Cargando...El estallido de la crisis económica parecía haber zanjado la aguda batalla que entre 2004 y 2007 conmocionó al sector energético español. Tras ella, el primer monopolio español de la electricidad, Endesa, quedó en manos del capital italiano, se crearon las condiciones para que Iberdrola pasara a convertirse en el nuevo gigante eléctrico, Unión Fenosa, la tercera en disputa, pasara a manos de La Caixa a través de Gas Natural y dos grandes constructoras, ACS y SACYR, tomaran posiciones relevantes en el sector.
Tres años desués de aquello, sin embargo, una iniciativa legislativa del gobierno Zapatero ha puesto de manifiesto cómo la disputa sigue más abierta que nunca y lo que parecía concluido no era más que una tregua, una especie de“paz armada” o “guerra fría” entre los distintos sectores oligárquicos que aspiran a hacerse con el control de un sector estratégicamente tan vital como el energético.De forma inesperada, sigilosa y en el último minuto, el grupo socialista del Congreso introducía el pasado 16 de febrero una enmienda al proyecto dirigido a modificar la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, enmienda cuyo objetivo es eliminar las limitaciones del derecho de voto en las empresas.El llamado “blindaje anti-OPA”, introducido por Rodrigo Rato en 1998, en pleno proceso de reestructuración interna de los grandes monopolios españoles previo a la entrada en el euro, buscaba blindar el poder de control alcanzado por los distintos sectores oligárquicos –tanto frente a otros sectores como, teóricamente, frente al capital extranjero– en los monopolios españoles.Gracias a la Ley Rato, los Consejos de Administración obtuvieron la facultad de limitar al 10% los derechos de voto de los accionistas, independientemente de la cantidad de acciones que tuvieran. Con ella, ni siquiera poseer el 29,9% de las acciones de una empresa (el límite a partir del cual la ley obliga a lanzar una OPA por el total de las acciones) garantizaba acceder a su control, puesto que los pactos entre accionistas poderosos pero minoritarios instalados en los consejos de administración, podían eliminar el derecho de voto de hasta los dos tercios de esas acciones.La voladura de este blindaje abre las puertas a una nueva correlación de fuerzas en el seno de los dos monopolios energéticos más importantes, Iberdrola y Repsol, que además forman parte de lo que se conoce como los “blue chips”, es decir, las cinco grandes corporaciones (ellas dos más BBVA, Santander y Telefónica) que suponen más del 70% del valor del IBEX-35. Rupturas y ceses de hostilidades Nada más hacerse pública la enmienda del PSOE, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, arremetía contra ella. “En España ahora es un tema improvisado y diría que incluso inoportuno porque ni a los millones de accionistas que tenemos las grandes ni a las empresas familiares les preocupa para nada el tema”. Su única preocupación es, según él, la existencia de “gestores profesionales que defiendan el interés de todos y no sólo el de algunos”, y tener “algún tipo de protección frente al poder que pudieran ejercer inversores especulativos”.No es en absoluto casual que haya sido el presidente de Iberdrola el primero en oponerse. Pues mientras en Repsol la reacción inmediata ha sido la de llegar a una especie de “cese de hostilidades” entre los dos accionistas mayoritarios (La Caixa con un 14% y SACYR con el 20%) ante el temor nunca disipado de que una petrolera extranjera se haga con ella, la repercusión en Iberdrola ha sido diametralmente opuesta.Desde la conclusión de la batalla por Endesa, Iberdrola ha estado en el punto de mira de uno de los principales aliados históricos de Botín, la constructora ACS de los March.Aprovechando el revuelo en torno a Endesa, ACS lanzó una OPA contra Unión Fenosa, para revenderla posteriormente con jugosas plusvalías a Gas Natural. Lo que le sirvió para hacerse con el 12% de las acciones de Iberdrola y convertirse en su accionista mayoritario.Pero al que la ley de blindaje anti-OPA le impedía hasta ahora transformar ese capital en poder de control y capacidad de gestión sobre la empresa.Eliminando la restricciones de la Ley Rato, Zapatero abre las puertas a que se plantee nuevamente la batalla por el control de Iberdrola. Y además en unas condiciones mucho más favorables al sector de la oligarquía alineado tras Botín y desfavorable a los sectores enfrentados a él.Si la batalla entre estos dos sectores por Endesa alcanzó una grado de antagonismo nunca antes visto (y que concluyó con el antiguo monopolio estatal en manos italianas), la que se vislumbra en torno al control de Iberdrola promete ser todavía más aguda.