ENTREVISTA Esperanza Galvis (Trabajadora de la empresa de ayuda a domicilio AYEMUR) Dinero público, beneficios privados y dependientes sin atención

“Aquí­ sólo se le recorta a la gente humilde”

Una de ellas, Esperanza Galvis -52 años y 4 hijos a su cargo- inició una huelga de hambre hace unas semanas y ahora ha sido despedida por la empresa alegando absentismo. Afiliada a SITRAS el sindicato de ayuda a domicilio, mayoritario entre los trabajadores de la empresa. Tu has sido despedida en plena huelga y además manteniendo una huelga de hambre.

El despido ha sido injustificado y ni siquiera me dan los papeles para cobrar el paro. Está todo en manos de mi abogado y lo hemos llevado a juicio. Otros trabajadores han decidido dejarlo también, muchos de ellos están de baja por depresión y eso les está llevando también a abandonar.

Según la empresa, me dijeron que no sabían dónde estaba y que por eso me despedían, a pesar de que les avisé con suficiente antelación, tanto a la empresa como al Ayuntamiento, de que iba a iniciar la huelga de hambre.

Pero esta lucha no es solo mía, es de todos los compañeros…

¿Qué apoyo estáis encontrando entre los ciudadanos?

Gracias a Dios, hemos recibido mucho apoyo. De los viandantes que pasaban por allí, de los representantes de todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, 6000 firmas de apoyo que hemos recabado, manifiestos de apoyo de otros sindicatos de funcionarios…Eso nos está ayudando mucho.

¿Cuáles son vuestras exigencias y hasta qué punto son económicamente viables para la empresa?

Para empezar, el Pliego de condiciones de la contrata es ilegal, y, además, no se cumple. Se nos deben constantemente 3 nóminas, a veces hasta 4. Las condiciones son muy precarias. Cobramos como mucho 800 euros y nos tenemos que pagar el combustible de nuestro bolsillo para acudir a los domicilios de los usuarios. No se nos permiten 4 días de asuntos propios que tenemos reconocidos en el pliego y no se nos facilitan los elementos necesarios para nuestro trabajo, teniéndolo que pagar de nuestro sueldo. Nos descuentan del sueldo los días que tenemos que ir al médico, no se nos pagan todas las horas extra que hacemos…

Exigimos que se nos pague a tiempo, que se establezcan nuevas y mejores condiciones de protección, en un nuevo pliego de condiciones de prestación del servicio.

La empresa se ve que no tiene dinero. Por eso hemos pedido también una auditoría de viabilidad, algo a lo que la empresa se niega, para saber que las trabajadoras vamos a poder cobrar a tiempo. Queremos transparencia, que no la hay.

Todo trabajador tiene que cobrar a tiempo. Si no, no se puede vivir.

¿Quién es el responsable de vuestra precariedad salarial la empresa, el Ayuntamiento o ambos?

El Convenio está incumplido, unos y otros se acusan mutuamente. El Ayuntamiento dice que paga y la empresa declara que está en una situación financiera de ruina.

Y a pesar de todo esto, la concejala de Bienestar Social, Maruja Pelegrín, se dispone a prorrogar el contrato durante dos años más, haciendo oídos sordos a los incumplimientos en materia laboral. ““No es una cuestión de dinero, es una cuestión de sensibilidad y justicia…, aquí sólo se recorta a la gente humilde, hay que recortar por arriba””

¿Cuánto tiempo lleváis de huelga y hasta cuándo pensáis seguir luchando?

Llevamos 3 años de problemas de impagos y estamos en huelga desde el 11 de diciembre. Y pensamos seguir luchando hasta que consigamos que se cumplan nuestras exigencias, hasta el final.

Somos 100 huelguistas en una empresa de 250. Los trabajadores sin antigüedad son coaccionados. La empresa les ha llamado para firmar un escrito en contra de la huelga y a favor de mantener las actuales condiciones laborales. Ellos nos apoyan pero tienen miedo.

La empresa convocó incluso una contra manifestación de apoyo a la renovación del contrato con el Ayuntamiento. Pero la gente ya nos conoce, los comités de trabajadores del Ayuntamiento y de la policía han firmado un escrito de apoyo a nosotras. Ahora, además, tenemos muchas esperanzas puestas en los partidos que han manifestado su apoyo tras los cambios de las elecciones.

¿Qué significa para los trabajadores que la empresa privada gestione el presupuesto público?

Nuestro trabajo nos obliga a ser psicólogas, enfermeras, a hacer la compra, etc., y esto está muy mal pagado. Fíjate, que hemos tenido que hacer colectas para pagar recibos de algunas compañeras.

Es una situación insoportable, y más cuando la empresa cobra 5 millones de euros por año, y nadie sabe a dónde va el dinero.

¿Cómo afecta la precariedad laboral a los ciudadanos que reciben este servicio?

Pues afecta mucho. Son 1.700 usuarios dependientes a los que se presta el servicio, de los que 8 de cada 10 se quedan sin atención durante la huelga.

La concejalía no está interesada en el bienestar de los dependientes, el servicio que se presta es muy zdeficiente. Maruja Pelegrín, la concejala, está ahora amenazando con retirar el servicio a los usuarios, obligándoles a pagar por él. Está esperando que pasen las elecciones para quitarlo.

Nosotras tenemos buena relación con los dependientes que cuidamos, la relación es a veces como de familia…

La rentabilidad de la ayuda social, ¿es una cuestión de economía o de justicia?

Es una cuestión de justicia. Se podrían ahorrar mucho dinero si el control del servicio volviera a ser público. Todos sabemos lo que hay de por medio. Son consentidores. Lo único que les importa es el negociado, el dinero… Algo tiene que haber para que, cometiéndose tantas ilegalidades e injusticias, no se pueda romper el contrato.

¿Quieres añadir algo más?

Quiero dar las gracias a toda la ciudadanía.

Quiero agradeceros el apoyo y el que la gente vaya enterándose de lo que nos pasa. Hay gente que se ha quedado conmigo hasta las 2 de la mañana frente al Ayuntamiento, ofreciéndome su ayuda. Me he emocionado muchísimo viendo la solidaridad de la gente, me ha hecho muy feliz.

Vamos por el buen camino.

* Para solidarizarse y apoyar: Todos los días, de 6 a 8 de la tarde, las trabajadoras de ayuda domiciliaria se reúnen y manifiestan frente al Ayuntamiento, donde instalan mesas de recogida de firmas y donde tienen una caja de resistencia para que, quien quiera, les ayude en su lucha contra el saqueo a los trabajadores y el desprecio a los dependientes, víctimas pasivas del problema.

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