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La legislatura está cerca de su punto final. En apenas 15 días, el próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes y se convocarán oficialmente las elecciones. Pero eso no significa que ya no se pueda hacer nada. El gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado la voluntad de “seguir gobernando hasta el último día”. Y tiene la intención de aprobar reformas incluso después de que las Cortes se disuelvan.
Puede hacerse a través de la Diputación Permanente, un Congreso “en miniatura” que mantiene su actividad, y en el que todos los grupos tienen una representación proporcional. Entre otras atribuciones, la Diputación Permanente puede convalidar decretos leyes que el gobierno proponga.
Con esta vía, se podría evitar el boicot parlamentario que el PP ha impuesto gracias a su control de la Mesa del Congreso, paralizando incluso la tramitación de numerosas leyes.
Dos de las medidas que podrían aprobarse tras haberse disuelto las Cortes son propuestas sociales que han sido especialmente vetadas.
Como la posibilidad de que se permita a ayuntamientos y comunidades fijar precios máximos al alquiler, evitando así una escalada que afecta a cada vez más familias. Impulsada especialmente por grandes fondos de inversión extranjeros que se han convertido en los principales caseros de España. Comprado millones de viviendas para desalojar a los inquilinos o multiplicar sin razón alguna los alquileres hasta precios prohibitivos para aumentar sus ganancias.
Y, sobre todo, bajo la vía de la Diputación Permanente se podría emprender la derogación de la reforma laboral. Este ha sido uno de los temas “tabú” durante esta legislatura. Si todas las medidas sociales se han enfrentado a un activo boicot, cualquier cambio que afectara a la reforma laboral ha tenido enfrente al FMI, a la Comisión Europea, a la gran banca española… Esta es una de las “líneas rojas” que no permiten tocar, pues afecta al saqueo ejecutado contra los salarios.
Pedro Sánchez anunció en las primarias del PSOE que derogaría por completo la reforma laboral de Rajoy. Las presiones, una vez en el gobierno, le obligaron a cambiar su propuesta por la reforma de los aspectos más lesivos, como restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, o la limitación de la subcontratación y la temporalidad.
Pero ni eso se ha permitido. Ahora hay una oportunidad, y se debe aprovechar.
Algunas voces han clamado que sería “jugar sucio” que el gobierno se beneficiara de la disolución de las Cortes para aprobar medidas. Pero nada han dicho cuando, practicando el filibusterismo parlamentario, el PP bloqueaba siquiera la discusión de muchas medidas.
Lo que está en juego no es el respecto a las “formas parlamentarias”, sino si se aprueban o se vetan las medidas sociales que la mayoría progresista reclama.