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Veamos si lo he entendido bien. Un empleado del banco británico HSBC, filtró -o robó y vendió según otras fuentes- al gobierno francés un listado de miles de personas con cuentas fiscalmente opacas en Suiza. Entre las cuales se encuentran unas 3.000 cuentas a nombre de personas físicas o jurídicas españolas, por un valor superior, se dice, a 10.000 millones de euros, que la Hacienda francesa remitió a las autoridades tributarias de España.
De acuerdo a distintas fuentes, en el listado hay numerosos y conocidos nombres de olíticos, empresarios y financieros españoles. El ministerio de Economía español, al recibir la información, envió una carta a cada uno de los implicados, notificándoles que Hacienda está al corriente de sus cuentas en Suiza, e invitándoles amablemente a que regularicen su situación fiscal antes del 30 de junio, puesto que ese día se cumplen cinco años, y por tanto prescriben, las irregularidades cometidas en el primero de los ejercicios sobre los que se dispone de información, 2005. Dando por bueno que la suma total de lo defraudado sea de 10.000 millones de euros –lo que parece una cantidad escasa, pues daría una media de algo más de tres millones de euros por cuenta, demasiado poco para tanto riesgo–, estaríamos hablando de un fraude fiscal por encima de los 4.500 millones de euros. Es decir, lo mismo que el gobierno ha ahorrado con la rebaja del sueldo de los funcionarios y casi 3 veces más de lo que supondrá la congelación de las pensiones. Las varas de medir La aparición de este listado de grandes fortunas dedicadas a la evasión y el fraude fiscal pone sobre el tapete diferentes cuestiones. En primer lugar, las diferentes varas de medir que el Estado aplica según sea la condición social del deudor a Hacienda. Si es usted un trabajador, un autónomo, un pequeño o mediano empresario que ha cometido una infracción de tráfico en la carretera, no ha hecho bien su declaración de la renta o no ha procedido a la liquidación del IVA, rápidamente Hacienda se abalanzará, sin perdón, a embargarle cuentas y propiedades hasta saldar la deuda con las multas, recargos e intereses correspondientes. Pero si es usted un famoso y acaudalado político, empresario o financiero que evade decenas o cientos de millones a Suiza, entonces recibirá una amable carta rogándole que regularice cuanto antes su situación. ¿Acaso no han cometido un doble delito (evasión de capitales y fraude a Hacienda)? ¿Entonces por qué en lugar de ser perseguidos y encausados por la justicia, el gobierno crea un espacio de impunidad para ellos? Pero en segundo lugar, la aparición del listado en este momento, suscita varios interrogantes: ¿es casualidad que justo en el momento en que los gobiernos europeos se lanzan a una auténtica cruzada para reducir el déficit fiscal aparezcan estos listados? ¿Nos quieren hacer creer que los gobiernos no conocen la magnitud de este tipo de fraude fiscal y a sus autores? Monopolios y paraísos fiscales Según un reciente estudio elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 69% de las empresas que componen el selectivo índice español Ibex 35 está presente en alguno, o en varios, de los múltiples paraísos fiscales que existen en el mundo. ¿Para que quieren monopolios y multinacionales españolas poseer empresas radicadas en paraísos fiscales? La respuesta puede intuirse rápidamente si tenemos en cuenta que el 60% del comercio mundial se realiza actualmente entre las corporaciones globales y sus filiales. Y una de las prácticas más repetidas de estas multinacionales es que sus diferentes filiales vendan bienes o servicios a otras filiales a precios manipulados. No hace todavía demasiado tiempo que una auditoría externa realizada sobre la factoría de Ford en Valencia descubrió que, frente a las pérdidas declaradas por la filial Ford España ese año –gracias a lo cual le fueron autorizados diversos ERE´s con cargo a los contribuyentes–, lo que en realidad había ocurrido es que había comprado a la filial de Ford en Italia activos con un valor real de 5 millones de euro, pero por los que había pagado más de 300. Con un simple movimiento contable, Ford había sacado ilegalmente de España 295 millones de euros, y además había conseguido que el gobierno español le financiará los costes de la reducción de la producción y la plantilla que necesitaba para ajustarse a la demanda del mercado. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los paraísos fiscales hay depositados entre 5 y 7 billones de dólares, lo que viene a ser entre tres veces y media y cinco veces el Producto Interior Bruto de España. Más del 50% de todas las transacciones financieras que se realizan cada día en el mundo tienen como origen o destino una empresa radicada en un paraíso fiscal. Ni la evasión a los paraísos fiscales, ni las estrategias que la gran banca mundial y las multinacionales utilizan para defraudar, serían posibles sin la colaboración activa de los gobiernos que conocen sobradamente y consienten estos fraudes. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) es un organismo privado encargado de establecer las normas que rigen la elaboración y presentación pública de las cuentas financieras de las empresas. Más de 100 gobiernos de todo el mundo (incluyendo la mayoría de los europeos) transforman sus recomendaciones en las leyes que regularán las actividades financieras en su país. Pero resulta que la mayoría de los componentes de la junta directiva del Consejo son ex-directivos de las mayores empresas de consultoría financiera del mundo, las norteamericanas Pricewaterhouse & Coopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Estas mismas cuatro grandes consultoras son también las que financian al Consejo a través de una fundación registrada en Delaware, estado norteamericano que es uno de los primeros paraísos fiscales del mundo, por lo que es el lugar donde tienen su sede las principales empresas de Estados Unidos: Wal-Mart, General Motors, Ford, Boeing, Citigroup, Coca-Cola… ¿Cuántas decenas de miles de millones no defraudan cada año bancos, multinacionales y grandes fortunas? ¿Cuánto superávit fiscal tendría el Estado español, no ya aplicando la necesaria reforma fiscal progresiva, sino simplemente persiguiendo a sus grandes defraudadores fiscales? ¿Por qué en lugar de esta intolerable permisividad no existe una ley penalizando y sancionando fuertemente a todos aquellos, personas, empresas y bancos, que evaden sus fortunas a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos? ¿No es acaso un delito contra el bien público? ¿No es una estafa que afecta directamente a los servicios e inversiones que el Estado puede hacer en educación, sanidad, infraestructuras, pensiones o servicios y prestaciones sociales? Por una reforma fiscal progresiva Para salir de la crisis, acabar con el paro y cambiar nuestro modelo productivo y de crecimiento, España necesita una profunda transformación de su sistema fiscal, una reforma fiscal progresiva guiada por el principio de que tribute más quién más tiene. Necesitamos un sistema impositivo sobre la renta personal en una escala del 0 al 9. En la que se potencie el ahorro de las rentas más bajas con un 0% de impuestos y se penalice fiscalmente, hasta con un 90% de impuestos, a las grandes fortunas especuladoras e improductivas. ¿Cómo es posible que la carga principal de los impuestos recaiga en España sobre las rentas del trabajo? Que un trabajador español con un sueldo de 2.000 euros mensuales tenga que tributar a Hacienda cerca de un 15% de sus ingresos, mientras las grandes fortunas del país pagan un 1% de los beneficios que obtienen en sus multimillonarios fondos de inversión especulativa es una burla para todos. Cambio del sistema tributario en la renta personal que debe ir acompañado por un nuevo impuesto de sociedades, en una escala del 0 al 90% también, donde paguen más quienes más beneficios obtienen de acuerdo a su capital. Resulta sangrante que un 1,9% de grandes empresas en España, que se distribuyen el 58,6% de las ganancias empresariales anuales, tributen un 20% menos que el millón y medio largo de pequeñas y medianas empresas que deben contentarse con repartirse el 41,4% de las ganancias restantes. Sólo con que a los bancos y monopolios del IBEX-35 se les aplicara el doble de impuestos sobre beneficios que se le aplica a las pequeñas y medianas empresas –puesto que duplican los beneficios obtenidos por ellas–, y que al resto de bancos de tamaño medio y al conjunto de empresas calificadas como “grandes” por Hacienda, se les aplicara la misma carga fiscal que a las PYMES, el Estado recaudaría 66.630 millones de euros más cada año. Lo que permitiría congelar o reducir a un 5% los impuestos a las empresas en dificultades y aún sobrarían miles de millones para crear nuevos empleos productivos o atender y mejorar los gastos sociales. Nuevo impuesto de sociedades sometido también a una escala de 10 niveles de desgravación, de acuerdo con el grado de reinversión productiva de los beneficios para crear nueva riqueza social. No es justo, ni bueno para la economía del país, que paguen los mismos impuestos aquellos empresarios que destinan sus beneficios exclusivamente al lucro y el enriquecimiento personal que aquellos que destinan parte de esos beneficios a la reinversión productiva. La economía española necesita urgentemente una agresiva política fiscal que potencie extraordinariamente la inversión productiva sin aumentar el endeudamiento público, particularmente y sobre cualquier otra la destinada a desarrollar el sector industrial. La industria constituye el eje vertebrador del desarrollo económico de cualquier país. Potenciar la inversión industrial, y todo el arsenal de I+D+i que se necesita para ello, es potenciar un crecimiento sólido de la economía nacional. El impuesto de sociedades debe estar sujeto, en consecuencia, a una escala de desgravaciones directamente proporcional al grado de reinversión de los beneficios en la actividad productiva: maquinaria, nueva tecnología, ampliación y mejoras de las instalaciones, innovaciones, ampliación y diversificación de los mercados, aumento en la cualificación y especialización de la mano de obra… De tal modo que, por ejemplo, reinvertir 2/3 de los beneficios en mejorar la productividad signifique inmediatamente una desgravación de 2/3 en el impuesto de sociedades. Quien más beneficios dedique a crear nueva riqueza social y nuevos puestos de trabajo productivos, más desgravación en el impuesto de sociedades. Ni estímulo ni desgravación para quien no reinvierta beneficios en la mejora, ampliación o modernización del tejido productivo. Con una reforma fiscal de este tipo, el déficit fiscal se transformaría rápidamente en superávit y la deuda pública dejaría inmediatamente de ser el dogal con el que pretenden rebajarnos un 25% los salarios.