El FMI “apremia a los países a ajustar cuentas”, planteando que “los recortes de gasto funcionan mejor para reducir deuda”. Mientras que el ministro alemán de finanzas afirma que “la crisis del euro demostró que los recortes duros son necesarios”.

Washington y Berlín han decretado el fin de las facilidades al endeudamiento de los Estados aprobada para hacer frente a la pandemia. Y ya están preparando una nueva vuelta de tuerca al atraco. Que ya tiene fecha fijada: se aplicará a partir de 2024… gane quien gane el 23-J.

Una amenaza que, como ha sucedido otras veces, se traducirá en nuevos recortes, y afectará a nuestras vidas, pero que sorprendentemente apenas es mencionada por los grandes medios y no ocupa espacio en el debate político.

A partir de 2020, la Comisión Europea o el FMI “abrieron la mano”, permitiendo cosas que antes estaban prohibidas. No era una “renuncia a la austeridad”, sino una concesión obligada por las circunstancias

Los confinamientos impuestos por la pandemia exigían enormes inversiones que evitaran un derrumbe. Y para proteger a bancos y monopolios, se cargó esa factura sobre los Estados.

Para ello se eliminó temporalmente los límites al aumento del déficit, mientras el BCE compraba masivamente deuda de los Estados, y se aprobaban unos “fondos europeos” que proporcionaran liquidez.

Y cuando tras la invasión rusa de Ucrania se dispararon la inflación o los precios de la energía, se permitió tomar medidas como la “excepción ibérica”. Incluso gobiernos como el de Draghi en Italia o Johnson en Reino Unido, aprobaban impuestos a los “beneficios extraordinarios” de eléctricas o petroleras.

Ahora los tiempos han cambiado. Se acabaron las concesiones.

La Comisión Europea ha impuesto el retorno, a partir de 2024, de las “reglas fiscales”, suspendidas desde 2020, que obligan a draconianos ritmos de reducción de la deuda y el déficit… que siempre se traducen en nuevos recortes.

Los Estados de la UE tendrán que situar su deuda pública por debajo del 60% del PIB, y el déficit anual de las cuentas públicas no deberá superar el 3% del PIB.

Una “cura de adelgazamiento” para unos Estados hiperendeudados tras la pandemia, especialmente España, que exigirá nuevos recortes.

Y que impondrá una mayor “supervisión” de la UE, a través de nuevos “hombres de negro”.

El ritmo se está todavía negociando, pero va a suponer para España un ajuste de 6.000 millones anuales, en la opción más suave, y de 13.600 millones en la más dura, la que exige Alemania.

La Comisión Europea exige además que se retiren todas las ayudas aprobadas por los Estados para mitigar los efectos de la pandemia o la inflación. En España significaría la “defunción” del “escudo social”.

Bruselas ya está “apretando las tuercas” a través del BCE.

Por un lado con una frenética carrera de subidas de los tipos de interés, para multiplicar un expolio financiero donde las ganancias de los bancos se incrementan a golpe de subidas en las cuotas de las hipotecas o los préstamos. A pesar de que muchos economistas están advirtiendo que esta “camisa de fuerza” puede gripar toda la economía europea.

Una “senda de los recortes” impuesta desde el exterior, a través de los dictados del FMI o la Comisión Europea.

Y además, el BCE está reduciendo la compra de deuda pública de los Estados, un mecanismo que ha contenido el pago de intereses. Ahora, alimentados por la subida de los tipos, van a dispararse, sustrayendo dinero de sanidad o pensiones para entregárselo a los fondos y bancos propietarios de la deuda.

Las previsiones apuntan a que pagaremos cada año entre 14.600 y 26.000 millones más en intereses de la deuda, que cobrarán los bancos y fondos, en su mayoría extranjeros, que ostentan su propiedad.

Una “senda de los recortes” impuesta desde el exterior, a través de los dictados del FMI o la Comisión Europea.Ocultada a la sociedad, aunque ya está fijada. Que evidentemente aplicaría un gobierno de PP y Vox… pero que ha sido negociada y aceptada por el actual gobierno “de izquierdas”.

Esta es la cuestión nodular que va a determinar nuestras vidas. Y que está sorprendentemente casi desaparecida del debate político.

Enfrentar la nueva oleada de recortes que nos preparan, impulsando una política de Redistribución de la Riqueza, es una necesidad cada vez mas urgente.

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Bruselas considera “insostenible” el gasto en sanidad español

Alerta roja: la sanidad en el punto de mira

En los últimos días una noticia, de una enorme gravedad, se ha publicado ocupando apenas una pequeña referencia en muy pocos medios.

La Comisión Europea, en su último Informa País 2023, “advierte” a España que, a causa del envejecimiento de la población, el gasto sanitario público será “insostenible” y será necesario recortarlo.

Cuando aún sentimos los efectos de la pandemia, ya están empezando a poner en el punto de mira la sanidad.

Ya está sucediendo. En los “Programas de Estabilidad”, que el gobierno está obligado a enviar a Bruselas y negociar con la Comisión Europea no solo no se contempla un refuerzo de la sanidad pública, sino que se impone una reducción hasta 2026 del porcentaje del PIB invertido en sanidad, educación y protección social.

En sanidad se pasará del 7,5% del PIB al 6,9%. En educación se reducirá desde el 4,9% del PIB al 4,5%. Y en protección social del 22,1% del PIB al 19%.

Ampliando la brecha que nos sitúa por debajo la media europea en gasto social -a pesar de ser el cuarto país más rico-, y condenándonos a una sanidad y educación por debajo de nuestras posibilidades.

Somos la cuarta economía europea pero el gasto público en sanidad está 1 punto por debajo de la media europea. Deberíamos invertir 13.500 millones más cada año para igualarlo.

Si ahora el déficit de inversión degrada la sanidad pública, afectado a millones de pacientes, ¿qué sucederá si esos recursos se jibarizan?

Nuestro gasto público en sanidad está 1 punto por debajo de la media europea. Deberíamos invertir 13.500 millones más cada año para igualarlo. Pero la Comisión Europea exige recortarlo

Lo mismo sucede en ciencia y cultura. Nuestra inversión en ciencia está por debajo del límite del 2% del PIB, y es menos de la mitad del porcentaje alemán. Y la parte del PIB invertida en cultura es hoy menor que la de 2008.

Y cabe recordar que la Comisión Europea impuso en la reforma de las pensiones recientemente aprobada una cláusula que obligaba a una “revisión” de las cuentas cada tres años, para certificar su “sostenibilidad”… aplicando recortes si el gasto es “excesivo”.

La nueva “senda de los recortes” que imponen el FMI y la Comisión Europea apunta a terrenos sensibles, como la sanidad o las pensiones.