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Una vez aprobada la reforma laboral, el gobierno se dispone a abordar otra de las reformas claves en el diseño de la nueva arquitectura social exigida por el FMI y, especialmente, por el gobierno de Merkel, la reforma (es decir, el recorte) del sistema público de pensiones, un objetivo largamente anhelado por la gran banca española.
Desde hace años, la oligarquía financiera esañola ha suspirado por una reforma profunda del sistema público de pensiones. Las medidas que el gobierno está preparando son conocidas. Empiezan por el alargamiento en la edad de jubilación a los 67 años. Es decir, quieren dos años más de nuestra vida trabajando para ellos. Y esto, han anunciado ya, es sólo la primera etapa del objetivo a medio plazo (de aquí a 30 o 40 años) que pretende la UE: ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años. Medida que ya ha aplaudido pública y fervorosamente el jefe de la CEOE, la gran patronal española. En segundo lugar se trata de ampliar el número de años para calcular la cuantía de las pensiones. Actualmente está en 15, y su objetivo inmediato es ampliarlo a 20. Aunque en realidad a lo que aspiran es a ampliar el cálculo a toda la vida laboral. No es necesario ser un lince para deducir que, debido a la inflación y los distintos pluses acumulados (antigüedad, hijos, especialización,…), cada año que se retrocede, significa que baja la media del cálculo (al contabilizar los sueldos más antiguos que son los más bajos) y con ella lo que se cobra al final de pensión. Una ampliación de 5 años en el cálculo supone una rebaja final en la pensión de entre un 10 y un 15%. Y eso para pensiones que son ya hoy de las más bajas de Europa, donde la mitad de los jubilados cobran pensiones que oscilan entre 750 y 850 euros mensuales, mientras la otra mitad difícilmente llega a los 500. El tenebroso reverso financiero Pero lo que para la inmensa mayoría de la población es un ataque despiadado –y además al final de nuestros días, cuando más atenciones necesitas después de toda una vida de trabajo, esfuerzos y sacrificios– para banqueros y grandes capitalistas es un negocio redondo. La experiencia europea demuestra que la reforma del sistema público de pensiones lleva aparejada, como reverso, un fuerte impulso a los fondos de pensiones privados gestionados por monopolios y grandes empresas financieras. Cada vez que un gobierno europeo han tomado alguna medida para reducir la cobertura estatal de sus trabajadores, simultáneamente ha fomentado los planes de pensiones privados, ofreciendo fuertes beneficios fiscales para incentivar su contratación. Los fondos privados de pensiones son un meganegocio que mueve 12,7 billones de euros en todo el mundo. De hecho, muchos de los mayores accionistas de las grandes empresas españolas que cotizan en el IBEX-35 son gestores de fondos privados de pensiones extranjeros, dominantemente norteamericanos. Mientras en Inglaterra los fondos de pensiones privados manejan un capital de 1,2 billones de euros (o en Holanda 800.000 millones), en España apenas si alcanzan los 85 mil millones. Una diferencia de más de un billón de euros de capitalización entre un sistema privado de pensiones y otro. Lo que el gran capital financiero español y extranjero espera y exige al gobierno Zapatero (y a los que lo sucedan) es que abra el mercado español a este fabuloso negocio recortando drásticamente las pensiones públicas. La ecuación es tan simple como sangrienta: a menores pensiones públicas, mayor trasvase de una parte de nuestros salarios, rentas y ahorros para pagar un fondo privado que ayude a mejorar la cada vez más insuficiente cuantía de la pensión pública. Cuanto menores sean nuestras pensiones públicas, una mayor parte de nuestros salarios, rentas y ahorros dejarán de ser para nuestro consumo personal y se convertirán en capital para que los grandes magnates de las finanzas puedan disponer de él. En eso consiste todo.