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La sentencia final de la Audiencia Nacional sobre el caso del Yak-42 centra hoy la atención de la prensa nacional. La condena de los tres altos mandos militares bajo la dirección directa del entonces ministro de Defensa Federico Trillo, pone a éste en el disparadero. Hay coincidencia casi unánime -excepto en ABC, que prefiere rehuir el tema en sus editoriales de hoy- en que tanto Trillo como el PP deberían tomar medidas de responsabilidad política acordes con la sentencia.
En Estrella Digital, el ex-director de ABC José Antonio Zarzalejos afirma que la sentencia no deja bien arado a Trillo y liga este hecho con la declaración como imputados del presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana por el caso Gürtel. La reacción de los populares en ambos casos están llevando al PP, según Zarzalejos, al precipicio de nos ser una alternativa política creíble, a pesar incluso de los “perfiles caricaturescos” que a su juicio está adquiriendo el gobierno Zapatero. El País, por su parte, no pierde la oportunidad que le brinda la sentencia para tirar por elevación, admitiendo que si bien la sentencia ha hecho justicia con los familiares de las víctimas, el tribunal debería haber llevado sus pesquisas hacia el problema de por qué los acusados –y ahora condenados– actuaron cómo lo hicieron. Si siguieron órdenes superiores, es decir, del ministro de Defensa y, en última instancia de Aznar, o lo hicieron de motu proprio. Exigencia que parece lógica, pero que no se entiende por qué se negaron reiteradamente a exigirla también en otros famosos casos de juicios políticos, como por ejemplo el de los fondos reservados o el GAL Expansión, por su parte, apunta en otra dirección para cuestionar la propuesta hecha por Zapatero en el pasado debate sobre el estado de la nación para impulsar un cambio en el modelo productivo. Algo que, dice, no “se puede lograr de la noche a la mañana, como quien cambia de camisa, sólo con revisar las legislaciones oportunas y algunos gestos para la galería”. Opinión. Estrella Digital ¿Y SI PIDIERAN PERDÓN? José Antonio Zarzalejos Otro día negro para el PP. Porque la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al general Vicente Navarro a tres años de prisión, por falsificación en documento oficial en la identificación de 30 de 62 cadáveres en el accidente del Yak-42, concierne al partido de Rajoy porque el delito se perpetró bajo el mandato en el Ministerio de Defensa de Federico Trillo. Ni éste ni el Gobierno de Aznar de entonces incurrieron en responsabilidad penal; pero sí en la política, que es la que depura la opinión publicada y la pública y que suele descargar su veredicto sobre las urnas. Trillo puede "acatar pero no compartir" la sentencia, pero no le deja bien parado y él lo sabe, como lo sabía ayer toda la organización popular, que hubo de digerir otro plato indigesto: su secretario general en la Comunidad Valenciana declaró como imputado por un delito de cohecho y seguidamente, por el mismo tipo penal, lo hará Francisco Camps. ¿Cómo se pueden manejar estos asuntos para que no deterioren a los populares? Con gestos y comportamientos que la sociedad interprete como coherentes con la dignidad política. Y así, Federico Trillo, en vez de encastillarse en una postura hermética, ¿no podría declarar que lamenta la mala gestión de la identificación y repatriación de los cadáveres de nuestros soldados?, ¿no podría el ex ministro de Defensa asumir la responsabilidad política -la culpa in vigilando- que como titular del Ministerio le incumbía? En otras palabras: ¿no se merecen los ciudadanos que, por una vez, se pidan disculpas por el comportamiento que ha llevado a la condena criminal de un general, y a dos oficiales más como cómplices de aquél? Mientras Ricardo Costa -y el propio Camps- se enrocan en un lenguaje críptico, ¿no podrían demostrar la inocencia que proclaman mediante pruebas que lleven al ánimo de la opinión pública la seguridad de su comportamiento ortodoxo?, ¿es imposible que, caso de no disponer de esas pruebas y de haber aceptado esos u otros regalos, lo digan y nieguen la existencia de cohecho, lo cual por cierto, sería perfectamente compatible?, ¿nadie en el PP se ha planteado que estos episodios -y en general tanto la trama ‘Gürtel’ como los presuntos espionajes- le llevan a un precipicio cuando más necesaria es la oposición en España? Porque, siendo cierto -ciertísimo- que el Gobierno de Rodríguez Zapatero adquiere día a día perfiles caricaturescos, ¿está siendo percibido el PP como una alternativa creíble? La respuesta es, desgraciadamente, negativa. En Gran Bretaña se está produciendo un episodio no delictivo pero sí de paupérrima moralidad política: los cobros abusivos de miembros de la Cámara de los Comunes, cuyo speaker ya ha dimitido. Allí, el premier ha pedido perdón y ya hay una cadena de disculpas y ceses. ¿Por qué en España no se puede reaccionar igual? Quizá porque aquí seguimos bajo el despotismo pedestre de una clase dirigente mediocre -¡que espectáculo circense en el Congreso de los Diputados con pactos cruzados e ininteligibles!- a la que el electorado va a castigar con el desprecio de su abstención el 7-J, porque si el Gobierno no hizo acto de contrición tras el famoso "proceso de paz" con ETA o la negativa a admitir la crisis económica, ahora el PP tampoco se aviene a reconocer sus carencias y excesos. Ni uno, ni otro. Muchos ciudadanos pensarán -y será muy lógico que así lo hagan- que no votar puede ser, a la inversa, tan democrático como hacerlo. Y, a la postre, más eficaz. De alguna forma esta situación tiene que entrar en catarsis. ESTRELLA DIGITAL. 20-5-2009 Editorial. El País. YAK-42: JUSTICIA A MEDIAS La falsa identificación de 30 de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yak-42, el 26 de mayo de 2003, cuando se aprestaba a aterrizar en la base turca de Trabzon, procedente de Afganistán, no fue error, sino un acto intencionado, perpetrado a sabiendas. La Audiencia Nacional ni siquiera ha entrado a deliberar si se trató de una mera imprudencia: todas las pruebas le han llevado a considerar el hecho como un delito de falsedad en documento oficial realizado de modo consciente y con conocimiento de causa, es decir, con dolo. Las consecuencias son importantes. Agrava la conducta de los acusados haciéndola merecedora de penas de prisión: tres años para el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, y año y medio para el comandante y el capitán médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz. En el caso del general Navarro, y a expensas de posibles recursos, la pena de tres años supone su ingreso en prisión. No obstante, el fallo de la Audiencia se queda en la mitad de las penas de cinco y seis años, respectivamente, solicitadas para este acusado por el fiscal y las acusaciones en representación de las familias de las víctimas. El tribunal argumenta por qué: la falsa identificación de los 30 cadáveres responde "a una sola decisión delictiva, a una sola voluntad criminal". No cabe, pues, hablar de un delito continuado. Y en lo que respecta a los otros dos acusados, la omisión de determinados datos en los informes de necropsia que realizaron coadyuvó a "la acción falsaria de Navarro", pero no constituyó delito por sí misma. El tribunal describe con detalle la conducta dolosa de Navarro, su voluntad de faltar a la verdad. Pero nada dice sobre por qué actuó así, salvo la explicación del propio Navarro de que su misión era repatriar los cadáveres. Desconocer todo sobre esa misión, si existió o no, y si respondió, de existir, a órdenes superiores, directas o inducidas, constituye una grave laguna procesal que, de no corregirse, seguirá proyectando zonas de sombra sobre la tragedia del Yak-42. Quizás para curarse en salud, el tribunal se cuida de delimitar el objeto de su veredicto, negando que pueda extenderse "a valoraciones ajenas al objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna". Pero es difícil admitir que indagar sobre la existencia y naturaleza de la misión que parece haber condicionado la conducta del principal acusado sea tarea ajena al tribunal, bien directamente, bien por deducción de testimonio. Las familias de las víctimas tienen motivos para estar satisfechas. Sobre todo, tras los iniciales obstáculos de la propia justicia, reacia a actuar, y la escasa atención inicial de la opinión pública a su lucha por la exigencia de responsabilidades. La impunidad no ha prevalecido, pero queda pendiente saber por qué los acusados actuaron como lo hicieron. EL PAÍS. 20-5-2009 Editorial. Expansión ¿QUÉ CAMBIO, QUÉ MODELO? El presidente Zapatero ha encontrado en su repentino afán por cambiar el modelo económico una coartada para refrescar su discurso en plena recesión y retomar la iniciativa política en vísperas de las elecciones europeas. Hizo alarde de ello durante el debate sobre el estado de la nación y ahora asegura que en las próximas semanas prevé cerrar un gran acuerdo con empresarios y sindicatos para promover un nuevo modelo de crecimiento. ¿Acaso el cambio de modelo al que aspiran los empresarios se parece en algo al que persiguen los sindicatos? El presidente plantea la pretendida transformación desde la ahora denostada economía del ladrillo a un patrón de crecimiento de marcado perfil tecnológico como algo que se puede lograr de la noche a la mañana, como quien cambia de camisa, sólo con revisar las legislaciones oportunas y algunos gestos para la galería. Lástima que el presidente no haya advertido mucho antes la necesidad de un cambio de modelo. Hace apenas un año el presidente se jactaba de que la economía española estaba en la Champions League, de que habíamos superado a Italia y de que pronto alcanzaríamos a Francia; entonces, los principales motores de la economía eran la construcción y el consumo, algo que no parecía incomodarle. Es cierto que el patrón de crecimiento español necesita una transformación para adaptarse a las exigencias de la economía global, pero sería un error pensar que se logrará gracias al intervencionismo de diseño del presidente –“Menos ladrillos, más ordenadores”–, según el cual unos cuantos funcionarios pueden planificar los sectores con futuro de la economía. Ni la supresión de la desgravación por compra de vivienda, ni las ayudas para comprar automóviles, ni siquiera regalar ordenadores a los escolares tienen que ver con el cambio de modelo. Es cierto que la economía española requiere de más conocimiento, innovación y tecnología, y los esfuerzos inversores en esa dirección son necesarios. Pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para ganar productividad y competitividad. Ése es el auténtico cambio que debe emprender España, y en esto la responsabilidad del Gobierno reside en facilitar el camino a la iniciativa privada y que las empresas puedan reducir sus costes, procurando buenas infraestructuras, un marco fiscal atractivo, una enseñanza de calidad, un marco laboral adecuado, una administración eficiente y una justicia eficaz. Todo esto no se logra de un día para otro con retórica partidista y medidas efectistas; requiere de ambiciosas reformas que, por ahora, ni están ni se las espera. EXPANSIÓN. 19-5-2009