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La reforma del Consejo de Estado propone subir a 400 el número de diputados en el Congreso, reducir a un escaño el mínimo por provincia y cambiar el método DHondt. Nuestro país necesita una profunda regeneración democrática, un aspecto sería cambiar la actual Ley Electoral que perjudica a las formaciones más «pequeñas» y favorece a los partidos nacionalistas, al PP y al PSOE. Lo primero, es que el informe del Consejo admite «disfunciones» en el sistema electoral que se emplea en España desde hace 30 años.
Pone como ejemlo a IU, que cuenta con dos diputados pese a tener casi 970.000 votos. Con la ley actual cada escaño le “cuesta” a IU cerca de medio millón de votos. Mientras, al PP o al PSOE le cuestan, unos 65.000 votos. La actual Ley Electoral perjudica descaradamente a las minorías, pero en el caso de Izquierda Unida, es aberrante. Esta fuerza política con cerca de un millón de votos tiene dos diputados, mientras que, otros con mucho menos votos tienen más del doble. Para “corregir” estos fallos, el Consejo de Estado propone tres cambios: -Elevar el número de diputados de los 350 actuales a 400. -Reducir la representación mínima de cada provincia a un diputado en la actualidad son dos. -Sustituir la ley DHondt por otro sistema más proporcional para calcular la atribución de escaños. Para dar proporcionalidad, se utilizaría el método Hare, calculando la diferencia entre el porcentaje de escaños que obtiene cada formación política y el porcentaje de votos conseguidos. La propuesta del Consejo daría a IU 13 escaños, en lugar de los dos actuales. Precisaría 74.000 votos, en lugar del casi medio millón actual. Además, cuatro partidos ahora no representados tendrían un diputado con los votos que consiguieron en las últimas elecciones generales. Aunque parcial e insuficiente, la reforma también permitiría la representación parlamentaria de más partidos; dotando de más pluralidad y democracia a la “paralizada” vida política española. La Ley Electoral actual permite el dominio de los dos partidos mayoritarios y la “bisagra” de las fuerzas nacionalistas que, como sabemos, les ha permitido la obtención de privilegios económicos y políticos que no se corresponden con su fuerza electoral. Con la reforma los diputados del PSOE y el PP tendrían un coste muy similar al actual, 60.000 papeletas pero el PSOE perdería parte de la ventaja que logra con el modelo vigente. Una reforma de la Ley Electoral requiere ser aprobada por mayoría absoluta. Por tanto, es previsible que no sólo PSOE-PP estén en contra o no se pongan de acuerdo, también hay que contar con el rechazo de partidos nacionalistas mayoritarios, como CiU y PNV, tan beneficiado por la actual ley.