Los recortes que el FMI y la UE exigen al nuevo gobierno

30.000 millones nos amenazan

El anuncio del FMI de que sus “hombres de negro” adelantan el examen a la economí­a española a este mismo mes de octubre, cuando se habí­an comprometido a dejarlo para cuando España tuviera un nuevo gobierno, es la noticia más reciente que alarma sobre las presiones internacionales para que España cumpla los llamados “compromisos internacionales”. En medio de una situación internacional cada vez más tensa, tras el Bréxit y ahora la crisis del Deutsche Bank, y en medio de los movimientos para la formación de gobierno en nuestro paí­s, los principales centros de decisión internacional, Washinton y Berlí­n, intensifican sus presiones. Dejando bien claro que por encima de nuestros problemas están sus intereses. Y entre sus objetivos uno fundamental: imponer recortes que pueden llegar a 30.000 millones de euros de aquí­ a fin de 2018.

La Comisión Europea, desde la que actúan los comisarios de Merkel, no ha cesado ni un momento en sus exigencias y presiones a España para que se cumplan los llamados “compromisos internacionales”. Incluso el diario El Mundo ha salido a la calle reclamando en su último editorial que el respaldo a la investidura de Rajoy no ponga en peligro “la estabilidad financiera” y los “pactos entre PP y PSOE, necesarios para la gobernabilidad del país…, contemplen a medio plazo un ajuste en el gasto público”. Por encima de que España esté pendiente de resolver la formación de gobierno. Bruselas sólo entiende una ley: la de cumplir con sus exigencias sí o sí

Por encima de que España esté pendiente de resolver la formación de gobierno. Bruselas sólo entiende una ley: la de cumplir con sus exigencias sí o sí.

En juego están los 27.000 millones de euros que habrá que recortar para acabar 2018 con un déficit del 2,2% que exige Bruselas. Y casi 3.000 millones más amenazados por la congelación de los fondos estructurales que propone la Comisión Europea.

En total estamos hablando de recortes por valor de 30.000 millones de euros. A los que habría que sumar los recortes inducidos por la aplicación del techo de gasto, un mecanismo que implica la aplicación de cientos de millones de euros en cada una de las comunidades autónomas.

Todo eso bajo la amenaza de que un nuevo incumplimiento significaría una multa aún mayor, del 0,5% del PIB, 5.500 millones de euros.

Para esto se impone a toda costa un nuevo gobierno de Rajoy.

Presupuestos 2017: 10.000 millones para empezarEn el documento que la Comisión Europea ha preparado para su debate en el Parlamento Europeo, advierte que Bruselas exigirá al nuevo gobierno la presentación de un “presupuesto completo” que incluya los recortes necesarios para cumplir con los objetivos de déficit.

Tanto el Banco de España como la Comisión Europea dan por hecho que España incumplirá los objetivos de déficit este año y en 2017. Según el último informe del Banco de España, el déficit de 2016 se irá al 4,9% del PIB y acabaremos 2017 con 8 décimas por encima de lo que la CE aceptó en junio.

Con estas previsiones la Comisión Europea exige que el gobierno que se forme, sea del color que sea, presente unos presupuestos para 2017 con recortes de al menos 10.000 millones de euros. Eso para empezar y suponiendo que el gobierno cumpla su promesa de adelantar antes de que acabe este años 6.000 millones del Impuesto de Sociedades.Sería la primera entrega del volumen total de 27.000 millones de euros a recortar de aquí a finales de 2018 para cumplir con los objetivos que marca Bruselas y acabar 2018 con un déficit del 2,2%.

Hay una ofensiva general no sólo para imponer el gobierno que interesa a la Troika y la oligarquía del Ibex-35, sino para ocultar la magnitud de los nuevos recortes que preparan. Pero las amenazas son tan grandes que son imposibles de ocultar. Y el mismo diario El País reconocía en su editorial del pasado 3 de octubre, Un año perdido, que “las previsiones más realistas… conducen inexorablemente al riesgo de recortes drásticos en Sanidad y Educación”.

Fondos estructurales: 2.900 millones congeladosBruselas no se limita a exigir que se cumpla con los recortes, sino que utiliza todos los mecanismos de extorsión para imponerlos. En la Eurocámara se debate la posición de la Comisión Europea que apuesta por congelar los fondos estructurales a España, junto con Portugal, por déficit excesivo. Aunque la decisión definitiva no se tomará hasta fin de año, están en juego varios miles de millones que afectan a las Comunidades autónomas, fundamentalmente a las más necesitadas y dependientes de estos fondos estructurales; Andalucía, Extremadura y Asturias.La Comisión Europea exige que el nuevo gobierno que presente en los presupuestos de 2017 recortes de al menos 10.000 millones de euros

La Comisión pretende suspender el 20% de los 14.500 millones de euros de fondos estructurales que corresponden a España. Lo que significaría congelar 2.900 millones de euros, pese a la oposición de los diputados del Europarlamento.Cientos de proyectos y miles de puestos de trabajo dependen de estos fondos: infraestructuras, ayudas agrícolas o créditos a las pymes y decenas de miles de puestos de trabajo, especialmente en las zonas rurales de toda España, están en el aire.

El techo de déficit, la otra tijera de los recortesEl pasado 27 de julio Bruselas impuso en las recomendaciones de obligado cumplimiento que el gobierno debería aplicar con todo el rigor de la Ley de Estabilidad presupuestaria el control del déficit de las comunidades autónomas. Condición incuestionable para no aplicar la multa de 2.200 millones de euros por déficit excesivo.

En concreto significa implantar un techo de gasto del 0,3% para el año en curso. Muy por debajo de las demandas de las comunidades autónomas, que reclaman un techo del 0,7% para poder hacer frente a las necesidades de financiación de los servicios fundamentales, Sanidad, Educación, dependencia o servicios sociales.

Las consecuencias de fijar un techo de gasto u otro significan miles de millones de recortes. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, según denuncia el conseller de Hacienda, Vicent Soler, mantenr el techo en el 0,3% significa aplicar un recorte de “400 millones de euros en servicios sociales, sanidad y educación”.

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