Cargando...«Telefónica causó este jueves un fuerte revuelo al anunciar un recorte del 20% de la plantilla en España, que pilló por sorpresa a los sindicatos y al Gobierno. Pero la empresa se guardaba otras dos sorpresas. Pasada la medianoche, envió a la CNMV la convocatoria de su próxima junta de accionistas en la que propone que se aprueben incentivos millonarios para premiar a sus directivos en los próximos años. Y algo más tarde, propuso también el pago de un dividendo de 0,75 euros por acción para el 6 de mayo y de 0,77 euros en el segundo semestre, lo que equivale a algo más de 6.900 millones en total»
Tras el anuncio de la junta, además, Telefónica ha ublicado esta mañana el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2010. En él, se recoge que la remuneración agregada de los consejeros de la compañía del pasado año fue de 21,7 millones de euros más otros 5,9 millones por su participación en otros consejos de administración de sociedades del grupo. Los tres principales ejecutivos (Alierta, Linares y Álvarez-Pallete) ganaron en total casi 21 millones de euros, a razón de unos 7 millones de euros por cabeza, aunque lo normal es que la retribución del presidente sea más alta (EL PAÍS) EL MUNDO.- ¿Es legal? Telefónica cumple aparentemente con la legislación. Todo parece indicar que el ERE se presentará por «razones tecnológicas», una de los criterios previstos en la ley para reestructurar plantillas, con lo que soslaya la aparente contradicción de presentar un ERE cuando la compañía registra beneficios ¿Y es ético ese pago extra a los ejecutivosen estas condiciones? Desde luego, es muy difícil de explicar que la misma empresa que despide a más de 6.000 trabajadores premie con una lluvia de millones a 1.900 directivos por hacer bien su trabajo. Por ejemplo, Alierta y Linares -los dos primeros ejecutivos- y Álvarez Pallete, presidente en Latinoamérica, se pueden embolsar 50 millones en los próximos cinco años. EL PERIÓDICO.- Sin duda, el mayor éxito del soberanismo es que ha conseguido extender la idea de que España es un mal negocio para los catalanes. Lo ha logrado mediante la repetición sistemática de la tesis del expolio fiscal y la instrumentalización de cualquier elemento real, exagerado o imaginario de agravio comparativo con Madrid capital. La tesis del expolio se acompaña de otra idea en la que también el soberanismo insiste un día y otro: que por culpa del drenaje económico al que nos somete el Estado español la economía catalana está perdiendo peso en España y en el conjunto de Europa. Tanto la primera como la segunda afirmación son empíricamente falsas. Pero desde los medios públicos catalanes de comunicación, así como también desde algunos grupos privados, se difunde este tipo de planteamientos mientras se esconden otras evidencias. Economía. El País Telefónica propone bonus millonarios para sus directivos tras anunciar el recorte de plantilla Miguel Jiménez Telefónica causó este jueves un fuerte revuelo al anunciar un recorte del 20% de la plantilla en España, que pilló por sorpresa a los sindicatos y al Gobierno, los cuales mostraron su malestar. Pero la empresa se guardaba otras dos sorpresas. Pasada la medianoche, envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la convocatoria de su próxima junta de accionistas, a celebrar el 18 de mayo, en la que propone que se aprueben incentivos millonarios para premiar a sus directivos en los próximos años. Y algo más tarde, propuso también el pago de un dividendo de 0,75 euros por acción para el 6 de mayo y de 0,77 euros en el segundo semestre, lo que equivale a algo más de 6.900 millones en total. El principal de los planes de premios es el denominado PIP, abreviatura de Performance & Investment Plan. El plan consiste en la entrega de acciones de Telefónica en concepto de retribución variable y en función del cumplimiento de los objetivos que se establezcan. El fin del plan, según Telefónica, es "alinear los intereses del Equipo Directivo del Grupo Telefónica con los de sus accionistas". La compañía explica que el grupo de potenciales partícipes está compuesto por aproximadamente 1.900 directivos. "El importe máximo total destinado al plan se fija en la cantidad de 450 millones de euros", señala Telefónica. El plan PIP tendrá una duración total de cinco años y se dividirá en tres ciclos de tres años de duración cada uno de ellos (es decir, con entrega de las acciones que correspondan en cada ciclo a los tres años de su inicio), independientes entre sí. El primer ciclo se iniciará el 1 de julio de 2011 (con entrega de las acciones que correspondan a partir del 1 de julio de 2014), es decir, coincidirá plenamente con el periodo en el que Telefónica planea reducir un 20% su plantilla en España. El tercer ciclo arrancará el 1 de julio de 2013 (con entrega de las acciones que correspondan a partir del 1 de julio de 2016). Entre los partícipes del PIP están los actuales consejeros ejecutivos de Telefónica, quienes, en caso de cumplirse en su integridad los requisitos y condiciones establecidos en el Plan, tendrían derecho a recibir, a la finalización del primer ciclo, el siguiente número de acciones: César Alierta Izuel: 390.496 acciones; Julio Linares López: 234.298 acciones; y José María Álvarez-Pallete López: 124.249 acciones. Las acciones que le corresponderían como máximo a Alierta en el primer bloque están valoradas en unos siete millones de euros y la de los otros dos directivos, en unos 6,5 millones. Las cantidades a recibir en los otros dos ciclos se irían fijando sucesivamente, pero la empresa ha puesto un tope de 37 millones de euros para esos tres ejecutivos en los dos bloques restantes. Con ello, las acciones destinadas a repartirse entre los tres máximos ejecutivos de Telefónica pueden ascender a 50 millones de euros de valor original. El PIP no es un plan de opciones sobre acciones (stock options) como el que en su día aprobó el anterior presidente, Juan Villalonga, sino que es un plan de entrega de acciones. La principal diferencia es que las opciones solo generan ganancias si las acciones suben por encima de un determinado nivel. En este caso, las acciones pueden generar la máxima retribución con una mínima revalorización si su rentabilidad es mayor que la de otras empresas. En sentido contrario, si las acciones lo hacen peor que la mayoría del grupo que sirve de comparación, no generarían ganancias para los ejecutivos. Las acciones que se entreguen procederán de la autocartera o de ampliaciones de capital. En el caso de este plan, las acciones que efectivamente se reciban dependerán de la evolución de Telefónica en Bolsa comparación con las acciones del índice Dow Jones Global Sector Titans. En el mejor de los casos, si la compañía está entre las más rentables en Bolsa en esos plazos, el premio podría llegar a ser del 125% de la cantidad asignada. Al margen del PIP, el consejo de Telefónica también propone a la junta que apruebe un plan restringido de incentivo a largo plazo consistente en la entrega de acciones de Telefónica destinado a empleados y personal directivo y ligado a su permanencia en el Grupo Telefónica por importe máximo de 50 millones de euros. Además, también se propone a la junta aprobar un Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica dirigido a empleados, incluyendo el personal directivo, así como a los consejeros ejecutivos del Grupo Telefónica. El Plan tendrá una duración mínima de dos años y máxima de cuatro años a contar desde su implantación. El importe asignado a este plan no superará los 65 millones de euros. La documentación puesta a disposición de los accionistas también indica que los consejeros ejecutivos tienen un blindaje de tres a cuatro anualidades. Asimismo, se indica que el BBVA cerró 2010 con una participación del 6,279% en la compañía. Por otro lado, el orden del día de la junta confirma que el representante de China Unicom que se sentará en el consejo de Telefónica será su presidente, Chang Xiaobing. Tras el anuncio de la junta, además, Telefónica ha publicado esta mañana el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2010. En él, se recoge que la remuneración agregada de los consejeros de la compañía del pasado año fue de 21,7 millones de euros más otros 5,9 millones por su participación en otros consejos de administración de sociedades del grupo. Los tres principales ejecutivos (Alierta, Linares y Álvarez-Pallete) ganaron en total casi 21 millones de euros, a razón de unos 7 millones de euros por cabeza, aunque lo normal es que la retribución del presidente sea más alta. Telefónica es de la única de las cinco mayores empresas cotizadas españolas que no publica el sueldo de su presidente ni lo somete a la votación de los accionistas. La empresa cree que "su votación podría derivar en un debate abierto en cada junta, generando por tanto inestabilidad e incertidumbre", según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. EL PAÍS. 15-4-2011 Editorial. El Mundo Prejubilaciones y ‘stock options, un dilema ético TELEFÓNICA tiene previsto recortar en unos 6.000 trabajadores su plantilla en España con un plan de jubilaciones anticipadas. A la vez, ha anunciado un programa de incentivos para 1.900 ejecutivos por el que les pagará 450 millones de euros si se logran determinados resultados. Las dos noticias, conocidas en apenas 24 horas, han provocado un debate social que ha pillado con el pie cambiado al Gobierno. Rubalcaba respondía ayer con un escueto «no estoy de acuerdo» al ser preguntado por el tema tras el Consejo de Ministros. En la misma línea se expresó el jueves el ministro de Trabajo: «No es un buen momento para un recorte de ese tamaño». El Ejecutivo aceptaba la reestructuración y confiaba en un acuerdo con los sindicatos para evitar un conflicto social, pero la simultánea divulgación del programa de stocks options le ha puesto en un compromiso ante la opinión pública. El plan de prejubilaciones afectará a los empleados que tengan desde 52 o 54 años, según las condiciones que se negocien. Los trabajadores cobrarán dos años el paro -el máximo permitido-; después, la empresa les pagará un porcentaje del salario, y a partir de los 61 años empezarán a recibir su pensión pública, complementada también por el sueldo privado. ¿Es legal? Telefónica cumple aparentemente con la legislación. Todo parece indicar que el ERE se presentará por «razones tecnológicas», una de los criterios previstos en la ley para reestructurar plantillas, con lo que soslaya la aparente contradicción de presentar un ERE cuando la compañía registra beneficios ¿Y es ético ese pago extra a los ejecutivosen estas condiciones? Desde luego, es muy difícil de explicar que la misma empresa que despide a más de 6.000 trabajadores premie con una lluvia de millones a 1.900 directivos por hacer bien su trabajo. Por ejemplo, Alierta y Linares -los dos primeros ejecutivos- y Álvarez Pallete, presidente en Latinoamérica, se pueden embolsar 50 millones en los próximos cinco años. El Ministerio de Trabajo debe analizar en profundidad el ERE y debería pensarse dos veces el aprobarlo si la empresa mantiene los incentivos. Pero debemos ir al fondo de la cuestión. Desde este periódico hemos sido reticentes al uso -y hemos criticado el abuso- de las prejubilaciones para resolver los problemas laborales de las empresas. España necesita esa mano de obra cualificada y con experiencia y enviar a gente al retiro con poco más de 50 años es un lujo que una economía competitiva no se puede permitir. No entendemos por qué la ley permite que los trabajadores prejubilados cobren dos años el paro antes de empezar a recibir la remuneración que la empresa les paga hasta el retiro. Se considera que el subsidio de desempleo se paga al despedido mientras busca trabajo y es difícil que los prejubilados que tienen asegurado unos ingresos se afanen en hacerlo. Parece más bien un favor que se hace a la compañía, a la que se le permite ahorrar el salario de los trabajadores prejubilados mientras cobran del erario. En Telefónica, el coste para el Estado podría ascender a 208 millones de euros. Telefónica nos pone de nuevo ante los males del mercado laboral español. La fuerte dualidad entre la contratación indefinida y la temporal hace que las compañías se vean abocadas al despido de trabajadores fijos cuando vienen mal dadas y la rigidez de la negociación colectiva supone un incremento artificial de costes que también redunda en el empleo. Este controvertido caso nos debe servir para darnos cuenta de los cambios radicales que necesita el mercado de trabajo español. La reforma laboral aprobada es un sucedáneo en el que hay que profundizar con urgencia y es preciso que se ponga en marcha ya un nuevo sistema de negociación colectiva. EL MUNDO. 16-4-2011 Opinión. El Periódico El mal negocio de la independencia Joaquim Coll Sin duda, el mayor éxito del soberanismo es que ha conseguido extender la idea de que España es un mal negocio para los catalanes. Lo ha logrado mediante la repetición sistemática de la tesis del expolio fiscal y la instrumentalización de cualquier elemento real, exagerado o imaginario de agravio comparativo con Madrid capital. Si hace solo unos años la desnuda afirmación de que «España nos roba» se circunscribía a sectores políticos minoritarios, ahora incluso los que ocupan, supuestamente, una posición central en el catalanismo han acabado suscribiendo afirmaciones radicales. Meses atrás, Felip Puig nos regalaba esa brillante rima sonora de «independencia o decadencia». Y hace unas semanas Jordi Pujol se sumaba a la disyuntiva «independencia o extinción», afirmando que somos víctimas de un insufrible expolio que durante 23 años él nunca vio. Recordemos que expoliar significa «robar con violencia o maldad». Pues bien, Pujol hizo de esa expresión uno de sus principales argumentos en la conferencia donde, para asombro de Duran Lleida, consumó el paso al independentismo. La tesis del expolio se acompaña de otra idea en la que también el soberanismo insiste un día y otro: que por culpa del drenaje económico al que nos somete el Estado español la economía catalana está perdiendo peso en España y en el conjunto de Europa. Tanto la primera como la segunda afirmación son empíricamente falsas. Pero desde los medios públicos catalanes de comunicación, así como también desde algunos grupos privados, se difunde este tipo de planteamientos mientras se esconden otras evidencias. Así, por ejemplo, un velado silencio ha caído sobre el último número de la Revista Econòmica de Catalunya donde diversos investigadores, entre ellos el profesor Joan Trullén, demuestran en un interesante artículo que: 1) la economía comercial catalana sigue siendo con mucho la primera en España; 2) el peso industrial de Catalunya dobla al de la segunda comunidad autónoma, que es Madrid; 3) la economía catalana ha ganado peso absoluto y relativo en términos de PIB respecto a la media europea; y 4) la expansión turística de la marca Barcelona es un fenómeno internacional, con más de 16 millones de viajeros, pero de los cuales casi un tercio son españoles. Con todo, la parte más relevante es la confirmación de lo que hace años ya destacaron los economistas Joan Sardà y Ernest Lluch: la importancia del superávit comercial catalán con el resto de España. Ahora disponemos de un análisis a fondo de datos que se remontan a 1995 gracias a la red C-intereg (www.c-intereg.es), impulsada por los institutos de estadística de ocho comunidades autónomas. De entrada, sobresale el papel de la economía catalana como potencia exportadora internacional, muy por delante de Madrid. Con todo, el gran peso de las importaciones hace que la balanza comercial con el exterior siga siendo deficitaria; concretamente en el 2009 fue de 17.400 millones de euros, lo que representa el 9% del PIB catalán. Pero al lado del intercambio con el exterior, mucho más importantes son los flujos comerciales con el resto de España. Aquí la goleada de Catalunya es espectacular. Vendemos por valor de 51.000 millones y, en el 2009, el saldo neto supuso el 12% de nuestro PIB, siendo las comunidades de Madrid, Valencia, Aragón y Andalucía nuestros principales clientes. El incremento del superávit comercial ha sido del 60% desde 1995. De todo lo cual se constata que la economía catalana sigue estrechamente vinculada con el resto de España. Pese al necesario esfuerzo de internacionalización, España sigue siendo nuestro mercado. Es absurdo, pues, renunciar al histórico papel de ser la puerta de entrada y de conexión con Europa. Contra lo que afirma el president Artur Mas, España no se nos ha quedado pequeña. Qué sentido tiene entonces estar constantemente amenazando con irnos. ¿Por qué Mas da aliento con sus gestos y declaraciones a un escenario de ruptura? En otro orden de cosas, comparto la crítica a un modelo de inversiones que en infraestructuras ha confundido demasiadas veces Madrid con España o a una gestión del aeropuerto ineficazmente centralizada. Pero me irrita que se convierta todo ello en una verdad absoluta, frente a la cual los creadores de opinión en Catalunya son incapaces de poner en valor otros elementos, como, por ejemplo, que desde el 2004 hasta hoy, o sea, bajo el Gobierno del tan denostado Rodríguez Zapatero, Catalunya ha sido la primera comunidad en inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento. O la importancia de la línea ferroviaria de mercancías que une el puerto de Barcelona con Lyón, recién inaugurada. O el compromiso real del Gobierno con el corredor mediterráneo. Frente a esto, la repetición de las tesis del expolio y de la decadencia catalana dentro de España responde a una estrategia orientada a saltar el muro de la doble identidad (catalana y española) de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya. Una estrategia política que se propone empujar a los catalanes, aunque sea por un camino ruinoso, hacia la independencia. EL PERIÓDICO. 16-4-2011