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Brasil vive la quema de la selva más grande desde 2010 en que se produjo un episodio de grave sequía. Pero ésta no es la razón de los casi 31.000 fuegos de este mes agosto, casi el triple del mismo mes del año anterior. Fuego abierto contra el Pulmón del planeta y sus habitantes, que en lo que va de año ha destruido el equivalente a 4 millones de campos de fútbol (30.000 km²) de suelo amazónico. Bolsonaro liquida las conquistas del Partido de los Trabajadores.
Desde agosto el mundo ha vuelto la mirada sobrecogido a Brasil y otros países que comparten el Amazonas, como Bolivia o Paraguay. Los incendios devoran la selva. Más de 76.000 focos en lo que va de año. El país más afectado es Brasil. De los 5’5 millones de km² de superficie de selva, casi 4’2 (el 76%) pertenecen a territorio brasileño.
Debemos remontarnos a 2005 o 2010 para ver una catástrofe equivalente por la sequía extrema, que se repitió en 2015-16. Pero “en 2017 y 2018 tuvimos un periodo de lluvias suficientes. En 2019 no tenemos eventos climáticos que provocan sequías, como El Niño, o por lo menos no están aconteciendo con intensidad. No se puede usar el clima para explicar este aumento de los incendios” apuntan desde el Ipam (Instituto de investigación ambiental del Amazonas).
El fuego tiene razones políticas y económicas. Bolsonaro se ha manifestado reiteradamente, antes y después de llegar al gobierno, en contra de las medidas que protegían el territorio salvaje y a los pueblos indígenas que lo ocupan. Para hacer avanzar los intereses económicos de grandes empresas y terratenientes. De las temerarias declaraciones a la terrible realidad de las medidas tomadas al acceder al gobierno.
El humo oscurece el horizonte de Brasil
Bolsonaro ha puesto fin a una etapa en la que el crecimiento económico y el desarrollo del país han estado ligados a la protección ambiental y la defensa de las comunidades y pueblos del Amazonas. El gobierno brasileño ha puesto en marcha toda una maquinaria legislativa que agrede al tradicional sistema de tierras colectivas, la Ley 13.465/17, del periodo de Michel Temer, a través de la que se han cumplido con una gran cantidad de contratos de concesión.
La ofensiva es abierta y total: recortes presupuestarios en prevención y control de incendios han perdido un 38,4% de su presupuesto; la partida para la concesión de licencias ambientales es un 42% menor; y la agenda climática, un 95%. Ha sustituido al director del INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial), el físico Ricardo Galvão, por un oficial de la Fuerza Aérea Brasileña.
Los intereses del agronegocio, las madereras o la industria minera se han antepuesto de forma dramática a los del conjunto de la sociedad brasileña. Los terratenientes llegaron a realizar el 10 de agosto el “día del fuego”, acuciando al gobierno para trabajar sobre tierras protegidas, afirmando que el “único modo de trabajar es tumbando la selva”.
Según la exministra de Medio Ambiente del PT, Marina Silva: “desde que empezamos a reducir la deforestación nos convertimos en líderes en la agenda ambiental global. Ahora volvimos a una situación incluso peor a la que teníamos en la década de los ochenta”.
De vanguardia ambiental a amenaza ecológica
El viraje dado por el nuevo gobierno en Brasil, supone serias dudas sobre el plan de los gobiernos de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, para reducir la deforestación en un 40% hasta 2020.
El Brasil de Lula fue ejemplo mundial en la protección medioambiental y el freno a la deforestación. A la cabeza no solo por sus políticas internas (protegió un 52% más de territorio natural, y el ritmo de deforestación bajño en un 83%) sino por su responsabilidad y exigencia a nivel internacional. Encabezando las propuestas de la cumbre de Copenhague de 2013, para vincular a los países occidentales (EEUU, Unión Europea, etc) en la reducción de gases de efecto invernadero y la ayuda a países en desarrollo para poder rebajar sus emisiones. Países occidentales que en gran medida son los responsables de la deforestación y expolio de los países del tercer mundo. China o India adquirieron compromisos para reducir emisiones y desarrollar energías renovables. Además de coordinar a los países del entorno amazónico en su defensa.
Un informe de la ONU en 2014 destacaba los esfuerzos de Brasil y su gobierno del PT, con Lula y después Dilma Roussef, como un ejemplo global de éxito en la reducción de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento titulado “Historias de éxito en torno a la deforestación: Países tropicales en los que han funcionado las políticas de protección forestal y reforestación” contiene un capítulo dedicado a Brasil: “Los cambios en la Amazonia brasileña y la contribución que han supuesto para ralentizar el calentamiento global, no tienen precedentes”, dice el documento. Suponiendo “una enorme contribución a la lucha contra el cambio climático, más que la de cualquier otro país de la Tierra” concluye el informe.
Las leyes impulsadas por Bolsonaro dan prioridad a los beneficios de las grandes empresas y multinacionales, que obtienen cuantiosos beneficios y recursos. Poniendo a un lado las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas, y del conjunto de la población del país.
El fuego es un cruel elemento de destrucción de los hábitats de la Amazonia, junto con la tala legal o ilegal, la construcción de infraestructuras o la minería (que provocó los desastres ecológicos de la rotura de presas en Bento Rodrigues 2015 o Brumadinho en enero de este 2019) que está avanzando a niveles nunca vistos desde la década de los 80.
La impunidad con que se arrasa con el patrimonio de todo Brasil levanta innumerables resistencias.
Una respuesta contundente
No encontramos la solución para la lucha contra el fuego en la sibilina -y minúscula- ayuda que ofrecen los países del G7 desde Biarriz (20 millones de €), que será a regañadientes aceptada por Bolsonaro. Esta ayuda interesada más tiene que ver con las importaciones y privilegios de las burguesías monopolistas occidentales en Brasil que con la solidaridad de los pueblos.
Es en el propio Brasil, en el corazón de sus pueblos, tribus y quilombolas, desde donde la resistencia popular se levanta frente a la expropiación de las riquezas y recursos del suelo amazónico, que desde hace miles de años son su raíz. Los activistas que hoy luchan por los derechos de los indígenas o los sin tierra ya no lo hacen solo con flechas. Muchos de ellos tienen carreras universitarias y mejores condiciones para defender a su gente y su tierra. Porque la política de Bolsonaro y el capitalismo no solo atentan contra la selva, sino contra la vida misma.
En la revista Brasil de Fato, La Vía Campesina declara los sucesos de Brasil como crímenes contra la humanidad: “Es fundamental que toda la sociedad brasileña, latinoamericana y mundial sepa con claridad que este no es un fenómeno aislado. El gobierno de Bolsonaro articuló un violento discurso contra la legislación y los mecanismos de conservación ambiental brasileños, al mismo tiempo que aumentaron la persecución y criminalización de los pueblos que históricamente protegieron los biomas brasileños: pueblos indígenas y familias campesinas…”
¡Contra el avance del capital, los pueblos en defensa de la Amazonia!