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La medida tomada ayer por el Gobierno de recurrir a los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo para hacer frente a parte del pago de la paga extra de verano de las pensiones era una decisión esperada y conocida, ya que desde el pasado mes de mayo se habían venido dando los pasos necesarios para hacerlo al aprobarse las resoluciones necesarias para habilitar esos fondos y hacerlos efectivos. Queda por saber cuál será la contrapartida con que el Gobierno premiará a las mutuas de trabajo y enfermedad profesional por la cesión de estos 4.646 millones que han salido del llamado Fondo de Prevención y Rehabilitación y de los que se han aplicado casi la totalidad: 4.400 millones en este pago.Lo que sí confirma esta medida, la necesidad de recurrir al plan B para el pago de la extra de verano, es la inquietante falta de liquidez de la Seguridad Social, que con esta actuación ha buscado evitar a toda costa tener que echar mano a la joya de la corona, el Fondo de Reserva, que en la actualidad cuenta con 67.948 millones.Sin embargo, parece que no quedará más remedio que hacerlo para la paga extra de Navidad de los pensionistas o para afrontar la desviación del IPC respecto a las previsiones oficiales, ya que parece claro que el presupuesto de la Seguridad Social para este año, que preveía déficit cero, no deja de ser otra quimera más.Una reforma de las pensionesPero, probablemente, no será la única medida que tomar en este campo. Como reclaman desde hace tiempo desde Bruselas, las pensiones públicas serán probablemente el objeto de la próxima reforma, claramente impopular, que tendrá que acometer el Gobierno para tratar de ganar credibilidad ante los mercados internacionales y reducir el déficit público que asuela nuestra economía.Recordemos que las pensiones han sido prácticamente las únicas prestaciones que han quedado fuera, hasta el momento, de cualquier tipo de reforma excepto en ajustes muy puntuales, como la prevista elevación de la base máxima de cotización cinco puntos en los dos próximos años o el aumento consecuentemente de la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC, aprobados en las medidas de urgencia del pasado julio.Y esas medidas pasan por acelerar de manera inmediata todos los plazos acordados en la reforma de 2011, tanto para la fórmula de cálculo de la pensión y su ampliación a 25 años desde los quince actuales, como el del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, que está previsto suceda, según el calendario inicial propuesto, en 2027. Y en cuanto a la cuantía de las pensiones, las medidas más probables que veamos de aquí a final de año serán la de la congelación de las mismas, sin actualización para el próximo ejercicio, o, en el peor de los casos y si esto no es suficiente, su recorte.