Zapatero ante el precipicio

«Para empezar, debe sacar adelante la Reforma Laboral, tramitada en el tramo final del pasado periodo de sesiones. El Ejecutivo abordará a continuación la anunciada Reforma de las Pensiones que va a alargar la vida laboral de los españoles hasta los 67 años. La cuenta es sencilla: dos años menos de prestaciones y otros tantos más de cotización. Sin solución de continuidad, el Gobierno debe buscar apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con los que quiere dar ejemplo de austeridad tras haber hurgado en el bolsillo de los ciudadanos»

Le esera una huelga general el próximo 29 de septiembre, que formalizará la ruptura del idilio que mantenía con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO), aunque no parece que vaya a tener problemas para sacarla adelante con el apoyo fundamental de CiU. Con reforma o sin ella, el paro sigue creciendo, y la última Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado 30 de julio sitúa la tasa de desempleo en el 20,09%. (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- El guión anunciado dictaba que el Consejo de Ministros aprobaría ayer la segunda prórroga de la ayuda de 426 euros durante seis meses para los parados que agotaran la prestación o el subsidio. Y se cumplió, pero con una modificación no prevista. En esta ocasión, el programa temporal de protección por desempleo e inserción -nombre oficial- deja fuera a los parados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares. En números, 70.000 beneficiarios menos que podrán acogerse a la ayuda y 100 millones menos en la factura que tendrá que pagar el Ministerio de Trabajo. Opinión. El Confidencial Zapatero ante el precipicio Daniel Fonseca El presidente Zapatero ha inaugurado al tran tran el nuevo curso político con un primer consejo de ministros extraordinario tras las vacaciones de verano. Un curso que se lo puede llevar por delante si no gestiona con acierto los problemas que se acumulan en su mesa de trabajo. Para empezar, debe sacar adelante la Reforma Laboral, tramitada con alevosía y nocturnidad en el tramo final del pasado periodo de sesiones, que ha colmado la paciencia de los sindicatos y los empresarios consideran insuficiente. Le espera una huelga general el próximo 29 de septiembre, que formalizará la ruptura del idilio que mantenía con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO), aunque no parece que vaya a tener problemas para sacarla adelante con el apoyo fundamental de CiU. Con reforma o sin ella, el paro sigue creciendo, y la última Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado 30 de julio sitúa la tasa de desempleo en el 20,09%, lo que ha obligado a prorrogar por tercera vez consecutiva la ayuda de 426 euros durante seis meses a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo. Sin prisas, pero sin pausa, el Ejecutivo abordará a continuación la anunciada Reforma de las Pensiones que, grosso modo, va a alargar la vida laboral de los españoles hasta los 67 años. La cuenta es sencilla: dos años menos de prestaciones y otros tantos más de cotización. Menos gasto y más ingresos a costa de las espaldas de los trabajadores. ¿Convocarán los sindicatos otra huelga general? La papeleta de los Presupuestos Generales del Estado Sin solución de continuidad, el Gobierno debe buscar apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con los que quiere dar ejemplo de austeridad tras haber hurgado en el bolsillo de los ciudadanos (subida del IVA, rebaja salarial de los funcionarios, retirada de ayudas a la natalidad, y el globo sonda de la subida de impuestos). Política social, vamos. El presidente tiene aquí más difícil hacer valer la “geometría variable” que tan buenos resultados le ha dado hasta ahora, con pactos a derecha e izquierda que han permitido al Gobierno sacar adelante prácticamente todos sus proyectos legislativos. Ayer con el PP, hoy con IU, ERC y BNG, y mañana con PNV o CiU. Pragmatismo político. PP y CiU anunciaron antes de las vacaciones que no van a apoyar las cuentas –excluyo del debate a los partidos minoritarios, que por sí solos no pueden tumbarlos-, y el PNV mantiene la ambigüedad que le caracteriza. No es previsible que el PP cambie de opinión (su política es que al Gobierno, ni agua), y CiU tiene en el horizonte las elecciones autonómicas del próximo octubre. Los convergentes han sido la fuerza mayoritaria en las dos últimas convocatorias electorales, pero la alianza de los socialistas con ICV y ERC les ha condenado a una travesía en el desierto de la oposición que dura ya siete años. Anunciar su apoyo al Gobierno en este momento le costaría una sangría de votos, de manera que, como el PP, también ni agua. Tras las autonómicas catalanas será el momento de plantearse una nueva estrategia política, según el mapa político resultante, que puede abrir la puerta a nuevos pactos. Si CiU es la fuerza más votada, como es previsible, el PSOE podría ceder a Artur Mas la presidencia de la Generalitat a cambio del apoyo de los convergentes a los presupuestos. Puede ser, pero los socialistas catalanes no están por la labor de hacerse el haraquiri, y menos aún tras los enfrentamientos con Madrid por la sentencia del Estatut, que declaró inconstitucionales 14 preceptos y sometió otros 27 a interpretación jurídica. El president José Montilla pretende recuperar íntegramente su contenido con un pacto político con Zapatero. Artur Mas no está dispuesto a pasar cuatro años más en la oposición, porque erosionaría definitivamente su liderazgo, y si el PSOE no le da lo que quiere no hay que descartar una alianza con el PP. La política hace extraños compañeros de cama y, pese al culebrón de cuatro años que ha sido la tramitación del recurso de inconstitucionalidad del Estatut presentado por el PP (impugnó 126 artículos de la norma), Mariano Rajoy y Mas pueden hacer de la necesidad virtud. El líder del PP está convencido de que si todo sigue como está, o sea, mal, ganará las elecciones del 2012 sin necesidad de grandes alardes, y tal vez entonces necesite el apoyo del nacionalismo catalán o del vasco, a los que lleva años denostando por “romper” España. Ya saben, lo que no mata, engorda. Tú gobiernas en Cataluña con mi apoyo, y yo en el Estado con el tuyo. La alternancia política que tanto se ensalza, siempre que me toque a mí el turno. El PNV, aliado imprescindible Descartados pues, salvo sorpresa, PP y CiU, Zapatero necesita al PNV para sacar adelante los presupuestos. Si no lo consigue podría prorrogar los de este año, pero no parece de recibo en la actual situación de crisis. El presidente se vería obligado a dar por finalizada la legislatura y convocar elecciones anticipadas. Con el PNV tiene un problema pendiente serio: que le mandó a la oposición en el País Vasco hace año y medio pese a que los peneuvistas fueron, con diferencia, el partido más votado (5 escaños más que los socialistas). Un vuelco que vino de la mano de un pacto con el PP, enemigo acérrimo durante el frustrado proceso de paz, que mantiene a Patxi López en Ajuria Enea atado de pies y manos. Íñigo Urkullu, presidente del PNV, tendría muy complicado explicar a su militancia el apoyo a Zapatero en Madrid, salvo que pueda justificarlo con contrapartidas para Euskadi. Una, la transferencia de competencias pendientes, que podría capitalizar como un logro frente a un Ejecutivo incapaz; y dos, y más importante, lograr el compromiso de Zapatero de que la alianza PSE-PP no se extenderá a los ayuntamientos y diputaciones tras las municipares y forales de la próxima primavera, como ambos partidos pretenden. Si el presidente accede a las exigencias del PNV, Patxi López, que no termina de afianzar su liderazgo en la sociedad vasca, quedaría a los pies de los caballos. ¿Cómo justificar que le hagan la agenda política desde Madrid? Difícil, difícil. ¿Cómo respondería el PP, que aún no ha recibido contrapartidas a su apoyo y lleva tiempo reclamando la diputación de Álava? Complicado, complicado. Si el presidente consigue salvar los muebles y sacar adelante los presupuestos se encontrará en la primavera con las municipales y autonómicas, un primer test para valorar con datos reales, y no sólo con encuestas, el efecto electoral que tiene su gestión de la crisis. La papeleta es también para Mariano Rajoy, que sabe que si ni en las actuales circunstancias es capaz de derrotar a Zapatero no faltarán voces en el PP que cuestionen su liderazgo para las generales de 2012. La unidad funciona en la victoria, no en la derrota. Zapatero tiene que sofocar también el incendio interno que ha provocado Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, al negarse a retirar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid para cederle el paso a Trinidad Jiménez, la elegida del presidente. El conflicto que se ha generado es tal que los aspirantes llevan semanas tirándose los trastos a la cabeza –con educación, eso sí- cuando ni siquiera ha comenzado el plazo de presentación de candidaturas (del 1 al 22 de septiembre). El pulso se dirimirá en las primarias del próximo 3 de octubre. Si Gómez vence a Trinidad será una derrota de Zapatero, que sólo podría “lavar” la afrenta con una debacle electoral del líder del PSM en las autonómicas. Sus detractores podrían entonar aquello de “con Trinidad no hubiera pasado”. Si la elegida por los militantes es Trinidad, el presidente se verá obligado a hacer una remodelación de Gobierno, como mínimo en Sanidad, y, tal vez, remozar su gabinete para el último tramo de la legislatura. ¿Qué va a hacer ETA? ETA, aparentemente al margen de la actualidad política por su prolongada inactividad, puede también complicar aún más el escenario en el corto y medio plazo. El Gobierno maneja la hipótesis, apuntada por sus servicios de información aunque no reconocida oficialmente, de que la banda anunciará un “alto el fuego” a finales del mes de septiembre, tal vez coincidiendo con la celebración del Gudari Eguna (el día del soldado vasco). ETA se comprometió hace ya 5 meses a responder a la Declaración de Bruselas, impulsada por cuatro premios Nobel y veinte líderes internacionales en la resolución de conflictos, que reclama el fin de la violencia para dar paso a la política, y que cuenta con el apoyo de la izquierda abertzale. Aún no lo ha hecho. La ausencia de una “campaña de verano”, habitual cada año, es una señal en la buena dirección, aunque con ETA nada es seguro. El rebrote de la kale borroka (lucha callejera) en las últimas semanas genera preocupación, aunque Batasuna se ha desmarcado y reprochado los incidentes. El presidente Zapatero, el lendakari Patxi López, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, llevan meses curándose en salud y restando relevancia a una hipotética tregua, que consideran ya insuficiente tras la ruptura en diciembre de 2006 del “alto el fuego permanente” decretado por ETA en marzo del año anterior. El Gobierno exige ahora el cese definitivo de la violencia, a partir del cual estaría dispuesto a abordar medidas de reinserción. Este es el guión, y no es previsible que se vaya a salir de él, ni aunque finalmente se confirmara la tregua. Bastante tiene con la crisis económica como para darle al PP otra baza electoral. Visto de otra manera, lo que en un principio es una patata caliente puede convertirse en una oportunidad si ETA y la izquierda abertzale siguen dando pasos de manera unilateral, al margen de lo que haga el Gobierno. Zapatero no podría entonces mirar para otro lado de manera indefinida y, por responsabilidad, estaría obligado a explorar la nueva situación. Y el final de ETA sí que sería una victoria, tal vez suficiente para superar cuatro años de errores y desafecto ciudadano. La baraka del presidente. EL CONFIDENCIAL. 21-8-2010 Economía. El País El Gobierno endurece los requisitos para beneficiarse de los 420 euros Manuel V. Gómez El guión anunciado dictaba que el Consejo de Ministros aprobaría ayer la segunda prórroga de la ayuda de 426 euros durante seis meses para los parados que agotaran la prestación o el subsidio. Y se cumplió, pero con una modificación no prevista. En esta ocasión, el programa temporal de protección por desempleo e inserción -nombre oficial- deja fuera a los parados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares. En números, 70.000 beneficiarios menos que podrán acogerse a la ayuda y 100 millones menos en la factura que tendrá que pagar el Ministerio de Trabajo. "No se trata de un subsidio de 426 euros para parados. El objetivo es la inserción laboral", declaró el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre todo el programa. Para asentar esta afirmación, el político catalán puso cifras sobre la mesa. En el año que lleva en vigor, se han beneficiado de la ayuda unas 615.000 personas, de las que 189.000 encontraron empleo. Sobre el cambio en concreto, apuntó que lo que hacía el Ejecutivo era seguir una resolución que el Congreso aprobó en el último debate sobre el estado de la nación. Pero lo cierto es que la citada resolución, la 32 específicamente, solo insta al Ejecutivo a prorrogar por segunda vez la ayuda (el programa entra en la tercera etapa) y a "atender especialmente a los parados de larga duración [los que llevan más de un año sin trabajo], mayores de 45 años y menores de 30". Hasta ayer, para poder recibir la ayuda había que cumplir tres requisitos: haber consumido la prestación o el subsidio por desempleo, firmar el compromiso de actividad (que acarrea la obligación de atender los itinerarios de inserción que marquen las oficinas de empleo) y no tener unas rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (633,3 euros al mes). El Consejo de Ministros añadió un cuarto requisito que excluye a los parados sin cargas familiares de entre 30 y 45 años a partir del 15 de agosto. Esto quiere decir que quedan fuera quienes no cumplan los requisitos exigidos desde el pasado domingo. Según los cálculos de Trabajo, 219.242 parados se podrán beneficiar de la ayuda en esta ocasión, lo que costará unos 420 millones. De no haberse endurecido las condiciones, fuentes gubernamentales apuntan que habría que sumar unos 70.000 beneficiarios y 100 millones más a la factura final. Para los sindicatos, a los que el cambio cogió por sorpresa, lo aprobado ayer es una vuelta de tuerca más en la política social del Gobierno. "Ya dijimos en julio que nos parecía insuficiente el colectivo al que beneficiaba antes", explica Paloma López, responsable de Empleo de CC OO, "se sigue haciendo política antisocial". Desde UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, lee algo más: "Aquí lo que subyace son las intenciones del Gobierno de restringir las prestaciones por desempleo. Además, se protege a menos personas". A las críticas se sumó el diputado de ICV, Joan Herrera, que calificó de "vergüenza" la restricción de la ayuda. Los sindicatos mayoritarios creen que las intenciones del Ejecutivo han cambiado en los últimos días. La propuesta que ellos conocían, de finales de julio, no contemplaba el endurecimiento de las condiciones. Ferrer apunta en una dirección: "Esto llega desde el Ministerio de Economía". Con esta frase, señala al departamento al que culpan los sindicatos del giro de la política del Gobierno y del recorte de gasto social. Además de este cambio, Corbacho anunció que en septiembre y octubre Trabajo elaborará un estudio para mejorar "la relación entre políticas activas y pasivas". Esta expresión es el eufemismo al que recurren los políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, para hablar de aumentar el control sobre los parados y la correspondiente sanción. "En el caso de que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del servicio público de empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho, quien recordó que esa posibilidad ya está contemplada en la regulación actual. Pero para llegar a esa sanción ya contemplada en la ley actual, se deben ofrecer cursos, itinerarios de inserción y puestos de trabajo a los parados por los servicios públicos. En definitiva, hacen falta recursos y ofertas de empleo, algo de lo que no andan sobrados. Así, mientras las oficinas de empleo españolas tienen un funcionario por cada 189 parados, en Europa la relación es de uno por cada 50. El discurso de Corbacho ahonda en la línea que ya apunta la reforma laboral que insta al Gobierno a reformar el sistema de prestaciones para vincular más las políticas activas (itinerarios y formación) con las pasivas (prestaciones) cuando mejore el mercado laboral. Y, por las palabras de Corbacho ayer, parece que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra: "Empiezan a verse los primeros síntomas de salida de la crisis". EL PAÍS. 21-8-2010