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El expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por una suma de delitos que podrían condenarle a 43 años de cárcel. El fiscal general de Brasil ha denunciado al exmandatario por liderar el intento de perpetrar un golpe de Estado -la toma tumultuaria, al más puro estilo trumpista, de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en enero de 2023- para revertir su derrota en las urnas frente a Lula da Silva.
El expresidente Bolsonaro dirigía “una organización criminal basada en un proyecto autoritario de poder”. Es lo que sostiene el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, que ha denunciado oficialmente ante el Tribunal Supremo al ultraderechista por cargos como abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal, entre otros. Una suma de delitos que podrían llevar al exmilitar a pasar 43 años entre rejas. Unas acusaciones que concuerda con las que hizo el pasado mes de noviembre la policía brasileña, que también solicitó la imputación del expresidente.
Bolsonaro (como obvia cabeza de la asonada que llevó el 8 de enero de 2023 a miles de sus seguidores a asaltar la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, pidiendo la intervención del Ejército para impedir la investidura del vencedor de las elecciones, Lula da Silva) sigue así los pasos de sus cómplices. Ya han sido denunciadas 33 personas, incluidos varios de sus ministros y un antiguo jefe de la Marina. Uno de los acusados, el general de cuatro estrellas retirado Walter Braga Netto, que fue candidato a vicepresidente del ultraderechista, está en prisión por obstaculizar las investigaciones.
Por supuesto, Bolsonaro alega que está siendo víctima de una caza de brujas por parte del actual presidente, Lula da Silva, y de un juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. Pero ya tiene en contra una aplastante cantidad de pruebas y de indicios que lo señalan como principal instigador del Golpe. La mayor parte de las mismas ha sido proporcionada al fiscal por un «Judas», el que fue secretario personal de Bolsonaro, el militar Mauro Cid, cuyos testimonios han sido claves para incriminar al ultra.
Cid ejerció de enlace con otros militares, generales retirados, en activo, miembros de las tropas de élite…, con los que Bolsonaro urdió el intento de asonada. Hay dos reuniones que dibujan el papel del expresidente en el Golpe.
En la primera, antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con varios de sus ministros y los animó a que calentaran el ambiente, lanzando bulos sobre sobre la seguridad de las urnas electrónicas que Brasil usa desde hace décadas. En la segunda, tras el resultado electoral, el ya en funciones presidente convocó a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Les propuso aprobar un decreto que otorgara poderes excepcionales a los militares para impedir que Lula tomara posesión. Los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea se negaron, mientras que el de Marina apoyó la propuesta golpista.