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Las crónicas sobre la formación de gobierno suelen miran hacia cómo conseguir una mayoría que permita a Pedro Sánchez ganar la investidura. Y se concentran en si eso es posible con un acuerdo desde la izquierda, o serán necesarias “otras opciones”, siempre más a la derecha.
Pero hay otra batalla más allá de la investidura: la fuerza o la debilidad del nuevo gobierno. Y las fuerzas que exigen mayores recortes ya están trabajando para que, si se forma un gobierno de progreso, tenga las mayores dificultades en su camino.
Cuando Pedro Sánchez recibió del Rey el encargo de formar gobierno, la perspectiva de que la investidura pudiera saldarse antes de fin de año parecía “más cerca”. Hoy este horizonte, sin haberse disipado, enfrenta nuevas dificultades.
Frente a quienes sitúan cualquier acuerdo para lograr la abstención de ERC como una “rendición ante el independentismo”, el partido de Junqueras acepta que la unilateralidad es ya un camino impracticable. Las “mesas de diálogo” que propone están alejadas de los maximalismos que sí plantea Junts per Catalunya -como la exigencia de “un mediador internacional entre Cataluña y España”-, y pueden tener cabida, bajo determinadas condiciones, dentro de la Constitución.
Pero varios factores han “enfriado” un acuerdo que parecía encarrilado. Por un lado un calendario endiablado: el Tribunal Superior de Justicia de la UE debe decidir sobre la inmunidad de Junqueras, y ERC celebrar su congreso. Y por otro, las presiones de Puigdemont -que vía Torra puede convocar elecciones en Cataluña, acusando a ERC de “pactar con el 155”-.
Mientras, el PP parece dispuesto a poner todas las piedras posibles en el camino. Casado no solo se niega a facilitar la investidura de Sánchez, ofreciendo como única alternativa que el PSOE renuncie al pacto con Unidas Podemos y llegue a un acuerdo con Ciudadanos, sino que ha endurecido su discurso situando incluso al gobierno de coalición “fuera de la Constitución”.
Y Ciudadanos, que podría reponerse de la debacle sufrida el 10-N atreviéndose a dar un sí a la investidura de Sánchez, evitando que dependa de la abstención de ERC, solo contempla la alternativa de “una mayoría de 221 diputados”, basada en un acuerdo PSOE-PP-Cs.
Hay varios planes B
El resultado del 10-N solo ofrece la posibilidad de formar un gobierno en torno al PSOE. Y en ese terreno de juego se está dirimiendo la disputa.
Frente al acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, algunos grandes medios o centros económicos -como el Círculo de Empresarios- apuestan a que fracasen las negociaciones con ERC, y se abra la posibilidad de imponer un “Plan B”: un acuerdo PSOE-PP, con la incorporación de Ciudadanos, bajo la bandera de evitar unas terceras elecciones.
Pero hay otros “planes B”, menos groseros pero que buscan igualmente contener la influencia sobre el nuevo gobierno de la mayoría que rechaza los recortes.
Un medio español tan importante como El País, tras dos editoriales donde reclamaba la inmediata formación de un gobierno, ha publicado otro en el que, por el contrario, afirma que “ continúan siendo inciertas las expectativas de que prospere la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y remotas las de que, de hacerlo, el Ejecutivo que constituya cuente con una mayoría suficiente para gobernar”.
Y destacados medios internacionales (desde el Financial Times a la agencia Reuters) afirman que “Pedro Sánchez aún no tiene los apoyos y lo que ahora se avecina es una trascendental lucha política y duras negociaciones políticas”. Anticipando que “un gobierno PSOE-Podemos tendrá por delante un arduo camino por el clima político inestable y polarizado y los ataques que va a recibir de empresarios y políticos de derechas que pueden hacer de esta la legislatura más áspera de la historia reciente de España”.
Lo que anticipan es, si prospera el acuerdo de coalición, un duro marcaje al nuevo gobierno, antes y después de su constitución.
Antes, porque queden fijados los límites que no puede traspasar y las líneas maestras que debe seguir. The New York Times reconoce que “si el PSOE, y Nadia Calviño como vicepresidenta, controla la política económica, la UE estará tranquila”. Y ya se trabaja para que el programa de un gobierno de coalición se ajuste a estas expectativas. El País ya ha publicado que será “fuerte en lo social pero sin reformas económicas de calado”. Se subirá el salario mínimo a 1.000 euros y se revalorizarán las pensiones en función del IPC, pero no se derogará toda la reforma laboral, y también se dejarán fuera la aplicación de un impuesto a la banca, la limitación del precio de los alquileres o dar pasos hacia una eléctrica pública.
Tras firmar el acuerdo con el PSOE, Pablo Iglesias afirmó que “habrá que ceder muchas cosas”. Y el peaje para entrar en el gobierno será caro para Unidas Podemos.
Pero cualquier gobierno basado en un acuerdo entre fuerzas de izquierdas, incluso el más moderado, debe satisfacer, aún parcialmente, las demandas de la mayoría progresista, y genera problemas a los centros de poder, internacionales y nacionales, que necesitan llevar más allá los recortes.
Por eso la batalla va más allá de la investidura. Por eso un gobierno progresista debe estar sometido a la mayor inestabilidad, a una “legislatura dura” o corta. Reproduciendo la situación posterior a la moción de censura, que permitió descabezarlo al paralizar la aprobación de los presupuestos.
Exigir un gobierno de progreso
Va a ser mucho más difícil que en 2016 impedir la posibilidad de un gobierno de progreso. Para el PSOE sería muy complicado justificar, incluso ante su propia militancia, un acuerdo con el PP, incluso esgrimiendo la amenaza de terceras elecciones. Y la mayoría social progresista no aceptará otra cosa que no sea un gobierno que respete la mayoría de izquierdas expresada el 10-N.
Antes de la investidura, debemos exigir la formación de un gobierno de progreso, ante las presiones para impedirlo. Y después, aprovechar las mejores condiciones creadas para exigir que de verdad se avance en revertir los recortes, blindar las pensiones en la Constitución o impulsar una política de redistribución de la riqueza.