Cargando...Mariano Rajoy dará explicaciones a la sociedad española sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular puesta al descubierto por la reciente declaración de su ex tesorero, Luis Bárcenas, preso desde hace más de tres semanas en la cárcel castellana de Soto del Real. Rajoy dará explicaciones en fecha próxima, pero el formato de la comparecencia aún está por decidir. El presidente dedica este fin de semana a reflexionar sobre la cuestión, según fuentes gubernamentales consultadas por este diario. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, declaró ayer en Palma que “Rajoy comparecerá para tranquilizar a la población”.
La decisión aún no está tomada. Algunos de los asesores del presidente, en la más genuina línea arriolista (Pedro Arriola Ríos, sociólogo de cabecera del Partido Popular desde 1989), siguen aconsejando perfil discreto, sortear agosto y llegar a septiembre con el ambiente más oreado. Otros defienden que la tradicional conferencia de prensa de final de curso –esta semana o la próxima– podría ser un mecanismo eficaz para rendir cuentas. Otros consideran del todo insoslayable la sede parlamentaria. Y otros aconsejan al presidente del Gobierno que deje solo a Alfredo Pérez Rubalcaba con su moción de censura una mañana soleada del mes de agosto.
Y, mientras tanto, el cuadro español vuelve a presentar tonalidades muy oscuras. En la fase decisiva de la crisis económica (hipótesis de lento despegue) y con un enorme banco de niebla sobre el ideal europeo, la respetabilidad del sistema político se halla en el momento más bajo desde 1977.
Durante la agonía del franquismo, un año antes de la muerte del dictador, la España oficial alumbró el espíritu del 12 de febrero (de 1974) con el que Carlos Arias Navarro, sombrío presidente del Gobierno, pretendía implantar unas “asociaciones políticas” a modo de placebo democrático. Se creó un registro y comenzaron a surgir asociaciones como setas (Frente Nacional Español, Unión Nacional Española, Asociación Laborista, Defensa Agraria Social, Unión del Pueblo Español, Frente Institucional, Nueva Izquierda Nacional…). Nadie creyó en aquellas asociaciones. Murió Franco, vino el Rey, cayó Arias, gobernó Adolfo Suárez y se pactó el regreso de los partidos, verdadero signo de democracia para la gran mayoría.
Treinta y seis años después –treinta y seis años, el ciclo fatídico español–, el prestigio de los principales partidos comienza a no distar mucho de aquellas fantasmagóricas asociaciones políticas. La fenomenal explosión del caso Bárcenas, dejando al descubierto algunas de las zonas oscuras de la anatomía financiera del Partido Popular, ha acelerando de manera impredecible el desgaste sistémico.
Hay datos. El barómetro del pasado mes de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –elaborado semanas antes de la deposición de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional–
mostraba una caída en picado de todos los indicadores de confianza política: confianza en el sistema Gobierno-oposición, en la labor del Gobierno y en la labor del primer partido de la oposición. Las gráficas son vertiginosas: dientes de sierra que bajan en picado, como farallones de Finisterre. Para tres de cada diez españoles (30,7%), los partidos constituyen uno de los principales problemas de España, sólo por detrás del paro (80,5%) y de otras dificultades de índole económica (32,5%). Y son el principal problema, por delante de la dolorosa desocupación, para un 11,4% intensamente enfadado. Negro panorama con un dato marginal, pero revelador: los nacionalismos y la cuestión catalana sólo son considerados hoy un problema grave por el 0,6% de los españoles.
Una situación inédita, sólo salvada por la ausencia de convocatorias electorales en un horizonte inmediato. El ciclo electoral recomenzará lentamente a principios del 2014 con los preparativos de las elecciones europeas del mes de mayo. Un año después vendrá la máxima ebullición: elecciones municipales y regionales y comicios generales, con pocos meses de diferencia si se respetan los calendarios.
Los grandes casos de corrupción tienen un fuerte eco. Cuando uno estalla, resuenan otros y canta todo el sistema. La contabilidad B del Partido Popular otorga un carácter más sombrío al desvío de dinero de la Junta de Andalucía en los expedientes de regulación de empleos supuestamente trucados por responsables políticos y altos funcionarios de la principal administración regional del sur de España. La estimación económica del fraude es monumental: 50 millones de euros, según cálculos de la Guardia Civil. Un baldón para el PSOE, todavía no repuesto del negacionismo de José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis.
Personas vinculadas a Izquierda Unida, formación hoy coaligada con el PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía, aparecen en los aledaños judiciales del caso (un exteniente de alcalde de IU se halla imputado por presuntas irregularidades por la venta de terrenos de Mercasevilla).
En Catalunya, el juez del caso Palau acaba de concluir la instrucción afirmando que Convergència Democràtica de Catalunya pudo haber recibido cinco millones de euros de los fondos irregulares que manejaba Fèlix Millet, pendiente de juicio por el saqueo de unas las más respetadas instituciones culturales catalanas. Una juez de Barcelona acaba de imputar a la gerente del PSC por presunta implicación en la rocambolesca trama de espionaje político organizada alrededor de la empresa de detectives Método 3. Muy pocos partidos se hallan fuera de la lluvia de escándalos. Un exconseller de ERC de la Generalitat está acusado de contrabando de tabaco de Andorra y las últimas investigaciones apuntan a que pudo dedicarse a esa actividad mientras dirigía el Departament de Governació. En Valencia, los diputados imputados (casi todos del PP) podrían formar hoy el tercer grupo de la cámara parlamentaria regional. En Galicia aún resuenan los casos Pokemon y Campeón (con la reciente exoneración del socialista José Blanco). Sólo los partidos de más reciente creación aparecen inmaculados. La reputación del PNV parece resistir en Euskadi. Y el caso Nóos pone la guinda a una España en la encrucijada.