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La amenaza recorre el boca a boca de empresas y polígonos industriales: «Si vas a la huelga, vas a la calle». Las presiones, chantajes e intimidaciones se han convertido en media España en moneda corriente para miles y miles de trabajadores. El miedo a quedarse sin empleo paraliza a muchos de ellos. Cuando los climas de opinión para intoxicar a la opinión pública no son suficientes, la coacción y la amenaza hacen su aparición en escena. Donde se maneja el hacha, saltan astillas.
En las grandes emresas, donde las fuerzas sindicales y la organización de los trabajadores tiene suficiente peso, son irrelevantes. Pero en la pequeña y la mediana empresa, que forman el 90% del tejido productivo español, están corriendo como la pólvora. Esta es una insultante alteración del orden constitucional, de las reglas de juego democráticas. El derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, al mismo nivel que lo son la libertad de expresión, la libertad religiosa o el derecho al voto. Prohibir su ejercicio, pues de eso es en los hechos de lo que se trata, es un ataque intolerable a la libertad de todos. Pero quedarse en esto es poco más que ejercer el derecho al pataleo. De nada sirve blandir textos legales frente a las amenazas materiales de quien tiene la sartén por el mango. Es lo mismo que querer convencer a una banda de ladrones que no asalten tu casa porque la ley consagra el derecho a la propiedad privada. No estamos ante un problema jurídico o legal, sino ante un problema político, ante una cuestión de correlación de fuerzas. En un doble aspecto. En primer lugar, el hecho de que quien utilice la fuerza de la amenaza sean pequeños y medianos empresarios es un síntoma revelador de la falta de conciencia y claridad que existe entre amplios sectores de la población acerca de la batalla en la que estamos, de a qué y a quién nos enfrentamos. No es contra los pequeños y medianos empresarios contra los que se dirige la huelga del 29-S. Aunque muchas de las manifestaciones de los líderes sindicales no lo adviertan con claridad, o incluso den a entender lo contrario. Es más, ellos, los pequeños y medianos empresarios están objetivamente interesados en dar esta batalla junto con el resto de sectores populares. Sus intereses materiales, económicos y sociales están también, en mayor o menor medida, siendo atacados. El proyecto que la oligarquía financiera y las grandes potencias (camufladas tras el FMI y los organismos de la UE) tienen de rebajar un 25% los salarios y las rentas del 90% de la población, degradando a España a una especie de tercera división mundial también ataca de forma nodular a sus intereses. Es completamente infundada y errónea la idea de que son los empresarios en general los que se van a ver beneficiados de todos estos recortes y ataques. No es cierto. Es la gran banca y los mayores monopolios nacionales y extranjeros los que imponen el ajuste y se benefician de él. ¿Quién si no los grandes monopolios está devorando a la pequeña y mediana empresa, quedándose con su mercado e imponiéndoles medidas cada vez más leoninas? ¿Quién si no la banca ha cerrado el grifo del crédito condenando a casi medio millón de pymes y autónomos a cerrar desde que estalló la crisis? Son ellos los que tienen todos los recursos (y los recursos de todos) en sus manos. Y su plan de ajuste no tiene otro objetivo que concentrar y monopolizar más la riqueza, ganar más y más beneficios a costa de todos nosotros. Incluidos por supuesto pymes y autónomos. Quien no vea esto comete el más grave error que puede darse en la lucha política: no saber dónde está el frente, confundir a amigos con enemigos. Pero en segundo lugar, si estas situaciones pueden darse hoy a gran escala es debido a la falta de conciencia y claridad, pero sobre todo de unidad y de organización de las fuerzas populares. En los años finales del franquismo y la primera transición no había ninguna ley que regulara el derecho de huelga. Es más, eran ilegales y a los huelguistas los perseguía la policía. Sin embargo, el grado de unidad y de organización de la clase obrera y las clases populares impuso en los hechos que mayoritariamente la amenaza de despido no pudiera ser usada contra los trabajadores. Esa es la clave: conciencia y claridad, unidad y organización. Sin ellas estamos a merced de nuestros enemigos. Con ellas todo es posible.