Bruselas exige a España ajustes por 15.000 millones de euros

La Comisión Europea avala los Presupuestos Genrales del Estado presentados por el Gobierno de Rajoy para 2018, pero mantiene la vigilancia sobre España por “déficit excesivo” y exige ajustes que podrían llegar a los 15.000 millones de euros entre 2018 y 2019.

El Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, considera que España no cumplirá con los objetivos de déficit pactados con la UE porque el déficit llegará al 2,7% frente al 2,2% del PIB fijado para este año. Y, por lo tanto, pide a las autoridades españolas que “estén listas para tomar medidas» de ajuste que podrían llegar hasta los6.000 millones de euros.

Para 2019 Bruselas prevé más déficit y más recortes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, unos 7.000 millones de euros. En total España se vería obligada a un recorte estructural de entre 13.000 y 15.000 millones de euros, que habrían de salir de una subida de impuestos y nuevos recortes a pensiones, salarios, prestaciones sociales, parados, Sanidad o Educación.

Por eso la Comisión Europea ha decidido mantener a España un año más bajo el procedimiento de vigilancia por “déficit excesivo”. Será el único país de la UE que se mantenga bajo el control directo de los comisarios europeos, los “hombres de negro” del FMI y Bruselas. Una situación de las han salido hasta Portugal y Grecia.

Es decir, Bruselas no solo presiona al actual gobierno de Rajoy, si es que continúa, sino que sobre todo está estableciendo los límites que tendrá que cumplir el gobierno que salga de la actual crisis. Sea el que sea, dice la Comisión Europea, tendrá que cumplir con esas exigencias.«La UE exigirá un recorte estructural de entre 13.000 y 15.000 millones de euros, una amenaza para las pensiones, salarios, prestaciones sociales, parados, Sanidad o Educación»

Según Bruselas, España tiene que estar preparada para nuevos ajustes por los aumentos de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad aprobado en los Presupuestos Generales del Estado.

Ese es uno de los límites fundamentales que quiere imponer la Comisión Europea, poner fin a la subida de las pensiones según el IPC y aplicar la reforma original del 0,25% que aprobó el gobierno de Rajoy. Bruselas no quiere que las pensiones suban con el coste de la vida, ni que se reviertan las reformas que las degradan y sientan las bases para que se privaticen.

Lo dijo bien claro el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskus, en la rueda de prensa donde la Comisión expuso sus conclusiones para España: las autoridades comunitarias nunca ven con buenos ojos la reversión de las reformas.

Una advertencia que suena como una amenaza real si nos remitimos a otras noticias que llegan desde la UE y que advierten de que Bruselas no solo puede intervenir para limitar el gasto público mientras España está bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo, sino que también podrá hacerlo por ley cuando salga de él. Fuentes comunitarias así lo confirman y recuerdan que la Comisión prevé endurecer la vigilancia de este indicador y de la deuda pública, a través del llamado Procedimiento Preventivo (PDE), el control “suave” que ahora ejecuta Bruselas cuando no se entra en el PDE.