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Zapatero prometió ayer a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, que esta comunidad será «la que más inversión reciba del Estado en los próximos años». Sus palabras suenan a compensación de la promesa efectuada anteayer a un irritado Josep Montilla en Barcelona, al que dijo que el nuevo modelo de financiación «colmará las necesidades de Cataluña»
Zaatero ha prometido a Galicia que reconocerá su dispersión territorial, a Canarias y Baleares que primará su insularidad, a Andalucía que favorecerá su elevada población, a Castilla y León que tendrá en cuenta su extensión geográfica, a Extremadura y Asturias que compensará sus bajos niveles de renta y a Cataluña que reducirá su esfuerzo fiscal. Y todo ello en el contexto de una crisis que se ha traducido en una caída drástica de la recaudación de impuestos EXPANSIÓN. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que las nuevas previsiones económicas presentadas por el Gobierno el pasado viernes revelan que será necesario acometer una subida "sustancial" de impuestos para cuadrar las cuentas públicas EL PAÍS. La política económica del Gobierno se enfrenta a dos decisiones cruciales para la resolución de la crisis financiera y la recesión. En primer lugar, antes de que termine este mes deberá presentar el Plan de Rescate Financiero destinado a reforzar o intervenir las entidades amenazadas de insolvencia o desaparición. Editorial. El Mundo ZAPATERO ENFADA A TODAS LAS COMUNIDADES LA FINANCIACIÓN autonómica se ha convertido en el principal problema político de Zapatero, que tiene que afrontar el difícil reto de buscar una fórmula que satisfaga a la gran mayoría de las comunidades sin disparar todavía más el abultado déficit público. Zapatero prometió ayer a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, que esta comunidad será «la que más inversión reciba del Estado en los próximos años». Sus palabras suenan a compensación de la promesa efectuada anteayer a un irritado Josep Montilla en Barcelona, al que dijo que el nuevo modelo de financiación «colmará las necesidades de Cataluña». Zapatero precisó que la financiación per cápita que va a recibir esta comunidad será superior a la de la media nacional de las demás comunidades. Cataluña es una de las comunidades más ricas de España, por lo que resulta difícilmente comprensible que vaya a recibir una financiación por habitante superior a la media. Esta filosofía es rechazada no sólo por Griñán sino por los presidentes de otras autonomías como Extremadura, que se consideran perjudicadas. El asunto se complica todavía mucho más por el hecho de que el Gobierno propuso ayer en el Consejo de Política Económica y Fiscal que las comunidades limiten el año que viene sus déficit al 2% de su presupuesto. Las comunidades gobernadas por el PP se oponen a aceptar este límite presupuestario con el lógico argumento de que no pueden comprometerse a objetivos previos sin saber de qué financiación van a disponer el año que viene. El Gobierno ha prometido que va a aumentar en 9.000 millones de euros en 2010 los recursos de las comunidades autónomas, pero todavía no ha concretado su reparto. Madrid, Valencia y Murcia sostienen que esa cifra es insuficiente, no aceptan ser discriminadas respecto a Cataluña y piden al Ejecutivo que busque un acuerdo aceptable para todas las comunidades, que garantice la igualdad de la prestación de servicios. El pacto es muy complicado porque parece imposible reducir las aportaciones de las regiones más ricas y a la vez aumentar la financiación de las más pobres, como pretende Zapatero. La única manera de cuadrar el círculo sería incrementar los recursos que transfiere el Estado en una cantidad muy superior a esos 9.000 millones de euros comprometidos, lo que contribuiría a disparar el déficit público, que este año ascenderá al 9,5% sobre el PIB. Zapatero ha prometido a Galicia que reconocerá su dispersión territorial, a Canarias y Baleares que primará su insularidad, a Andalucía que favorecerá su elevada población, a Castilla y León que tendrá en cuenta su extensión geográfica, a Extremadura y Asturias que compensará sus bajos niveles de renta y a Cataluña que reducirá su esfuerzo fiscal. Y todo ello en el contexto de una crisis que se ha traducido en una caída drástica de la recaudación de impuestos. El deterioro de las cuentas públicas ha provocado que el Gobierno haya incumplido los plazos para resolver este asunto, que en estos momentos se presenta más complicado que nunca. Zapatero aseguró a Montilla que llegará a un acuerdo con Cataluña en 15 días, sugiriendo que tiene guardado un conejo en su chistera. Veremos como el Gobierno sale de este atolladero en el que se ha metido por pura frivolidad. Zapatero ha lanzado unos mensajes equívocos y se ha comprometido a una financiación que no puede cumplir si quiere que el déficit no se dispare. Al día de hoy, tiene a todas las comunidades enfadadas y sin perspectivas razonables de poder satisfacer sus aspiraciones. EL MUNDO. 18-6-2009 Reportaje. Expansión LOS INSPECTORES DE HACIENDA PREVÉN MÁS SUBIDAS DE IMPUESTOS La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que las nuevas previsiones económicas presentadas por el Gobierno el pasado viernes revelan que será necesario acometer una subida "sustancial" de impuestos para cuadrar las cuentas públicas. Según los inspectores de Hacienda, será necesario llevar a cabo una subida de impuestos de, al menos, 15.000 millones de euros, el 1,4% PIB, para poder cuadrar las cuentas presentadas por el Gobierno. Si este porcentaje se concentrara en el IRPF, explican que supondría más de un 20% de la recaudación actual de este tributo. (…) consideran que si el Gobierno no hace un "esfuerzo colosal" por invertir el fraude fiscal, no le va a quedar otra opción de política económica que aumentar, "más de lo que ya lo ha hecho", los impuestos especiales e incrementar las retenciones de las nóminas, donde el fraude es "considerablemente inferior". En opinión de los inspectores, este incremento "casi irremediable" en los impuestos indirectos y del IRPF no sólo sería "sumamente injusto", sino que podría ser también "completamente insuficiente para afrontar el terrible desequilibrio presupuestario actual". La organización recuerda que ni la medida anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de limitar a partir de 2011 la deducción por inversión en vivienda habitual, que podría suponer un ahorro para las arcas públicas superior a 4.000 millones de euros, ni limitar la deducción de 400 euros a las rentas más bajas (ahora el coste es de 6.000 millones), sería suficiente para acometer este desfase. (…) ayer mismo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que este año no se acometerán nuevas subidas de impuestos. Sin embargo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha afirmado en varias ocasiones que los Presupuestos de 2010 acometerán cambios en algunas figuras tributarias. El nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo contempla un déficit público del 9,5% este año, que se reducirá, según las estimaciones oficiales, hasta el 7,9% en 2010 y al 5,2% en 2011, lo que exigirá o bien llevar a cabo un importante recorte de gastos o bien incrementar la recaudación, dado que la economía no volverá a terreno positivo hasta 2011. Con este panorama, los inspectores de Hacienda afirman que, a pesar de que las nuevas previsiones suponen un "baño de realismo económico", el Gobierno debería explicar "con claridad y detalle el nivel de sacrificio que se va a pedir a los españoles". Para 2010, una reducción de 1,6 puntos en el déficit (del 9,5% previsto este año al 7,9% en 2010) supondría alrededor de 17.000 millones de euros. Sin embargo, añaden, la reducción del gasto público contemplada en el techo de gasto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros ascendía a cerca de 9.000 millones de euros. En consecuencia, "se fía" otros 8.000 millones de euros al incremento de la recaudación de impuestos. Así las cosas, los inspectores señalan que con una caída del PIB prevista del 0,3% en 2010, cabría esperar una reducción de la recaudación, no un aumento. Además, recuerdan que el incremento de paro supondrá menores cotizaciones a la Seguridad Social y menor recaudación por IRPF, debido a que el desempleo ya ha alcanzado a personas de renta media que sí pagan este impuesto. Asimismo, en 2009 se pagará el Impuesto de Sociedades con cargo a los beneficios de 2008, que ha sido "el peor año que se recuerda" en cuanto a beneficios empresariales, según la organización de inspectores de Hacienda. En la misma línea, estiman que se registrará una caída del consumo y no habrá inflación, con lo que el comportamiento del IVA, tampoco será positivo. En consecuencia, concluyen que la recaudación impositiva será inferior en 7.000 u 8.000 millones de euros a la del año en curso. Por todo ello, los inspectores de Hacienda del Estado echan en falta una referencia al "imprescindible esfuerzo" que se debería hacer en la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. En este último año y medio, señalan que la recaudación fiscal ha disminuido a un ritmo "muy superior" a cualquier otra variable y esta disminución se ha concentrado en impuestos como el IVA y, especialmente, en el Impuesto de Sociedades, sobre el que existe una menor percepción de control. En este sentido, advierten de que en época de crisis y dificultades de financiación, lo primero que se deja de pagar son las deudas con Hacienda, bien solicitando aplazamientos, como ha ocurrido en los últimos meses, bien defraudando a Hacienda y a la Seguridad Social, como también ha sucedido. La Organización de Inspectores viene denunciado reiteradamente la "escasez" de medios materiales y humanos para luchar contra el fraude fiscal, la necesidad de modificaciones legislativas que eviten o dificulten el fraude y la creación de unidades especializadas en la persecución de estructuras fiscales complejas y en la utilización abusiva de paraísos fiscales, así como la creación de una policía fiscal. EXPANSIÓN. 18-6-2009 Editorial. El País FISCALIDAD GRADUAL La política económica del Gobierno se enfrenta a dos decisiones cruciales para la resolución de la crisis financiera y la recesión. En primer lugar, antes de que termine este mes deberá presentar el Plan de Rescate Financiero destinado a reforzar o intervenir las entidades amenazadas de insolvencia o desaparición. Mientras ese plan no surta efecto no se podrá asegurar que "lo peor de la crisis ha pasado", como afirmó ayer en el Congreso Rodríguez Zapatero, ansioso de buenas noticias. No basta con que la caída de la actividad toque fondo si continúa creciendo el paro y hay que sufragar costes sociales crecientes. Justo por eso, el Gobierno tiene que concretar antes de septiembre su nueva política fiscal, para frenar el incontenible aumento del déficit de las administraciones públicas hasta casi el 10% del PIB en 2009, que ha forzado al Gobierno a subir los impuestos sobre los combustibles y el tabaco. El cambio de política fiscal está en marcha. Terminó la era de la proclama "bajar de impuestos es de izquierdas" anunciada por el presidente del Gobierno a comienzos de su primera legislatura. Las cuantiosas inversiones para estimular la demanda y el empleo están plenamente justificadas -salvo el disparatado regalo universal de los 400 euros-, pero la persistencia sin límite de los déficit públicos puede llevar a una situación insostenible de las finanzas públicas. También está justificada la nueva política de subidas tributarias, por más que el Partido Popular se empeñe en conciliar lo inconciliable, como es predicar en favor de una reducción constante de los impuestos como cebo electoral y quejarse a la vez por la "disminución del Estado". El tránsito hacia una política de subidas moderadas de impuestos exige algunas condiciones que el Gobierno está obligado a cumplir. La más elemental es que sea selectiva y, en la medida de lo posible, progresiva, es decir, afecte a las rentas más elevadas. No es tan fácil de cumplir como puede parecer porque el impuesto sobre la renta (IRPF) es hoy únicamente un gravamen sobre las rentas medias. Sólo un 3% de los contribuyentes declaran rentas superiores a los 60.000 euros anuales. La renta media declarada de los asalariados es de 18.000 euros al año mientras que la de los empresarios apenas rebasa los 12.000 euros. Mucho tendrá que afinar la vicepresidenta Salgado con la tributación directa si pretende obtener más ingresos gravando las rentas más altas. Hay margen de subida en los impuestos indirectos, algunos, como el de los carburantes, más bajos que la media europea. Hay que aceptar que ese margen no será suficiente para cicatrizar por sí solo la herida del déficit. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, recordó en el informe anual del supervisor, que "las expectativas sobre futuras subidas de impuestos pueden acabar esterilizando los efectos expansivos de las medidas adoptadas". Tiene razón y estaría bien que, en caso de producirse, se modularan las subidas tributarias de forma que no supongan una retirada brusca de renta disponible para la inversión y el consumo. No es tan evidente la urgencia de la reforma laboral. El gobernador la considera como "imprescindible", pero lo más probable hoy es que la única reforma imprescindible e ineludible para superar la recesión es el saneamiento de los balances de bancos y cajas. Sin crédito no hay recuperación y sólo el aumento de la actividad generará puestos de trabajo. La reforma del mercado de trabajo es necesaria, sin duda alguna, porque el mercado asimétrico formado de protegidos fijos por un lado y asalariados precarios por otro perjudica las posibilidades de crecimiento estable. Pero la urgencia de articular la nueva contratación laboral está un poco por detrás del rescate financiero. EL PAÍS. 18-6-2009