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Tras casi siete meses de negociación a “cara de perro”, los ministros de Energía de los 27 países de la UE han alcanzado un acuerdo para impulsar una reforma del mercado eléctrico de ámbito europeo.
Ha sido presentado arropado por bonitas palabras, como que busca “proteger a los consumidores, “reducir la volatilidad en el precio de la luz”, para evitar subidas abusivas, o “reforzar la garantía de suministro”.
Pero la realidad de la reforma pactada es mucho más turbia. Y confirma una vez más que la UE actúa como gran protectora del atraco impuesto por los grandes monopolios de electricidad.
Un reciente informe del Banco de España pone cifras a la magnitud del atraco de las eléctricas. El coste de producir electricidad ha aumentado tras la invasión rusa de Ucrania, pero solo un 10%. Sin embargo, el precio a que las eléctricas nos venden la luz ha subido… un 53%. Cinco veces más que el incremento de los costes.
Este atraco es el que ha disparado la factura que familias o pymes pagamos por la luz. Y lo que ha multiplicado los beneficios de las eléctricas, hasta alcanzar máximos históricos.
¿Ha tomado medidas la UE para evitar este gigantesco robo? No. Es más, la reforma que acaba de aprobar tiene como objetivo protegerlo.
En primer lugar negándose a cambiar el sistema marginalista, que fija el precio de toda la electricidad desde lo que cuesta la fuente más cara. Esto permite a las eléctricas vender la luz generada por centrales hidroeléctricas o fuentes renovables (más barata) al precio de la obtenida a partir de gas (más cara). Obteniendo con ello enormes beneficios.
Nos obligan a pagar el pan al precio del caviar.
En segundo lugar, la reforma aprobada por la UE ha vetado la extensión del “mecanismo de excepción ibérica”. Es el tope al precio de la luz generada a partir de gas, que ha permitido reducir la factura entre un 15% y un 20%. España y Portugal deberán dejar de aplicarlo al finalizar este año. Y no se ampliará a ningún otro país de la UE.
Y, además, el nuevo “mercado eléctrico europeo” incluye un nuevo mecanismo para garantizar los beneficios de las eléctricas a costa del dinero público.
Son los llamados “contratos por diferencia”, conocidos como CFD. Son acuerdos entre un productor de electricidad -un gran monopolio- y un Estado, que fijan un precio estable durante un periodo de tiempo largo.
El precio fijado debe contar con la aprobación de las eléctricas. Es decir, garantiza que obtendrán jugosas ganancias.
Y está sostenido por “un sistema de garantías respaldado por el Estado”, circunloquio que traducido significa que las eléctricas recibirán cuantiosas subvenciones pagadas con dinero público.
Hay quien sí ha obtenido importantes concesiones. Como potencia con una mayor influencia en la UE que España, Francia ha conseguido que la energía nuclear sea etiquetada como “verde” y se pueda acoger al sistema de CFD. Permitiendo al Estado francés subvencionar las centrales nucleares.
Lo que necesitamos es una reforma del mercado eléctrico cuyo objetivo sea acabar con el atraco de los grandes monopolios, que utilizan su control sobre un servicio esencial como es la luz para imponernos un robo masivo.
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