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Las presiones de la administración Trump han forzado, con dificultades y grietas, el reconocimiento de la UE y de España a la autoproclamada “presidencia interina” de Juan Guaidó. Frente a las posiciones iniciales del gobierno de Sánchez y de buena parte de las cancillerías europeas, que apostaban por impulsar el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición, Trump exigió a Madrid y a Bruselas “romper todo diálogo” con Maduro.
Finalmente, y después de expirar el ultimátum de ocho días dado por la UE para que Maduro convocara elecciones presidenciales, la mayoría de los gobiernos europeos ―y el gobierno español de Pedro Sánchez― anunciaron que reconocen a Juan Guaidó, cabeza de la oposición, como el “presidente encargado de Venezuela”. Un camino que, lejos de aliviar la escalada de tensión, agrava la crisis política en Venezuela.
Trump obtuvo un éxito parcial con sus mecanismos de presión. Ha conseguido que la mayoría de las naciones de la UE reconozcan al “presidente encargado”. Pero la Casa Blanca no ha conseguido encuadrar de forma marcial al conjunto de la UE y sumarla sin rechistar a su estrategia contra Venezuela. Hay una gran diferencia entre exigir “elecciones presidenciales” en Venezuela y poner encima de la mesa una “opción militar”, o la posibilidad de alentar un enfrentamiento civil que todas las cancillerías europeas han insistido que de ninguna manera respaldarán.
Y tampoco todos los países de la UE han respaldado la autoproclamación de Guaidó. Por razones políticas distintas, Italia ha decidido mantenerse neutral y no reconocer al opositor. Tampoco el gobierno griego de Syriza, que ha apostado por “la no injerencia en los asuntos internos de otro país”.
La posición de España ante la crisis venezolana era otra distinta a la finalmente adoptada. Apostaba por abrir cauces de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, para alcanzar una solución negociada. Fueron las presiones directas de EEUU las que forzaron un cambio de postura. Lo revela con todo lujo de detalles un artículo publicado en El País ―nada sospechoso de simpatías hacia Maduro―, titulado significativamente “Trump exigió a España y a la UE romper todo diálogo con Maduro”.
La UE estaba debatiendo desde octubre sobre si formar un “grupo de contacto internacional” para propiciar el diálogo en Venezuela. El propio Ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo en el Congreso: “Tenemos mucha presión, no les voy a decir de quién, pero se lo pueden imaginar, para que votemos en contra de la creación de este grupo.”
Se refería al intenso marcaje al que la administración Trump estaba sometiendo al gobierno de Sánchez para que reconociera a Guaidó, y sobre todo, para que “rompiera cualquier canal de diálogo con Nicolás Maduro”. A finales de enero, el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, de visita en Washington, se reunió con la Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, y con responsables del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Trump. Los estadounidenses le vaticinaron que se avecinaban “acontecimientos importantes” en Venezuela.
Al día siguiente, el gobierno español recibió una llamada de la embajada estadounidense en Madrid, concretando los “augurios”. “Es probable que Guaidó se proclame presidente hoy y nosotros lo vamos a reconocer”. Horas después se produce la autoproclamación y Washington la respalda ipso facto.
Poco después del autonombramiento, Borrell se reunió con el embajador norteamericano en España, Duke Buchan III. “Estados Unidos está convencido y nos lo ha hecho saber que no ha lugar a más mediación, ni más facilitación, ni más conversaciones, ni más nada”, dijo el Ministro al salir de la entrevista, mostrando un nada disimulado enfado.
Esas resistencias del gobierno Sánchez a alinearse sin matices tras la estrategia norteamericana volvieron a surgir poco después, cuando Borrell, preguntado por los periodistas por el “nuevo embajador” nombrado por Guaidó para España, respondió irónicamente: “¿Se lo ha anunciado a quién? ¿Y cómo ha hecho, ha salido a la plaza y lo ha nombrado o cómo es la cosa?”.
Sin embargo, no es un alineamiento férreo ni incondicional detrás de Washington, como con toda seguridad hubiera tomado el Gobierno si estuvieran Casado, Rajoy o Aznar como inquilinos de la Moncloa. Borrel ha declarado que en ningún caso apoyará una solución armada ni que implique una mayor desestabilización del país. «No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente de que no apoyaríamos, y condenaríamos firmemente, cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca»
Pero si hay resistencias en el gobierno Sánchez, en la sociedad española son muchísimo mayores. Según el barómetro de La Sexta, más del 73% de los españoles rechaza una posible intervención militar de EEUU en Venezuela. El apoyo es mínimo si la pregunta se dirige a votantes de Unidos Podemos o del PSOE, pero ni siquiera es mayoritario entre los votantes de Ciudadanos (60,5% en contra) o los del PP (50,7% en contra).