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La reunión informal del Ecofin (ministros de economía de la eurozona) del pasado fin de semana ha dejado como conclusión una sorprendente medida, de hondas consecuencias económicas y políticas, pero que, en medio del tumulto creado por la deuda griega, ha pasado inadvertida para la mayoría. Va a proponer a la Comisión europea el establecimiento de un mecanismo de control que supervise previamente, antes de ser aprobados por sus respectivos parlamentos, los presupuestos de cada uno de los Estados de la zona euro.
Tras la reunión, el comisario de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn –al que Berlín ropuso para el cargo tras su exitosa gestión en la segunda ronda de ampliación de la UE a los países de Europa del Este–, afirmó que la Unión Europea y el euro deben asegurarse de que una crisis como la provocada por la deuda griega no se propague ni se repita. Su propuesta consiste, por un lado, en endurecer las sanciones a los países que excedan su déficit público y, por otro, ejercer una vigilancia presupuestaria más estrecha de los Estados.A tal fin, el próximo Consejo de la Unión Europea, estudiará aprobar que los presupuestos generales del Estado de cada uno de los países sean presentados, con anterioridad a su discusión en los parlamentos nacionales, al resto de países miembros, que tendrán la capacidad de establecer límites al gasto público o corregir las previsiones de ingresos de los gobiernos que consideren demasiado “optimistas”.Pese a las tímidas protestas, formales y con la boca pequeña, de Alemania, la realidad es que es Berlín el verdadero autor intelectual de la propuesta, con la que persigue el objetivo de disponer de mecanismos de control sobre la política presupuestaria de los Estados del sur y del este de Europa, política y económicamente más débiles.Tras aprobar con durísimas condiciones el plan de rescate de Grecia, Alemania está decidida a cobrarse, en réditos políticos y económicos, el coste del plan.Puesto que no vamos a dejar caer en la quiebra a ningún Estado de la zona euro por las consecuencias que tendría sobre la fortaleza y la estabilidad del euro, y por tanto para nuestros propios intereses, argumenta Berlín, de lo que se trata ahora es de controlar de antemano la política económica de esos Estados para impedir que vuelvan a colocarse en una situación límite.Nadie, es obvio, está dispuesto a reconocerlo, pero como perspicazmente ha señalado estos días algún comentarista en nuestro país, estamos ante el establecimiento de un auténtico “protectorado alemán”. Protectorado que ya ha sido impuesto sobre Irlanda y que en Grecia se muestra con síntomas tan evidentes como que el Bundesbank y los grandes bancos alemanes envíen a “comisarios políticos” para escudriñar las cuentas del Estado griego e imponer un plan de ajuste todavía más duro al propuesto por el gobierno de Papandreu.Controlar previamente las políticas económicas de los gobiernos de la zona euro, supervisar que los recortes en el gasto público son los necesarios para que los Estados deudores hagan frente a sus deudas, controlar estrictamente la austeridad en el gasto, sin permitir ‘veleidades’ en los costosos sistemas de protección social y dirigir con mano de hierro desde Berlín el cumplimiento de los límites de déficit y deuda pública contemplados en el Pacto de Estabilidad. Esto es lo que se persigue con la nueva propuesta y lo que delinea, en pocas palabras, el contenido del “protectorado” alemán que se dibuja en el futuro inmediato.España cedió en las negociaciones para la entrada en el Mercado Común el control sobre buena parte del tejido productivo, que fue o eliminado o vendido al capital europeo, en particular francés y alemán. Con el ingreso en el euro cedimos nuestra soberanía monetaria, con las consecuencias que ahora estamos sufriendo de no poder utilizar la política monetaria para recuperar competitividad y poder salir más rápidamente de la crisis. Y ahora, para cerrar el círculo vicioso de la dependencia, Berlín exige que cedamos también la soberanía en política económica.