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«Se le rebelan los sindicatos, recibe serias advertencias de la autoridad financiera, del mundo empresarial y de los organismos internacionales. Y cada día que pasa crece el escepticismo sobre la posibilidad de un pacto de Estado que propicie un golpe de timón político a la economía española. La incertidumbre económica está complicando cada vez más el laberinto político en el que se halla metido el Gobierno».
El talante residencial ayer no tuvo efectos disuasorios en las protestas convocadas. A pesar del frío, de la lluvia y de la Champions League, los sindicatos lograron ayer una movilización suficiente como para que sirva de toque de atención preventivo al Gobierno. Hasta ahora, Zapatero había hecho bandera de su luna de miel permanente con los sindicatos. Era un signo de identidad de su proyecto político, pero la reforma de las pensiones amenaza con poner fin al idilio. (LA VANGUARDIA) EL PERIÓDICO.- Los sindicatos respondieron ayer a José Luis Rodríguez Zapatero con decenas de miles de manifestantes en Barcelona, Madrid y otras ciudades. CCOO y UGT dieron el primer aviso al presidente desde el inicio de la crisis. Los líderes sindicales dejaron claro a Zapatero y a su gabinete que hay líneas rojas que no deben traspasar si no quieren que el toque de atención de ayer vaya a mayores LEVANTE.- Las multitudinarias protestas de ayer no son un reflejo exacto de la opinión popular, pero no diferirán mucho de ella. El presidente deberá, pues, escuchar. Ya ha anunciado que no dará ningún «decretazo» y que dialogará para conseguir un acuerdo, pero es evidente que tiene ante sí un problema de futuro y de gran calado que no va a tener más remedio que abordar. EL PAÍS.- Las manifestaciones sindicales contra la ampliación de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años suponen el primer conflicto político entre el Gobierno y los sindicatos. El Gobierno debe mantener su propuesta y aceptar el riego de que el conflicto con los sindicatos se encone. Y no sólo porque los inversores internacionales vigilen el gasto público futuro, sino porque la reforma de las pensiones, junto con la del mercado laboral y la de las cajas de ahorros son las que toca hacer en este momento. La laboral y la financiera son urgentes; la de las pensiones puede y debe pactarse con tiempo y serenidad. ABC.- Mientras tanto, los problemas siguen su curso y las instituciones mantienen sus alertas. Pero ya importa poco, después de la renovada alianza de Zapatero con los sindicatos, que el gobernador del Banco de España insista, como lo hizo Fernández Ordóñez, en reclamar una reforma laboral y de la jubilación en profundidad para facilitar la recuperación de la economía. Este Gobierno empieza a moverse únicamente por instinto de supervivencia. Opinión. La Vanguardia Asedio a Zapatero Jordi Barbeta Al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se le han vuelto abrir de repente todos los frentes. Justo cuando empezaba a recuperar la iniciativa después del debate parlamentario de la semana pasada con su oferta de pacto anticrisis que había dejado descolocado al PP, se ha recrudecido el asedio. Se le rebelan los sindicatos, recibe serias advertencias de la autoridad financiera –otra vez el Banco de España–, del mundo empresarial y de los organismos internacionales, de nuevo la OCDE. Y cada día que pasa crece el escepticismo sobre la posibilidad de un pacto de Estado que propicie un golpe de timón político a la economía española. La incertidumbre económica está complicando cada vez más el laberinto político en el que se halla metido el Gobierno. De momento, para salir de él, la palabra mágica del presidente Zapatero sigue siendo la misma de siempre: "diálogo". Sin embargo, el talante presidencial ayer no tuvo efectos disuasorios en las protestas convocadas. A pesar del frío, de la lluvia y de la Champions League, los sindicatos lograron ayer una movilización suficiente como para que sirva de toque de atención preventivo al Gobierno. Hasta ahora, Zapatero había hecho bandera de su luna de miel permanente con los sindicatos. Era un signo de identidad de su proyecto político, pero la reforma de las pensiones amenaza con poner fin al idilio. Todos los organismos nacionales e internacionales y los analistas económicos de referencia consideran inevitable reformar las pensiones para evitar la quiebra del sistema, pero los sindicatos se cierran en banda con el argumento de que la reforma es, en palabras del líder de UGT, Cándido Méndez "injusta, inoportuna y como propuesta no se puede aceptar ni siquiera negociar". Méndez fue incluso más allá: "La presión de los mercados financieros está empujando al Gobierno para que cambie de caballo a mitad de la corriente y cuando alguien intenta eso se lo lleva la corriente". En vísperas de un año de elecciones sindicales importantes y con una generación de sindicalistas que mayoritariamente ronda la edad previa a la jubilación, no parece fácil que el Gobierno alcance acuerdo alguno con los que hasta ahora han sido sus interlocutores de referencia. Aun así, el presidente del Gobierno intentó enfriar el ambiente todo lo que pudo buscando la comprensión y hasta una cierta complicidad política con los sindicatos. "Saben (los sindicatos) que el Gobierno les escucha, porque este no es ni va a ser un Gobierno de decretazos", en clara referencia al último gobierno de Aznar, que tuvo que encajar una huelga general que acabó abortando la reforma del mercado de trabajo. Zapatero insistió en que la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, el gran quid de la cuestión de las protestas de ayer, "es una propuesta para el diálogo, el consenso y el acuerdo". Zapatero combinó dos discursos a la vez, porque al mismo tiempo que defendía la identidad política de su Gobierno en el ámbito de la protección social y de las relaciones laborales, añadió: "Somos un país maduro, fuerte, serio y podemos hacer un debate maduro, dispuesto a hacer los deberes hoy y no tener problemas mañana", en clara referencia al sistema de pensiones. El presidente hizo frente al asedio buscando la complicidad con los sindicatos y al mismo tiempo ofreciendo diálogo y pacto al Partido Popular. Fuentes gubernamentales aseguraban ayer que el presidente del Gobierno ha dado instrucciones a todos los ministros para que pongan todas las facilidades posibles a un acuerdo con el PP. Y ayer el PP quiso insistir en su faceta de partido pactista. Para demostrar su responsabilidad en los asuntos de Estado, Mariano Rajoy recordó ayer los pactos establecidos por los conservadores: el pacto antiterrorista, el pacto de gobernabilidad en el País Vasco, el acuerdo sobre el sistema financiero para demostrar que si no hay pacto de Estado anticrisis por el PP no será. Todo queda pendiente de la reunión negociadora de la comisión anticrisis creada por Zapatero y a la que por parte del Gobierno asistirán la vicepresidenta económica, Elena Salgado; y los ministros de Fomento, José Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián.Es la tabla de salvación con la que cuenta Zapatero para mantener la iniciativa política. El PP ha decidido participar en esta reunión aunque no alimenta demasiadas expectativas. Rajoy se negó a revelar los nombres de los representantes del partido conservador que enviará a la comisión negociadora. Señaló que pensaba informar por carta a la vicepresidenta Salgado de quiénes serían sus enviados y añadió que irían con la intención de "escuchar" las propuestas del Ejecutivo con la predisposición de apoyar las medidas que consideren razonables. Con todo, observó que esta comisión "parece un seminario, cuando lo que hace falta es un Gobierno que tome decisiones" (…) LA VANGUARDIA. 24-2-2010 Crónica. El Periódico Los sindicatos dan al Gobierno un primer toque contra las reformas A. Fuentes / R. M. Sánchez Los sindicatos respondieron ayer a José Luis Rodríguez Zapatero con decenas de miles de manifestantes en Barcelona, Madrid y otras ciudades. CCOO y UGT dieron el primer aviso al presidente desde el inicio de la crisis ante lo que consideran su primera agresión contra derechos sociales por el anuncio de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años. Los líderes sindicales dejaron claro a Zapatero y a su gabinete que hay líneas rojas que no deben traspasar si no quieren que el toque de atención de ayer vaya a mayores. Una de esas líneas rojas es la de los recortes en materia de pensiones, como quedó demostrado ayer con la nutrida asistencia de manifestantes en la primera tanda de movilizaciones convocadas y por la amplia presencia de jubilados en Barcelona. A pesar de que el retraso en la edad de jubilación en dos años no afecta a los trabajadores ya retirados, mostraron la alta sensibilidad que tiene el colectivo ante cualquier cambio en la Seguridad Social y en demanda de mejoras en las pensiones que perciben en la actualidad. La buena respuesta de los jubilados de los propios sindicatos y de otras asociaciones que se adhirieron a la protesta de CCOO y UGT, así como los manifestantes «espontáneos» no directamente vinculados a los sindicatos, fueron dos de las claves de la afluencia masiva, según los organizadores. Advertencias de los sindicatos Alrededor de 200.000 personas participaron ayer en las principales manifestaciones celebradas, según las centrales sindicales, con unas 70.000 personas en Madrid, 50.000 en Barcelona –rebajadas a 10.000 por la Guardia Urbana–, 40.000 en Oviedo y 25.000 en Valencia. El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, manifestó su deseo de que el Ejecutivo «se plantee otro escenario de trabajo y no ponga en cuestión el futuro de la protección social». «No merece la pena generar una crispación social como la que existe ahora por las pensiones», señaló Toxo, que propuso alternativas para mejorar las finanzas de la Seguridad Social como que el Estado pague con impuestos todas las prestaciones que no sean contributivas. Para Cándido Méndez, el Gobierno, al ser «democrático», atenderá el «clamor de la calle» mostrado en las manifestaciones. «Por ahí no puede ir el futuro de las pensiones», señaló Méndez, para quien los trabajadores han padecido bastante los efectos de la crisis económica y por eso es un «enorme error» y una «enorme desconsideración» que ahora «se pretenda ir a por las pensiones». A su juicio, la propuesta de retrasar la jubilación es «una amenaza contra uno de los pilares del Estado del bienestar» que únicamente causa «confusión, rechazo y desolación en la sociedad» (…) EL PERIÓDICO. 24-2-2010 Valencia. Levante-EMV Primer aviso sindical Zapatero contempló ayer la primera protesta general de los sindicatos contra su política. No ha sido por el aumento del desempleo desencadenado a partir de la gran crisis, sino por el anuncio de reformar el sistema de pensiones, que, básicamente, consiste en retrasar dos años la edad de la jubilación y ampliar el período de cálculo de las mismas. Con ello, el Gobierno, que afirma que el sistema no está en peligro en este momento, pretende reformas ambiciosas que lo aseguren en los próximos años cuando se incremente el número de pensionistas (16,5 millones en 2060) y se reduzca el de cotizantes (18,7 millones el mismo año), según el INE. Los sindicatos lo ven de otra forma. Rechazan que el gasto público se recorte por esta vía cuando el de España está tres puntos por debajo del promedio de la UE de los 25 países y de casi cinco puntos en los más desarrollados. Por ello, ayer, se produjo el primer aviso sindical con las manifestaciones de los delegados sindicales. De ahí que el PP haya recibido la protesta de ayer con bastante distanciamiento. «Es un problema —dijo Rajoy— de Zapatero con sus apoyos sindicales». Las multitudinarias protestas de ayer no son un reflejo exacto de la opinión popular, pero no diferirán mucho de ella. El presidente deberá, pues, escuchar. Ya ha anunciado que no dará ningún «decretazo» y que dialogará para conseguir un acuerdo, pero es evidente que tiene ante sí un problema de futuro y de gran calado que no va a tener más remedio que abordar. LEVANTE-EMV. 24-2-2010 Editorial. El País Respuesta emocional Las manifestaciones sindicales contra la ampliación de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años suponen el primer conflicto político entre el Gobierno y los sindicatos. No es casual que en varias intervenciones de los convocantes se pusiera en valor la paz social disfrutada durante las últimas legislaturas y se amenazara con que "esto no quedará así" si el Gobierno no retira la propuesta. Saben los sindicatos que el Gobierno es sensible a la amenaza de una huelga general; y calcula el Gobierno que los sindicatos no se atreverán a convocarla como respuesta a una reforma a largo plazo de las pensiones. Los sindicatos se han comportado sensatamente al firmar el pacto salarial con la CEOE y están dispuestos a negociar una reforma laboral (sin abaratamiento del despido); pero han cavado las trincheras para oponerse a cualquier reforma de las pensiones contributivas, que ellos denominan pensionazo. La respuesta sindical parece emocional y desproporcionada. Eso es lo que se deduce de las acusaciones de "agresión injustificada a los derechos sociales" o de los temores expresados ayer sobre una supuesta privatización del sistema. Arguyen CC OO y UGT que la propuesta del Gobierno "crea una alarma injustificada" en la solvencia del sistema; pero el caso es que el Gobierno no propone una reducción inmediata de las pensiones, sino que se abra una discusión en las instituciones políticas y sociales pertinentes para aplicar cambios que se han probado en otros países. Ese debate se hará en el Pacto de Toledo y si se llega a un acuerdo por mayoría, se negociará con los agentes sociales. No habrá pues decretazos (el presidente del Gobierno ha insistido en ello) y, por tanto, la respuesta sindical parece desmedida. El argumento sindical de que hay que rechazar el recorte de los derechos tropieza con la realidad. Los españoles se incorporan tarde al mercado de trabajo, lo abandonan pronto y su expectativa de vida tras la jubilación es elevada. Cualquier simulación razonada de la evolución de la Seguridad Social con previsiones moderadas de envejecimiento permite asegurar que el superávit actual irá disminuyendo poco a poco y que en torno a 2020 se corre el riesgo de incurrir en déficit. No es que el sistema vaya a quebrar, como dicen los catastrofistas y ridiculizan los sindicatos; es que si no se corrigen las prestaciones y el periodo de cálculo (reforma a la que ha renunciado por ahora el Gobierno), las pensiones que percibirán los jubilados durante las próximas décadas se reducirán a la mitad. Puesto que prorrogar la edad de jubilación no es una medida irracional, ni un trágala político, el Gobierno debe mantener su propuesta y aceptar el riego de que el conflicto con los sindicatos se encone. Y no sólo porque los inversores internacionales vigilen el gasto público futuro, sino porque la reforma de las pensiones, junto con la del mercado laboral y la de las cajas de ahorros son las que toca hacer en este momento. La laboral y la financiera son urgentes; la de las pensiones puede y debe pactarse con tiempo y serenidad. EL PAÍS. 24-2-2010 Gijón. El Comercio El ‘pensionazo’ moviliza a más de 20.000 personas en Oviedo Treinta mil personas, veinte mil según datos de la Policía Nacional, se manifestaron ayer en Oviedo para protestar contra la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y para exigirle la retirada de la propuesta. El ‘pensionazo’ tuvo un reflejo multitudinario en las calles de la capital y los líderes sindicales convocantes criticaron al Gobierno, pero también le dejaron un mensaje: habrá huelga general si no da marcha atrás. Tras una gran pancarta con el lema ‘En defensa de las pensiones. No al retraso de la jubilación’, los manifestantes marcharon por las calles de Oviedo para expresar su rechazo a las propuestas de recorte, pero también para dejar claro que cuando es necesario hay suficiente ‘músculo sindical’ para organizar movilizaciones masivas. Sea por eso o porque los manifestantes estaban necesitados de una válvula de escape para expresarse en la calle, alguien recordó que la manifestación de ayer congregó al doble de personas que en la última marcha del Primero de mayo, celebrada en Mieres (…) EL COMERCIO. 24-2-2010 Editorial. ABC El pacto es con los sindicatos EL presidente del Gobierno mostró ayer las razones por las que los sindicatos le tienen cogida la medida al Ejecutivo. La mínima presión ejercida por UGT y CCOO con las manifestaciones de ayer -comedidas y hasta amigables con el Gobierno- ha tenido la respuesta esperada porque Zapatero, antes de que comenzaran las movilizaciones, vino a zanjar cualquier reforma del sistema de pensiones o de otras políticas sociales que no tenga el visto bueno de las organizaciones sindicales, a las que calificó como «decisivas» para el consenso. Las posibilidades de una nueva política económica y laboral se esfumaron con este nuevo abrazo de Zapatero a la «paz» sindical. Poco sentido tiene seguir insistiendo en ofrecer a los grupos políticos un pacto que, en todo caso, debe superar el filtro de unos sindicatos que ya han establecido sus líneas rojas. Zapatero ha optado por tener las calles limpias de manifestaciones a cambio de mantener anquilosado el mercado laboral y bloqueado el futuro de las pensiones, entre otros problemas estructurales. Entre el mensaje lanzado en Londres -habrá todo el déficit que haga falta hasta que empiece la recuperación- y el de ayer -sin el apoyo de los sindicatos no hay acuerdo social-, Zapatero ha armado un discurso no sólo retrógrado e ineficaz, sino contradictorio con los que han emitido altos cargos y ministros de su Gobierno. No es compatible lo que está diciendo Zapatero con lo que su equipo económico vende a los inversores de Londres o Nueva York. Pedir al PP, en estas condiciones, que arrime el hombro es una frivolidad, porque lo primero que tendrá que saber el PP es qué propuesta tiene que apoyar. No menos difícil es la tarea que tiene por delante la peculiar comisión por el consenso -Salgado, Blanco y Sebastián-, cuyo horizonte de propuestas se agota donde empieza el veto sindical. Mientras tanto, los problemas siguen su curso y las instituciones mantienen sus alertas. Pero ya importa poco, después de la renovada alianza de Zapatero con los sindicatos, que el gobernador del Banco de España insista, como lo hizo Fernández Ordóñez, en reclamar una reforma laboral y de la jubilación en profundidad para facilitar la recuperación de la economía. La indiferencia del Gobierno hacia quienes le piden rigor y realismo ha provocado el desprestigio de los organismos que, como el Banco de España, tienen autoridad para, al menos, ofrecer pautas de política económica desde posiciones de independencia y asesorar en tiempos turbulentos. Este Gobierno empieza a moverse únicamente por instinto de supervivencia. ABC. 24-2-2010