El dispendio de dinero publico en Gran Bretaña

Brown contra las cuerdas

Los efectos de la crisis económica en los británicos, los fracasos del gobierno laborista en el parlamento y la cercaní­a de elecciones municipales, al parecer, le jugaron una mala pasada al primer ministro Gordon Brown. La indignación de los contribuyentes del Reino Unido, muchos de ellos con sus viviendas embargadas tras el desplome de las llamadas hipotecas basuras y los intentos de funcionarios de reducir gastos a costa del estado, arreciaron el efecto de un nuevo escándalo polí­tico.

Los olí­ticos británicos sufrieron ayer un nuevo dí­a de profundo desprestigio colectivo con la publicación de la segunda entrega del diario The Daily Telegraph de una serie de reportajes sobre cómo los diputados de la Cámara de los Comunes abusan del sistema que les permite pagar con dinero público diversos gastos personales y, en especial, cómo se aprovechan de la ambigüedad de la legislación para mejorar y revalorizar viviendas de su propiedad.Los diarios Daily Telegraph y Daily Mail se encargaron de publicar los detalles de 13 miembros del gobierno laborista que emplearon su condición de miembros del ejecutivo para reducir sus gastos particulares con compensaciones estatales. Uno de los casos más evidentes lo constituye el del titular de Justicia, Jack Straw, quien fue jefe de la diplomacia en los tiempos de Tony Blair, al exigir el reembolso de todos los impuestos que pagó en los últimos cuatro años, según el Daily Telegraph. Straw, que por ley goza de un descuento del 50 por ciento para todos sus gravámenes, a última hora pareció arrepentido y consideró que la reclamación no era correcta, pero el error fue enmendado demasiado tarde, según el rotativo.Si la primera entrega, el viernes, se centró en 13 miembros del Gobierno, incluido el primer ministro Gordon Brown, ayer, el diario conservador británico detalló los abusos en la segunda lí­nea del Gabinete: lo que en España se llaman secretarios de Estado y en el Reino Unido se denominan ministros. El caso más llamativo es el de la responsable de Turismo, Barbara Follet, que está casada con el escritor multimillonario Ken Follet y que cargó al Estado 28.000 euros en seguridad privada porque se sentí­a insegura en el Soho, donde tiene su segunda residencia. El responsable de Inmigración, Phil Woolas, se hizo pagar tampones, pañales y ropas de mujer. Y el de Asuntos Sociales, Phil Hope, gastó más de 41.000 euros en mobiliario para un piso de 47 metros cuadrados.El diario relata también diversos casos de diputados laboristas, como el ex ministro Keith Vaz, al que acusa de recibir 84.000 euros por su piso de Westminster a pesar de que su residencia se encuentra en Stanmore, a menos de 20 kilómetros del centro de Londres y con lí­nea de metro directa hasta las puertas del Parlamento.Otra diputada, Margaret Moran, ha reclamado 25.000 euros por la renovación de una propiedad en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, a pesar de que ella es diputada por Luton, una ciudad situada al norte de Londres y que queda a 160 kilómetros de Southampton.Harrist Hermann, presidenta de la Cámara de los Comunes, reconoció que será difí­cil restablecer la confianza de los ciudadanos en el Parlamento, pues muchos diputados laboristas también fueron incluidos en un listado publicado por Daily Mail. Los laboristas denunciaron la supuesta vinculación de las revelaciones con los objetivos de la oposición conservadora de asegurar la derrota del partido gobernante en los comicios municipales de principios de junio próximo.Tales elecciones coinciden con las legislativas europeas, en las cuales también se espera un retroceso del laborismo, a juzgar por recientes encuestas que lo sitúan por debajo de los conservadores (tory), de David Cameron.El problema es que el espí­ritu de la ley permite que los diputados reciban ayudas públicas para mantener una de las dos residencias que normalmente han de mantener abiertas para ejercer su tarea: una en Londres, donde está el Parlamento, y otra cercana a su circunscripción, donde muchos fines de semana atienden a los votantes.Como en la ví­spera, los numerosos casos publicados por el diario hablan más de abusos que de ilegalidades y han puesto en entredicho al conjunto de la clase polí­tica. Se espera que el Telegraph empiece a publicar el lunes los gastos que se han hecho reembolsar los parlamentarios del Partido Conservador.Los laboristas acusan al Telegraph de pagar una fuerte suma a algún funcionario del Parlamento que estaba llevando a cabo la investigación. Al parecer, según los Laboristas la información confidencial sobre los gastos de los diputados fue obtenida por alguien que la ha estado intentando vender a la prensa, por un supuesto precio de 300.000 libras. El periódico se defiende con el argumento de que sus informaciones son de interés público y apegándose al secreto de sus fuentes, pero como en muchos otros casos siempre, es el periodismo de investigación o algunos corruptos que venden la información, pero hay que creer muy poco en las casualidades y este es un echo en le que da que pesar pues puede acabar con el gobierno de Brown. Lo que se mueve en las alcantarillas del estado no son corruptos, sino intereses. No seria la primera ni ultima vez que las contradicciones entre los grupos oligárquicos y más en épocas de crisis, en las que se plantean polí­ticas que pueden provocar una drástico empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo, que amenaza un estallido social requieren de un cambio de rumbo y de color en el gobierno de turno. El echo es que el escándalo está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Gordon Brown.Según una encuesta de ICM, que publica hoy News of the World, la imagen del primer ministro ha quedado dañada. Así­ lo cree el 68% de los encuestados. Aún es peor para los diputados: el 90% afirma que las revelaciones han salpicado su reputación.

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