostelería). Pero en ninguno caso es consecuencia de un súbito aumento de la remuneración de los asalariados. Los costes laborales unitarios se han resentido, por lo tanto, por un problema de productividad del factor trabajo. No porque las nóminas se hayan disparado. Y la prueba del nueve la ha aportado el profesor Pol Antrás, de la universidad de Harvard, uno de esos españoles que andan circulando por el mundo sin que a las autoridades les preocupe mucho cómo hacer para que los mejores economistas del país participen activamente en la reconstrucción nacional. Como se ha reflejado en el blog Nada es Gratis, aunque pueda parecer una paradoja, España no ha perdido cuota de mercado en el comercio mundial en los últimos años pese a que los costes salariales nominales han crecido más. Lo cual, dicho sea de paso, no significa que haya que desatender y mucho menos despreciar la competitividad internacional de la economía mediante políticas de fomento de la internacionalización de la empresa española. Se olvida que la mayor parte de la actividad económica de un país grande, como es España, es doméstica. Por lo tanto, los salarios afectan en buena medida a la demanda interna y, en menor medida, a las exportaciones. De hecho, durante el periodo de bonanza los precios en España subieron un 24%, ocho puntos porcentuales más que la zona euro, mientras que el deflactor de las exportaciones creció solo un 15%, un punto menos que la inflación de la zona euro. Quiere decir esto que los exportadores estrecharon sus márgenes para no perder cuota de mercado, y eso pone en valor la capacidad de las empresa para adaptarse a las circunstancias económicas. La demanda interna es, por lo tanto, la clave de bóveda del sistema económico. No en vano, el gasto en consumo final durante el primer trimestre fue equivalente a 206.388 millones de euros, el triple que el valor de las exportaciones a precios corrientes. Y si no se atiende a esa demanda es muy probable que la economía muera de inanición por falta de combustible. Exactamente lo mismo que le pasó a Japón durante los años 90, cuando los salarios cayeron de forma intensa en medio de la deflación y los recurrentes paquetes de estímulo fiscal impulsados por las autoridades no fueron suficientes para impulsar la demanda interna. Algo crucial en un país obsesionado con el ahorro como es Japón (y estos momentos España). Deprimir salarios, por lo tanto, no es la solución (aunque tampoco elevarlos artificialmente). Y no sólo desde el punto de vista macroeconómico, sino también desde el lado de la política fiscal. Si caen las bases imponibles tanto en IVA como en IRPF es muy probable que el déficit público se enquiste en la economía española por falta de actividad. Y por eso no parece lo más razonable favorecer un abatimiento de las tablas salariales que a largo plazo pesará como una losa sobre la recuperación. Y ello sin contar con las indudables consecuencias sociales que puede tener para el país la existencia de clases medias empobrecidas por una política equivocada. Y en el que el proceso de proletarización de los profesionales no ha hecho más que comenzar. EL CONFIDENCIAL. 7-7-2010 Editorial. Cinco Días La trabajosa recuperación de la confianza El Gobierno, los líderes de opinión y los responsables más reputados de la economía están empeñados en recuperar la confianza que los mercados financieros han retirado a la economía española en los últimos meses, y que ha puesto en peligro su financiación para el futuro. Pero mientras que ese intangible de incalculable valor se ha esfumado en apenas unas semanas que obligaron a la Administración a cambiar radicalmente su política fiscal, su recuperación está siendo demasiado trabajosa y exige un esfuerzo continuado de todos los agentes que tienen algo que aportar, aunque no hayan estado involucrados en el deterioro de la situación. Las principales argumentos para dudar de España se han construido alrededor de su capacidad para hacer frente a unas obligaciones financieras crecientes, con déficits del 10% o superiores este año y el pasado. A esta suspicacia se asocia también la que surge de la alta deuda privada, tanto de hogares como de empresas, así como de las dificultades bancarias para soportar el riesgo de impago. La publicación de las pruebas de esfuerzo realizadas a las entidades de crédito por el Banco de España será determinante para restablecer uno de los pilares de la confianza, a juzgar por el anticipo que ayer mismo el subgobernador del instituto supervisor hizo en Santander, donde textualmente comentó que "se acabarían las dudas sobre la solvencia y solidez de todas las instituciones bancarias españolas". Ya la comparación con la banca europea que proporcionarán las pruebas de estrés, que podrían mostrarse el 23 de julio, puede proporcionar un depósito definitivo de crédito renovado en la banca española. Ayer, el mercado de deuda envió señales convincentes, así como la Bolsa, con una subida del 3,6% muy concentrada en los grandes bancos, tras colocar el Tesoro deuda a 10 años por valor de 6.000 millones de euros, con una demanda de más de 13.000 millones. Lo hizo a inversores finalistas, en una operación restringida e intermediada por un sindicatos de bancos, pero que supone una señal inequívoca de apetito por los títulos emitidos por el Reino de España a las rentabilidades que maneja el mercado (4,7%), precisamente en el mes con más actividad emisora del año, cual es el de julio. Pero es incuestionable que es una señal muy coyuntural. El grado de confianza y credibilidad que precisa la economía española en medio de la mayor crisis financiera de la historia sólo se conquista con una política económica que genere más crecimiento y más empleo para recomponer los ingresos públicos y despejar todas las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras de España y de los españoles. Y en ello tiene que emplearse sin descanso el Gobierno, sin desdeñar ninguna colaboración externa, con rigor fiscal y un ambicioso programa reformador. CINCO DÍAS. 7-7-2010

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