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«Aunque nuestra dimensión disuade a los demás de abandonarnos a nuestra suerte, es previsible que los esfuerzos de los acreedores y socios se centren en aislar el problema español, para evitar situaciones análogas a las de los meses de abril y mayo cuando Grecia puso en serios aprietos a la propia Unión Europea. Ante cualquier contratiempo, la Unión Europea responderá con sus datos de crecimiento, separándose cada vez más de aquellos países que no crecen»
La crisis esañola, que es política y económica, trasciende a la internacional. Lo que induce a la desesperanza es el fatalismo del discurso imperante, que se asienta en la superficie del problema, señalando como única causa de su prolongación al mal gobierno, sin entrar en otras consideraciones que no sean pensar en la sustitución del mismo, sin prisa alguna en ello. Todos saben que el problema es de mayor enjundia, pero nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles. (EL CONFIDENCIAL) EL MUNDO.- Las dos centrales mayoritarias han creído necesario ampliar el eco de la convocatoria acudiendo al resto de las fuerzas sindicales. Para ello les han solicitado una adhesión «flexible» a la huelga general. «Creemos que el 90% del mundo sindical responderá afirmativamente», adelanta el responsable de Organización de CCOO, Antonio del Campo. De momento, así lo han hecho USO y los anarquistas CGT y CNT, con sus propias convocatorias para el 29-S. Pese a que, por ejemplo, USO se queja del carácter «excluyente» que ha tenido el Diálogo Social y de lo inapropiado de la fecha. No ha querido saber nada, por el contrario, CSI-CSIF, que critica a UGT y CCOO por haber tardado seis meses en convocar la huelga «para no hacer daño al Gobierno», protesta Miguel Borra, su secretario de Formación. EL PAÍS.- Aun cuando esas exigencias de solvencia sean más severas, son consecuentes con la experiencia que esta crisis ha aportado. Hasta hoy no son precisamente los banqueros quienes están pagando las más importantes facturas de esta crisis. La gestión irresponsable y técnicamente cuestionable de los riesgos, y en algunos casos una deficiente supervisión de las autoridades financieras, no solo ha ocasionado que los contribuyentes adelanten los costes de la gestión de la crisis, sino que el paro siga en máximos históricos en muchas economías avanzadas, España entre ellas. Opinión. El Confidencial España, un país en vía muerta Manuel Muela Los informes sobre la economía europea muestran un denominador común en sus conclusiones: la crisis ha dejado de ser la enfermedad de todos y va quedando localizada en algunos estados de la UE, cuyo futuro permanece incierto. España es uno de esos países y, aunque nuestra dimensión disuade a los demás de abandonarnos a nuestra suerte, es previsible que los esfuerzos de los acreedores y socios se centren en aislar el problema español, para evitar situaciones análogas a las de los meses de abril y mayo cuando Grecia puso en serios aprietos a la propia Unión Europea. Ante cualquier contratiempo, la Unión Europea responderá con sus datos de crecimiento, separándose cada vez más de aquellos países que no crecen. Lo del todos a una puede ser agua pasada. Desde el verano de 2007 se ha vendido con éxito en España la idea de que los problemas españoles eran consecuencia de la crisis internacional y que o salíamos todos juntos o no salía nadie. Las evidencias, sin embargo, son otras: ha habido una crisis generalizada, pero cada país ha tenido que aplicarse a resolverla, primero reconociéndola y después poniendo los medios para superarla. No ha sido el caso de España, mejor dicho de sus gobernantes, que la han estado negando hasta la primavera pasada y que, ahora, deprisa y corriendo, pretenden recuperar el tiempo perdido sin saber muy bien cómo. Es normal que la desconfianza se haya adueñado de los espíritus y se observen con incredulidad, también a veces con indignación, las propuestas del gobierno, alrededor de las cuales aletean los diferentes grupos políticos que, por activa o pasiva, lo oxigenan en espera de un futuro mejor. La crisis española, que es política y económica, trasciende a la internacional y en tanto no se reconozca así seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema, cuyo único objetivo es resistir. Lo que induce a la desesperanza es el fatalismo del discurso imperante, que se asienta en la superficie del problema, señalando como única causa de su prolongación al mal gobierno, sin entrar en otras consideraciones que no sean pensar en la sustitución del mismo, sin prisa alguna en ello. Todos saben que el problema es de mayor enjundia, pero nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles. Una de las consecuencias de lo anterior es que se va instalando la idea de que quienes gobiernan ahora o los que lo hagan en el futuro, respetando el statu quo, tendrán que administrar la pobreza que resulta del estancamiento de la economía de un país cuya población ha crecido notoriamente en poco tiempo: los recursos escasos tendrán que dedicarse a pagar las deudas contraídas y a atender mínimamente las necesidades sociales. Fuera de eso, desde la perspectiva de unos poderes públicos sin ambición de cambio, poco se podrá hacer; y, al igual que se ha logrado sobrevivir con la mistificación de la crisis internacional, se venderá el discurso fatalista de que no hay alternativa y toca aguantar. Hasta el momento se echan de menos los debates sobre las causas políticas y económicas de la situación española: se critica o se adula al jefe del gobierno, se discute si el Producto Interior Bruto crece o decrece una décima más o menos, y, en fin, se habla de las bondades de Basilea III. Por cierto ¿dónde van a buscar capital nuestras entidades crediticias? Todos asuntos importantes sin duda, pero a los que falta contrastar con una realidad de penurias sociales, educativas y políticas, que, como se ha demostrado, parecen útiles para el mantenimiento del poder, no para convertir a España en un país libre y civilizado. Las obligaciones pendientes Es normal resistirse a reconocer la realidad, y más si se sigue insistiendo vanamente en que estamos ante un mal pasajero debido a causas externas. Se rehúye debatir sobre las graves deficiencias de un Estado hipertrófico puesto al servicio de unas minorías políticas y económicas dedicadas al disfrute del poder y/o la riqueza mientras sea posible; algo que no es nuevo en nuestra historia y a cuya superación no se debería renunciar. El apabullante discurso oficial de que España tiene un modelo ejemplar es negado a diario por la carcoma que va destruyendo el tejido social y productivo. Oídos sordos y ya se verá. Se dice por algunos que resistir es vencer. Pero no siempre: Numancia resistió y perdió. En este momento se nos observa con inquietud y, a no tardar, se volverá a poner en duda nuestra capacidad para enfrentar las obligaciones pendientes. Por eso, se hará lo que se hace en los ferrocarriles cuando un tren se avería o causa perturbación al tráfico normal, ponerlo en vía muerta. Ese es el horizonte si no se rompe el cordón sanitario de la dictadura de lo políticamente correcto y se alumbra un proyecto civilizador para España. EL CONFIDENCIAL. 15-9-2010 Opinión. El Mundo La huelga general más difícil Begoña P. Ramírez Seis huelgas generales han curtido a CCOO y UGT en la preparación de una convocatoria con la complejidad organizativa que requiere el 29 de septiembre. Sin embargo, reconocen que esta séptima va a exigirles un «mayor esfuerzo» por sus «dificultades añadidas». La maquinaria sindical está engrasada, resaltan, en cualquier caso, sus líderes, que quitan importancia al paréntesis de las vacaciones de verano. Pero son conscientes de que «el escenario no es favorable al mensaje sindical», en palabras del secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo. Y ello, pese a la gravedad de los motivos que a su juicio la justifican: una reforma laboral que consideran «la mayor involución sufrida por los derechos de los trabajadores en los últimos 30 años». Aunque no parece acobardarles ni el pinchazo del paro de los funcionarios del pasado 8 de junio ni el hecho de que la «diversificación económica haya diluido la actividad de los sindicatos», lo cierto es que las dos centrales mayoritarias han creído necesario ampliar el eco de la convocatoria acudiendo al resto de las fuerzas sindicales. Para ello les han solicitado una adhesión «flexible» a la huelga general. «Creemos que el 90% del mundo sindical responderá afirmativamente», adelanta el responsable de Organización de CCOO, Antonio del Campo. De momento, así lo han hecho USO y los anarquistas CGT y CNT, con sus propias convocatorias para el 29-S. Pese a que, por ejemplo, USO se queja del carácter «excluyente» que ha tenido el Diálogo Social y de lo inapropiado de la fecha. No ha querido saber nada, por el contrario, CSI-CSIF, que critica a UGT y CCOO por haber tardado seis meses en convocar la huelga «para no hacer daño al Gobierno», protesta Miguel Borra, su secretario de Formación. Tampoco los vascos de ELA-STV y LAB están por la labor, puesto que ya convocaron su propia huelga el 29 de junio. Los gallegos de la CIG sí se sumarán a los paros del 29-S, pero con actos y movilizaciones propias. UGT y CCOO han invitado, asimismo, a los sindicatos sectoriales y de empresa. Aunque la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ya ha anunciado que no secundará la huelga porque «no va a servir para nada». También han sido movilizadas las ONG, los ecologistas, la Universidad y personajes de la cultura, en una plataforma de apoyo ad hoc. Del Campo y Cubillo forman parte de la comisión de enlace que ambos sindicatos han creado para coordinar los preparativos del 29-S. Les acompañan los secretarios de Acción Sindical -Ramón Górriz (CCOO) y Toni Ferrer (UGT)- y Empleo e Igualdad -Paloma López (CCOO) y Almudena Fontecha (UGT)-. Cada sindicato cuenta con una estructura de comités de huelga que recorre todo su esquema organizativo hasta el último nivel. Un engranaje fundamental si pretenden convertir su principal activo, 3,5 millones de afiliados, en «portavoces» del mensaje sindical dentro de 300.000 empresas, dice Del Campo. Como arma, el boca a boca, el de siempre y el virtual: Facebook, Twitter, la potencia viral del correo electrónico y los SMS, además de los vídeos de internet. Aunque este verano los sindicatos optaron por lo más tradicional: incluso repartieron balones en las playas. Para superar la «pérdida de comba» inevitable de las vacaciones -convocaron la huelga el 15 de junio-, los cuadros de ambos sindicatos han duplicado sus agendas. Sin obviar los actos multitudinarios. Tras la demostración de fuerza del Palacio de Vistalegre, este sábado habrá otra convocatoria de jubilados y pensionistas. Y el día 25, una reunión con el mundo de la cultura en el Círculo de Bellas Artes madrileño. Desde el día 7 negocian los servicios mínimos. Su intención es que se fijen de acuerdo con un «criterio único», señala Del Campo, para evitar conflictos como el que sacudió la huelga del Metro de Madrid en julio. EL MUNDO. 14-9-2010 Editorial. El País Se busca solvencia financiera Las lecciones que ha dejado la crisis financiera en el sistema bancario de Estados Unidos se empiezan a traducir en propuestas de cambios regulatorios concretos. Si la semana pasada en el seno de la UE se acordó una arquitectura de supervisión de instituciones y mercados financieros mucho más consecuente con el carácter transfronterizo de las transacciones y con la necesidad de gestionar de forma coordinada las consecuencias de la crisis, ahora se han avanzado líneas para el fortalecimiento de la solvencia de los operadores bancarios en todo el mundo. Esa es la señal que ha emergido del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), cuyas conclusiones se someterán el próximo noviembre a la cumbre del G-20 en Seúl. De prosperar la propuesta, se habrá dado un paso significativo no tanto en la prevención de futuras crisis financieras, como en la reducción de sus costes para el contribuyente y su impacto sobre las economías. El proceso conocido como Basilea III establece los requerimientos de capital que han de satisfacer las entidades bancarias al término del periodo de transición establecido. El ratio de capital de un banco se define como el cociente entre el valor de los recursos propios y el de los activos ponderados por riesgo. Basilea III refuerza las dos versiones anteriores de ese acuerdo. No cambia el tradicional coeficiente de solvencia, que sigue en el 8%, pero sí su composición, para aumentar de forma significativa la calidad de los recursos propios, primando la importancia de las partidas constituyentes del denominado capital Tier 1, integrada por capital, reservas y acciones preferentes. Aun cuando esas exigencias de solvencia sean más severas, son consecuentes con la experiencia que esta crisis ha aportado. Hasta hoy no son precisamente los banqueros quienes están pagando las más importantes facturas de esta crisis. La gestión irresponsable y técnicamente cuestionable de los riesgos, y en algunos casos una deficiente supervisión de las autoridades financieras, no solo ha ocasionado que los contribuyentes adelanten los costes de la gestión de la crisis, sino que el paro siga en máximos históricos en muchas economías avanzadas, España entre ellas. La consecuencia de todo ello es una mejor y más estricta regulación. Los plazos de adaptación, por otro lado, conceden un balón de oxígeno a la mayoría de las entidades que hoy tienen problemas. Entre ellas no se encuentran la mayoría de las españolas, gracias a una tradicional atención que el Banco de España ha prestado precisamente a la capitalización de las entidades de crédito españolas. De la versión definitiva de estos acuerdos dependerá el impacto sobre la financiación crediticia a las empresas, las cuales seguirán seguramente pagando en sus cuentas de resultados los errores de los bancos en la generación de esta crisis. Pero es cierto que las condiciones para generar beneficios son ahora algo menos favorables para los bancos. EL PAÍS. 14-9-2010