Cargando...Son datos no fáciles de encontrar. Algunos elevan su cuantía sustancialmente e incorporan a ellos los 300.000 millones de euros de liquidez obtenidos del Banco Central Europeo (BCE). Tienen distinta naturaleza: miles de millones de euros son ya pérdidas, y por tanto engrosan el déficit público; otros todavía son deuda y están pendientes de devolver… si las cosas vienen bien dadas. La mayor parte corresponden al dinero del contribuyente, y por tanto se han utilizado como socialización de pérdidas para salvar a empresas privadas; otros han sido proporcionados por el sector financiero a través de los mecanismos comunes de que disponen (por ejemplo, el Fondo de Garantía de Depósitos).
Son las ayudas a la banca española durante estos años de crisis. Su contabilización corresponde, básicamente, a Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), en un curso de hace unas semanas. Es, por tanto, una fuente de parte, y no neutral. Según el representante de la patronal bancaria, las ayudas a las entidades financieras en dificultades desde el inicio de la crisis podrían ascender a alrededor de 125.000 millones de euros, una cantidad equivalente a más de 12 puntos de PIB. No caigamos en la demagogia pero comparemos esta cifra, por ejemplo, con la que se va a dedicar a la lucha contra el desempleo juvenil (menores de 25 años) después de los resultados de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de la semana pasada. Pornografía pura.
De esos 125.000 millones, 75.000 corresponden al dinero puesto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —entidad de derecho público creada para gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito—, en dos tandas, y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La ayuda europea de 32.000 millones fue distribuida a través del FROB, y está incluida en esa cantidad global. Quedan 50.000 millones de euros correspondientes a los activos dañados de las entidades nacionalizadas y de las que han requerido asistencia financiera, adquiridos por la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La AEB calcula que de los 125.000 millones, casi 32.000 millones ya se dan por perdidos, a los que casi con seguridad habrá que añadir otros 8.000 millones. Total, cuatro puntos de PIB de déficit público, de los que más de tres puntos ya han sido contabilizados en el déficit del año 2012, que por ello llegó a superar el 10% del PIB, según las cifras aportadas por la Comisión Europea.
Es conveniente recordar estos datos cuando el marco político para una Unión Bancaria (UB) acaba de ser aprobada por el Consejo Europeo. Aunque falta la letra pequeña (y ahí es donde pondrán la carne en el asador los países más renuentes a esta iniciativa, como Alemania), lo declarado es que existan las mismas condiciones para todos los bancos europeos, independientemente del regulador nacional. En buena parte, se trata de regular el procedimiento para el uso de dinero público mediante inyecciones de capital tanto en las entidades financieras con problemas, pero rescatables, como en las insalvables que deban liquidarse, y quién pagará la factura. De los tres pilares de la UB —supervisión, liquidación y garantías— quedan por resolver asuntos centrales como el sistema de garantía de depósitos (agitado por el rescate chipriota, que generó una enorme alarma social en los ahorradores de toda la zona, por la inseguridad jurídica generada) o si se creará un fondo europeo de resolución de las crisis.
La crisis financiera europea ha tenido desde el inicio de la crisis dos etapas muy diferenciadas. La primera, su asimilación al contagio llegado de EE UU a través de las titulizaciones y de las hipotecas subprime (cuando el Gobierno republicano de George Bush tuvo que nacionalizar grandes bancos, aseguradoras y agencias hipotecarias para que sobreviviesen, en el otoño del año 2008) y los países europeos hubieron de practicar una política similar, utilizando el dinero del contribuyente. La segunda, cuando el uso de ese dinero generó un problema de déficit y de deuda pública. La UB tratará también de romper el bucle diabólico por el que la presencia de deuda soberana en las tripas de los bancos privados induce a una correlación malsana entre la calidad de esa deuda pública y la solvencia bancaria.